La millonaria renta que percibieron las redes criminales por el paso de migrantes irregulares por el Darién en 2024

“Disfruta, conoce y vive la experiencia”. Ese es uno de los mensajes que una empresa dedicada al transporte marítimo de pasajeros y de cabotaje en Turbo, Antioquia, publicaba en redes sociales hasta hace pocos días. Esta compañía, que operaba como una reconocida agencia de turismo, ofrecía servicios de traslado a los municipios de Acandí y Capurganá por un valor que no superaba los 60.000 pesos por persona.

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Desde el 2021, y recién superado el aislamiento por la pandemia del covid-19, dicha empresa fue perfilada por la Fuerza Pública por un fenómeno humanitario que se comenzó a identificar en la zona del Darién, la selva fronteriza que une a Colombia con Panamá, por los miles de migrantes irregulares que cruzaron por dicho paso en procura de una ruta por Centroamérica hacia el ‘sueño americano’. 

La empresa turística en la lupa de autoridades desde esa época y que prometía experiencias paradisíacas en los territorios del Chocó y de Antioquia, precisamente fue desmantelada esta semana por sus nexos con uno de los grupos criminales que ejercen el control en la zona y que le cobran a cada migrante por dejarlos cruzar el tapón del Darién.

La Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), la Policía y la Fiscalía anunciaron el pasado jueves 16 de enero la captura de Darwin García Pérez, alias Maradona, hermano del alcalde de Acandí, Chocó, Luis Martínez Pérez. ‘Maradona’, identificado así por un tatuaje del astro argentino, fue señalado de delinquir en todo el Urabá antioqueño y chocoano con los cargos de tráfico irregular de migrantes y concierto para delinquir.

“La captura supone un gran golpe para el inicio del desmantelamiento de organizaciones de ese tipo en esa zona del país”, dijo uno de los agentes que participó en el operativo. La investigación señala que alias Maradona también sería el encargado de controlar las rutas desde Turbo y Necoclí hasta Unguía y Acandí en Chocó, para llevar a las personas a su destino final hacia Centroamérica y Estados Unidos, precisamente con la empresa encargada de ofrecer viajes inolvidables por la región pacífica del país.

Pero el dato más revelador de estas pesquisas fue que la empresa y ‘Maradona’ estaban al servicio del grupo armado organizado ‘clan del Golfo’, red criminal que obtiene ganancias estimadas en más de 12.000 millones de pesos anuales, producto de la explotación del fenómeno migratorio, según manifestó el Ejército. 

Pero el dato más revelador de estas pesquisas fue que la empresa y ‘Maradona’ estaban al servicio del grupo armado organizado ‘clan del Golfo’, red criminal que obtiene ganancias estimadas en más de 12.000 millones de pesos anuales, producto de la explotación del fenómeno migratorio, según manifestó el Ejército. 

Este drama migratorio fue plasmado en cifras por el Gobierno de Panamá, que reveló esta semana un informe que da cuenta de la cantidad de migrantes irregulares que a lo largo de 2024 atravesaron la selva que separa a ese país de Colombia. 

Según los números de Migración Panamá, 302.203 personas cruzaron la frontera, siendo en su mayoría venezolanos (209.890) y colombianos (17.529), pero el informe detalla que cada vez más son personas de otras nacionalidades las que toman la decisión de cruzar el Darién para continuar su destino a EE. UU., como, por ejemplo, afganos, iraníes, bolivianos, somalíes, dominicanos, paquistaníes, chinos y vietnamitas.

Fuentes de inteligencia le revelaron a EL TIEMPO que redes como las de ‘Maradona’ están desplegadas tanto en Necoclí como en Acandí para “realizar un acompañamiento al migrante en su cruce por el Darién”. 

“Nunca perdamos de vista que estas redes le rinden cuentas al ‘clan del Golfo’, cada persona que se decide a hacer este tránsito debe pagar entre 300 y 700 dólares. El precio depende también de la nacionalidad, y si alguna persona no tiene el dinero completo, los de estas organizaciones les piden a los migrantes llevar paquetes de cocaína dentro de sus equipajes para atravesarlos con destino a Centroamérica”, comentó la fuente. 

Es decir que, según cálculos de las autoridades, estas redes que trabajan con el grupo armado captaron el año pasado alrededor de 100 millones de dólares, y aunque la cifra fue menor a la captada en 2023 (un aproximado de 156 millones de dólares), el monto no deja de generar ruido, toda vez que este dinero termina en manos de ilegales.

Sin embargo, el costo estimado del tránsito por la selva no contempla si el recorrido inicia desde Necoclí, lo que incluye lancha y hotel, y podría tener un costo de hasta 2.500 dólares por grupo familiar de hasta cuatro personas.

“El ‘clan del Golfo’ controla todo. Ellos manejan la economía en esa zona del país, siempre obtienen un porcentaje de todo negocio que se genera tanto en Acandí como en Necoclí”, dijo la fuente, quien indicó que esto ocurre ante la falta de controles por parte de la Policía y demás organismos de seguridad. 

“Este es un negocio bastante lucrativo, debido a que no hay una organización jerárquica para este delito, sino que hay diferentes organizaciones encargadas de realizar gestiones a lo largo de esta cadena, como hospedaje, alimentación y transportes, tanto en lancha como en vehículos”, dijo un investigador.

Estos eslabones están ubicados estratégicamente en zonas por donde saben que no hay control de las autoridades, y en donde las hay, infortunadamente, se prestan para que este flagelo continúe y no se generen los controles debidos.

El precio de cruzar el Darién refleja también las condiciones precarias y el riesgo de la travesía, ya que la otra ruta, conocida como la ‘VIP’, aunque es peligrosa,  sale desde la isla de San Andrés para llegar a Centroamérica. Por allí, redes ilegales como el ‘Tren de Aragua’ cobran entre 3.000 y 5.000 dólares a migrantes que quieren llegar irregularmente a EE. UU.

Estos “servicios” se ofrecen en redes sociales y van dirigidos a los migrantes que se encuentran en Venezuela. “Estos mal llamados servicios se ofrecen no solo a los venezolanos, sino a todos los migrantes que están en el vecino país y que buscan una ruta más fácil”, señaló un investigador que viene haciéndole seguimiento a este fenómeno desde hace un par de años.

El paquete, en el que varias personas han perdido su vida debido a naufragios, incluye para ciudadanos venezolanos transporte desde Cúcuta a Medellín y, de allí, un vuelo hasta la isla, donde los hospedan durante un par de días en hoteles ubicados lejos de la zona más comercial de San Andrés. Albergados en esas casas esperan hasta que los lancheros den el visto bueno para zarpar, la mayoría de las veces, en la noche.

Los recorridos en embarcaciones, muchas veces sin las condiciones de seguridad para navegar en altamar, son varios. El primero es San Andrés-Corn Island-Blue Fields; el otro es San Andrés-Laguna Perla, Nicaragua; otro es desde la isla a Bluefields, y el último es Cayo Pescador-Albuquerque-Corn Island y Bluefields.

A lo largo del año pasado, la Armada de Colombia realizó el rescate de más de 262 personas en el archipiélago, las cuales se movilizaban a bordo de embarcaciones que fueron interceptadas por movilizar a migrantes de forma irregular. 

Según Migración Colombia, en esa zona fronteriza con Panamá, el 19.5 por ciento de las personas en tránsito son niñas, niños y adolescentes, y el 30.8 por ciento, mujeres adultas.

A mediados de diciembre pasado, la Defensoría del Pueblo alertó que la población migrante en esta zona se enfrenta a diferentes riesgos, entre los que se destacan la violencia sexual, trata de personas, reclutamiento forzado, enfermedades e incluso la muerte.

“Por eso es propicio articular acciones que garanticen entornos seguros y favorables para niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres migrantes. Trabajar en la implementación de medidas de protección para la población LGBTIQ+ y mujeres con enfoques de edad, género, etnia y discapacidad también se hace necesario”, dijo la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.

Además, la funcionaria instó a crear protocolos para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas en tránsito fronterizo, y garantizar la entrega digna de los cuerpos cuando haya lugar a ello, así como abordar las causas estructurales de la migración forzada, como la discriminación y la violencia en los países de origen de quienes migran. “Garantizar los derechos humanos de esta población es un reto urgente que requiere una política migratoria integral y acciones multilaterales”, dijo.

Redacción Justicia