Colombia afronta crisis de seguridad con Ejército débil, paz total en jaque y sin Mindefensa

La salida irrevocable del ministro de Defensa, Iván Velásquez, en medio de la sangrienta escalada de Eln en el Catatumbo –crisis de violencia que generó la suspensión de la mesa– y el estallido de otros conflictos entre grupos armados por el control del territorio, todo esto con unas Fuerzas Militares diezmadas por múltiples factores, tiene el país en una crítica situación de orden público.

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A esto se suma que la política de ‘paz total’, que pretendía ser una solución integral al conflicto armado, va dando tumbos y flaquea ante los vacíos jurídicos, la ausencia de metodología y la falta de líneas rojas para los grupos armados con los que se negocia. Muestra de la crisis que atraviesa la política insignia de la istración de Gustavo Petro es la detención de Geovany Andrés Rojas, alias Araña, jefe de los ‘Comandos de la Frontera’ y delegado de la ‘Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano’.

La aprehensión del cabecilla del principal actor de las economías ilícitas en el Putumayo, en un operativo adelantado por el CTI tras un requerimiento de la Corte del Distrito Sur de California (Estados Unidos) por cargos relacionados con narcotráfico, abre un fisura y prácticamente sentencia esta negociación, cuyo mayor avance había sido la firma de un acuerdo parcial para sustituir 2.000 cultivos de coca en un departamento que tiene cerca de 50.000.

“Seguramente la continuidad de la mesa dependerá de lo que suceda con ‘Araña’. Es evidente que hay una sistemática falta de coordinación interinstitucional que sigue afectando la implementación de la paz total, esta situación se ha presentado desde el inicio del Gobierno”, señaló el profesor e investigador de la Universidad del Norte, Luis Fernando Trejos, quien agrega que esta situación condiciona el futuro de las cinco mesas que están activas –Comuneros del Sur, disidencias de Calarcá, Buenaventura, Quibdó y Medellín–.

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Analistas sostienen que, en todo caso, esta situación solo evidencia un problema recurrente en la política de paz: la falta de límites claros para de las organizaciones armadas, situación que ha mutado en un aumento de la violencia y en que sus cabecillas sigan delinquiendo sin oposición.

Este momento crítico, en el que se requiere redoblar esfuerzos tanto en el ámbito de la negociación como en la recuperación de la autoridad en áreas que han estado bajo el dominio de grupos armados ilegales, se enfrenta, por ahora, sin un liderazgo claro en el Ministerio de Defensa.

Sin embargo, no hay que olvidar que durante la gestión de Velásquez, diversos factores como la salida de altos mandos militares, así como la reducción de capacidades operativas y de inteligencia, han sido señalados como otros determinantes en el fortalecimiento de los grupos armados ilegales.

Mientras que expertos en seguridad afirman que Velásquez no logró consolidarse “como un interlocutor clave” ante el presidente Gustavo Petro, lo que afectó el respaldo a la cúpula militar en el marco de la política de ‘paz total’.

Hoy Colombia, según informes de inteligencia, tiene al menos cinco zonas que son vistas como una olla de presión (sur de Bolívar, Sierra Nevada de Santa Marta, Arauca, Cauca y zonas de Putumayo), sin contar las áreas en donde ya se presentan una crisis humanitaria a razón de la violencia (Catatumbo y Chocó).

Lo anterior se registra en momentos en los que se produce el sorpresivo relevo de la dirección de la Policía, de donde salió el general William René Salamanca, y de otros cinco oficiales de la institución, en medio del enorme ruido por la corrupción en la institución atribuida al poderoso ‘zar del contrabando’, Diego Marín.

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Sin embargo, la situación de orden público podría entenderse al hacer una mirada retrospectiva sobre el comportamiento del crecimiento y expansión de los grupos armados y el análisis de la estrategia de seguridad implementada en distintos momentos.

Cifras de la Fuerza Pública revelan que desde la aparición de las disidencias entre 2016-2017, fue a partir de 2020 cuando comenzaron a tener una expansión sostenida, algo que el actual gobierno no ha pedido frenar y, por el contrario, la curva de crecimiento ha sido más fuerte.

En el caso del Eln, desde 2017, precisamente luego de la salida de las Farc de muchas zonas, se inicia un proceso de crecimiento desde 2018 que se ha estabilizado en el promedio de 6.000 hombres; sin embargo, quizás lo más evidente es el crecimiento del ‘clan del Golfo’, que desde 2018 hasta 2024 ha crecido un 100 %, en número de integrantes y expansión territorial.

Gerson Arias, miembro del grupo de investigación de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), señala que, sin dudas, el tema del ‘clan del Golfo’ ha sido “el más crítico”. “Desde el inicio del gobierno de Iván Duque hasta 2024, este grupo armado ha duplicado su capacidad armada (que hoy oscila entre 7.500 a 9.000 personas en armas y redes de apoyo), y tanto el gobierno Duque como el de Petro no han podido detener esta consolidación territorial de este actor en armas”, dijo.

Esta expansión ha venido acompañada del crecimiento del reclutamiento de menores y de la cualificación de su gobernanza criminal y su portafolio de rentas ilícitas.

De hecho, este es uno de los grupos que pide pista en la política de paz, pese a no tener estatus político. Además, al igual que sucede con las bandas que negocian con el Gobierno en Medellín, Quibdó y Buenaventura, actualmente no hay un marco jurídico para su sometimiento, lo que genera serias dudas sobre el verdadero alcance de una eventual negociación.

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El experto también señala que la actual crisis se debe a una “desarticulación y el poco diálogo” entre la estrategia de seguridad y la política de paz, cuyo origen “está en los errores” de diseño y método del gobierno Petro en materia de ‘paz total’ ”, pero también “en la herencia de politización de la Fuerza Pública que irresponsablemente alentó el gobierno Duque”.

Aunque otros expertos aseguran que la actual crisis no puede verse solo en la expansión de los grupos, sino en el poder y capacidad de gobernanza armada, factores que no se pueden medir por el número de personas armadas, milicias o frentes guerrilleros, “sino por su grado de control territorial y su capacidad de diseñar y sostener una operación armada como la que tiene hoy en Catatumbo”.

Otra mirada tiene Marta Lucía Ramírez, exministra de Defensa, quien manifestó que la actual crisis “es el resultado de la irresponsabilidad e improvisación del gobierno” al no diseñar una estrategia de seguridad y defensa que permitiera fortalecer la presencia del Estado a la vez que el Gobierno estaba hablando de paz.

“Se debilitó la capacidad del Estado para ejercer autoridad, dejaron a las Fuerzas Armadas sin dirección clara ni el apoyo presupuestal logístico y político requerido y se permitió deliberadamente que los grupos armados ilegales expandieran su control territorial reduciendo la capacidad operacional o casi que maniatando a la Fuerza Pública”, dijo Ramírez y añadió. “La seguridad requiere coordinación interinstitucional, presencia del Estado más allá del ámbito militar y un respaldo claro a quienes están gobernando en el territorio y combatiendo el crimen para proteger a la ciudadanía”.

Como solución a la crisis, el experto en seguridad Henry Cancelado señala que una de las salidas, a corto plazo, es darles capacidades a las Fuerzas Militares para que hagan su trabajo. “Mientras haya comandantes, generales, almirantes, y comandantes, vamos a tener mando, y de ahí para abajo, toda la cadena es muy profesional y está organizada. Ha quedado demostrado que cuando les dan capacidades e instrucciones o desde lo político, funcionan bastante bien”, dijo.

JESÚS BLANQUICET Y CAMILO A. CASTILLO
Redacción Justicia Política