Por emergencia humanitaria en Chocó, Defensor pide intervención urgente

Desde Quibdó, Chocó, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, advirtió de la difícil situación humanitaria que enfrenta el departamento, ya que por cuenta de enfrentamientos entre grupos armados ilegales, este año más de 27.000 personas han quedado confinadas y casi 6.000 han tenido que desplazarse forzosamente.

“La población chocoana está sufriendo una emergencia humanitaria a la que debemos darle prioridad desde el Estado, dado el incremento de las vulneraciones a los derechos humanos por cuenta del accionar de los grupos armados ilegales, que se disputan el control de los territorios para el desarrollo de actividades criminales”, afirmó Camargo.

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Además de los problemas sociales históricos, la Defensoría advirtió que tras la firma del acuerdo de paz, y la salida de los combatientes de las Farc del territorio, en Chocó comenzó una intensa expansión, reacomodamiento y disputa por parte de los grupos armados ilegales.

“Las dinámicas del conflicto armado, que históricamente han permeado las zonas rurales, se han trasladado a los escenarios urbanos, como el caso de Quibdó, en donde el Eln amenaza con la consolidación de un frente urbano, a través de alianzas, la cooptación y la instrumentalización de bandas delincuenciales locales, para hacerle frente al grupo armado ilegal Agc (también conocido como 'clan del Golfo')”, dijo el Defensor.

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En el departamento, indica la Defensoría, los principales grupos armados que hacen presencia son el Eln y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o 'clan del Golfo', sin embargo, también se ha reportado la presencia de estructuras armadas locales como 'los Chacales', en Bahía Solano; y 'los Colombianos' y 'los Mexicanos', en Quibdó, en contextos urbanos donde la violencia se ha exacerbado.

Para la entidad, una de las principales causas de violencia en Chocó es la disputa de territorios colectivos, de alto interés estratégico para los actores ilegales que quieren el control en las cinco subregiones del departamento.

Como consecuencia de la confrontación de esos grupos armados, hasta el 13 de septiembre de este año la Defensoría tenía un reporte de 94 eventos masivos de confinamiento que han afectado a 27.701 personas de 6.641 familias, pertenecientes a 81 comunidades indígenas y 13 afrodescencientes.

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Hasta esa fecha también se habían registrado 18 eventos de desplazamiento forzado, 11 en comunidades indígenas y 7 en afrodescendientes, ocurridos en nueve municipios: Bagadó, Bahía Solano, Alto Baudó, Nuquí, Bojayá, Carmen de Atrato, Bajo Baudó, Medio San Juan y Litoral de San Juan. En total, en este lapso, tuvieron que dejar sus territorios 5.943 personas, de 2.311 familias. Además, se ha verificado el desplazamiento intraurbano de 209 personas en 2021.

“Además de los desplazamientos, confinamientos y combates, fueron asesinados 15 ciudadanos en proceso de reintegración luego de la firma de paz, 7 de ellos en Quibdó. El año pasado asesinaron a 16 líderes sociales y este año a 4”, añadió el defensor del Pueblo.

Las principales conductas vulneratorias sobre líderes sociales, autoridades étnicas y personas defensoras de derechos humanos se relacionan con amenazas, homicidios, desplazamiento forzado, confinamiento, extorsiones, desaparición forzada, restricción a la movilidad, violencia sexual, despojo de tierras, entre otras.

“Por todo esto, seguimos insistiendo en que se deben adoptar acciones concretas, oportunas y efectivas, enfocadas a la disuasión del riesgo advertido, acciones de prevención, protección y garantías de no repetición, acciones dirigidas a la protección de niños, niñas y adolescentes y prevención de riesgos de violaciones a sus derechos, así como el fortalecimiento de capacidades locales para mitigar los riesgos advertidos”, concluyó Camargo.

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