El operativo en la costa Caribe que dejó la captura de varios funcionarios: el Presidente hizo referencia al caso

“He sostenido que buena parte de la criminalidad tiene soporte en el mismo estado. Aquí hemos capturado con la policía nacional, toda una red dedicada al volteo de tierras en Barranquilla, la mayoría de los capturados son funcionarios públicos ligados a la clase política regional”. Con ese mensaje en la red social X, el presidente de la República, Gustavo Petro, hizo mención de un operativo relacionado con el robo de tierras en esa zona del país.

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Es así como la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, con el apoyo de la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) y en coordinación con la Fiscalía 8 Delegada contra la Corrupción  ejecutaron en las últimas horas, una operación en los municipios de Barranquilla, Soledad, Malambo, Santo Tomás (Atlántico) y Cereté (Córdoba), que dejó como resultado la captura de 17 personas y la realización de seis allanamientos.

Según las autoridades, los delitos imputados a los capturados incluyen peculado por apropiación, prevaricato, cohecho, asociación para la comisión de delitos contra la istración pública, urbanización ilegal y estafa agravada.

Estos fueron identificados como: Luis Martínez, tramitador, Rafael Bossio, abogado, Iván Páez, Registrador de Soledad, Ismael Cárcamo, agente corruptor, José Pacheco, calificador de Instrumentos Públicos de Soledad, Roque Lugo, testigo falso.

También están: Marlon Mora, inspector de Policía, Alex Ahumada, abogado, Francisco Mejía, notario de Santo Tomás, David De Castro, exregistrador de Soledad, Andrés Díaz, jurídico de la Alcaldía de Soledad, José Márquez, abogado, Neissy Cantillo, exinspector de Policía de Soledad, Inés Salas, agente corruptor, Wilmar Machuca, poseedor irregular, José Peñaloza, poseedor irregular y Juan Manuel Ucrós Ucrós, quien hasta hace poco, fue registrador de Instrumentos Públicos del municipio de Soledad (Atlántico). De hecho, en la resolución No. 13865 del 22 de noviembre de 2022 fue nombrado “en provisionalidad” como Registrador Seccional.

Este último Ucrós Ucrós también fue excandidato a la Alcaldía de Soledad (Atlántico) por el partido de la Colombia Humana, y hasta figura en fotos al lado del presidente Gustavo Petro.

La operación forma parte de una estrategia nacional para enfrentar estructuras que afectan la función pública y la legalidad en la gestión de tierras.

Los funcionarios habrían facilitado las acciones ilícitas a través de la omisión de sus funciones de control y verificación.

“Este contundente resultado policial, coordinado con la Fiscalía General de la Nación, responde a nuestro lineamiento de lucha frontal contra la corrupción”, dijo el director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana.

De acuerdo con la investigación, el grupo señalado se dedicaba a legalizar predios de forma irregular, omitiendo el análisis jurídico de documentos presentados por particulares. Con esta estrategia lograban aparentar legalidad para tomar posesión de terrenos, que luego eran comercializados a través de engaños.

Las autoridades indicaron que cerca de 277.000 metros cuadrados fueron afectados con este esquema. Los terrenos fueron adquiridos de manera fraudulenta, parcelados y vendidos a familias, al tiempo que se comprometieron proyectos urbanísticos y zonas de uso público que estaban destinadas a la construcción de colegios, centros infantiles y parques.

Más de 1.800 familias residentes en las zonas implicadas habrían sido impactadas por esta situación. Como parte del proceso judicial, se adelantarán 16 nuevas imputaciones relacionadas con los mismos hechos, lo que elevaría a 33 el total de personas vinculadas formalmente a esta investigación.

Entre los predios afectados figura un terreno destinado a la construcción de un megacolegio, el cual fue desviado a manos de particulares y comercializado de forma ilegal en lotes con un valor aproximado de 50 millones de pesos cada uno.

De acuerdo con la Policía, la investigación se adelantó desde 4 líneas investigativas, a partir de la identificación de su modus operandi, mediante la omisión de la revisión y estudio jurídico de diferentes documentos, los cuales eran presentados para dar apariencia de legalidad y así posesionarse de terrenos que posteriormente eran comercializados mediante engaño a terceras personas. 

Los registradores de Instrumentos Públicos, permitía el registro de predios y otorgaba matrículas inmobiliarias y el reloteo de las mismas; asimismo el desbloqueo de resoluciones de predios de dudosa posesión.

Por su parte, los Notarios permitían la protolización de escrituras públicas para la posterior venta de predios obtenidos de manera irregular, sin las revisiones previas de pago de impuestos y/o verificación de registros catastrales o matrículas inmobiliarias.

Mientras que el Calificador de instrumentos públicos, como revisor jurídico de la oficina de instrumentos públicos, omitía sus funciones de verificación, documentos cumplan con la legalidad para inscribirse en el registro (registros catastrales, pago de impuestos, entre otros).

La labor de los Inspectores de Policía, era emitir amparos policivos a favor de los usurpadores o agentes corruptores solicitantes de querellas policivas con el fin de apropiarse irregularmente de los terrenos.

Redacción Justicia