El papel de dos frentes de las disidencias Farc en ola de violencia que sufre Ecuador

Ecuador y Colombia comparten frontera por los departamentos de Putumayo y Nariño, regiones en las que hay presencia de cultivos de uso ilegal que suman 107.780 hectáreas sembradas con matas de coca, lo que convierte esas zonas en el principal eje de producción de cocaína: allí está el 47 por ciento de los narcocultivos del país.

Se estima que allí se procesan anualmente cerca de 850 toneladas de cocaína de alta pureza, a lo que se suma que hay una topografía caracterizada por amplias áreas selváticas, ríos, manglares y una conexión privilegiada con el océano Pacífico.

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En Ecuador están identificadas zonas de las provincias de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, que por estar en línea con el Pacífico, se han convertido en centros de acopio de la droga producida en Colombia. Ese punto geográfico entre las dos naciones es la “principal plataforma del tráfico regional de cocaína”, según se lee en un informe de agencias de seguridad de nuestro país al que tuvo EL TIEMPO.

En el documento, se indica que la oferta de cocaína ha sido acaparada por los carteles mexicanos de ‘Sinaloa’, cuyo jefe es Ismael Mario Zambada, ‘el Mayo’, uno de los narcos más buscados en el mundo, y ‘Jalisco Nueva Generación’, a cargo de Nemesio Rubén Oseguera, ‘el Mencho’, de quien se tiene dudas de que esté vivo desde diciembre pasado. “Estos carteles sistemáticamente han creado autopistas del tráfico, canales fluviales y puertos de salida para extraer la cocaína hacia el Pacífico con destino a Centroamérica, México, Estados Unidos y Europa”, dice el informe.

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En las zonas de producción, el kilo de cocaína está costando entre 5 y 7 millones de pesos, ese mismo kilo al pasar a Ecuador incrementa su valor a entre 7.000 y 10.000 dólares y al llegar a Centroamérica asciende a los 20.000 dólares. En las calles de Nueva York ese kilo se cotiza entre 30.000 y 35.000 dólares.

La ganancia, que sobrepasa el 700 %, “es lo que ha venido fortaleciendo sociedades criminales entre narcotraficantes, grupos armados colombianos, estructuras delincuenciales de Ecuador y emisarios de los sanguinarios carteles mexicanos, en función de articular andamiajes que permitan acceder a la materia prima y transportarla hacia puertos internacionales a través de Ecuador”, señala el informe.

La zona de frontera, antes de la pandemia, era controlada por Walter Patricio Arizala ‘Guacho’, ecuatoriano que hizo parte de las Farc y que en 2016 creó el frente ‘Oliver Sinisterra’, y poco a poco consolidó la red más grande para el tráfico de cocaína entre Colombia y Ecuador.

Tras varios actos terroristas, en especial en Ecuador, incluido el asesinato de tres periodistas ecuatorianos, ‘Guacho’ murió en una operación de la Fuerza Pública en diciembre de 2018 y su frente en vez de atomizarse se fortaleció y hoy está bajo el control de ‘Gringo’, quien cuenta con unos 115 hombres en armas y 44 en redes de apoyo, que de hecho es aliado de la ‘Segunda Marquetalia’, la de ‘Iván Márquez’.

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El ‘Gringo’ es socio de ‘los Tiguerones’, red ecuatoriana al mando de Elbi Rolando Zúñiga, que mueve droga para ‘Jalisco Nueva Generación’ y fue capturado en diciembre de 2023, por tercera vez en Ecuador. De élse sabe poco, pero, según autoridades, nació en Tumaco y tiene 30 años.

En el documento se indica que estas dos redes cubren el corredor comprendido por el río Mataje en la frontera y la población de San Lorenzo en Esmeraldas (Ecuador). Otro de los capos es ‘Óscar’, jefe de las disidencias que se hacen llamar frente ‘Urías Rendón’, con unos 37 integrantes, grupo aliado del ‘Estado Mayor Central’, de ‘Iván Mordisco’, y que delinque en sociedad con ‘los Choneros’, la red criminal más grande en Ecuador, que trafica la cocaína para el cartel de ‘Sinaloa’.

“Necesariamente los carteles mexicanos, grupos armados y narcotraficantes colombianos han tenido que fortalecer sus vínculos y apadrinar estructuras delincuenciales ecuatorianas, brindándoles entrenamiento, armas y dinero para conformar estructuras que garantizaran el paso y estadía segura de los cargamentos de estupefacientes por Ecuador”, afirman las autoridades.

El entramado criminal es tan complejo que se ha logrado establecer, por ejemplo, que el capturado Wilder Emilio Sánchez, alias Gato Farfán, quien era el máximo cabecilla del cartel ‘Nueva Generación Ecuador’, filial de ‘Jalisco Nueva Generación’, tenía nexos con redes de narcos del Eje Cafetero, Antioquia, Valle, Nariño y Cauca. Al tiempo hacía negocios con los ‘Comandos de Frontera’, perteneciente a la ‘Segunda Marquetalia’ en Putumayo, y con el frente de Guerra Suroccidental del Eln en Nariño, “para garantizar la disponibilidad de estupefacientes y la seguridad de las rutas”.

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En esta organización tenían presencia además las redes criminales ecuatorianas ‘los Lobos’, ‘los Pipos’, ‘los Chone Killers’ y ‘Tiguerones’, para disputar territorios y rutas marítimas de droga contra ‘los Choneros’.

El año pasado, Colombia recibió 10 solicitudes de connacionales presos en Ecuador que usando la figura de la repatriación pretendían regresar al país y terminar de pagar sus penas en cárceles nacionales. Luego de analizar cada situación particular se aprobaron siete de ellas.

Ese traslado, que corresponde en todo caso a situaciones individuales y no masivas, se viene aplicando entre Colombia y Ecuador gracias al Convenio sobre Tránsito de Personas, Vehículos, Embarcaciones Fluviales y Marítimas y Aeronaves, vigente desde abril de 1990. Ese sería el mecanismo que, de acuerdo con el Gobierno Nacional, se podría usar para el traslado de más presos en Ecuador, siempre y cuando los mismos internos estén de acuerdo con su regreso a Colombia y así lo soliciten. Sin embargo, en un escenario como el que ha planteado el presidente de Ecuador Daniel Noboa, quien ha hablado de una expulsión masiva de alrededor de 1.500 colombianos, ese procedimiento formal no se podría aplicar.

La Cancillería de Colombia señaló que una expulsión masiva “constituiría una decisión unilateral del Estado ecuatoriano que dejaría sin efectos las decisiones judiciales de sus órganos de justicia en Colombia”. Y en ese sentido el ministro de Justicia, Néstor Osuna Patiño, expuso que si los colombianos llegan a la frontera y a su ingreso al país se establece que no tienen órdenes de captura vigentes en Colombia, lo que correspondería es dejarlos seguir libres sin hacer efectiva su detención.

El Estado ya trabaja en un plan de choque con Migración Colombia para poder atender una eventual llegada masiva de colombianos desde Ecuador, y con la Policía Nacional se avanza en coordinaciones para acceder rápidamente a registros judiciales en el país con el fin de verificar quienes pueden tener deudas pendientes con la justicia colombiana.

Como parte del proceso se pide el concepto del Inpec sobre la disponibilidad de cupos, para lo que en todo caso hay una dificultad si se tiene en cuenta que el país tiene un hacinamiento del 24, 5 por ciento.

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Fuentes oficiales señalaron que siguen en o con el Gobierno de Ecuador para activar mejor el protocolo para la repatriación, el cual tardaría meses en caso de una solicitud masiva de internos, pues individualmente se debe verificar que cumplan con requisitos como que hayan cumplido al menos la mitad de la pena, que tengan más de 65 años de edad o que padezcan una enfermedad grave.

Alicia Liliana Méndez

Redacción Justicia

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