Coca y extorsiones, los detonantes de la nueva ola de violencia que atraviesa Norte de Santander

Más de 30 personas asesinadas que han dejado los enfrentamientos registrados entre la estructura 33 de las disidencias del Estado Mayor de los Bloques (Emb), la fracción comandada por alias Calarcá, y el Ejército de Liberación Nacional (Eln), en al menos cuatro municipios de Norte de Santander, supone una nueva guerra que iniciaron esos grupos armados en esa zona de Colombia.

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Fuentes de la Fuerza Pública le indicaron a EL TIEMPO que esta ola de violencia se debe, en gran parte, a la pelea que mantienen estas dos estructuras armadas por el control del corredor Tibú-Cúcuta, el cual es usado para sacar grandes cantidades de coca de la región. Según los más recientes resultados del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), Norte de Santander tiene más de 30.000 hectáreas de matas de coca sembradas.

Esta guerra llevó a que el Ejército, a través de la tropas de tarea Vulcano, desplegaran en los municipios de Teorama, Convención, Tibú y La Gabarra cuatro tropas de 200 uniformados.  

“Esto era una bomba de tiempo, sabíamos que era cuestión de días para que estallara y dejara sus sangrientos resultados”, dijo a EL TIEMPO un líder de la zona que pidió reserva de su identidad.

Las confrontaciones que completan dos días, según el líder, ya comienzan a dejar una estela de confinamientos y desplazamientos de las poblaciones que hacen vida en esos cuatro municipios que en las últimas días se ha visto atravesada por una lluvia de balas.

Luis Trejos, director del Centro de Pensamiento UNCaribe de la Universidad del Norte, considera que el inicio de una nueva guerra en la región del Catatumbo entre los grupos armados tiene unos antecedentes que pasan por la confrontación armada que se registró entre los años 2018 y 2019 entre las guerrillas del Eln y el EPL, quienes se enfrentaron por el control de territorios y rentas que había dejado el Frente 33 de las antiguas Farc al desmovilizarse. “Esa guerra la ganó el ELN y significó la virtual desaparición del EPL”.

“La Defensoría del Pueblo por medio de la Alerta Temprana 025/21 y la Alerta de Inminencia 026-2024 ya había advertido sobre la eventual confrontación armada entre estos actores armados. En estos documentos quedaba en evidencia que el acelerado crecimiento y expansión del Frente 33 estaba produciendo tensiones con el Eln por la istración de rentas ilegales y el control sobre territorios y comunidades que el Eln consideraba suyos”, explicó el académico.

Esta guerra, según Trejo, no puede deslindarse del contexto en el que Antonio García y el Comando Central en distintos pronunciamientos “han calificado al Emb de ser sus enemigos al acusarlos de tener carácter paramilitar y criminal ya que trabajan con el gobierno y su Fuerza Pública para debilitar al Eln”.

Mientras que Jorge Mantilla, experto en conflicto, considera que el incremento de las tensiones entre grupos armados en esa zona se debe a disputas por territorio y rentas ilícitas del narcotráfico y la extorsión.

“Es importante tener en cuenta, es que de alguna manera también es un coletazo del conflicto que se ha venido presentando en Arauca desde hace ya varios años y particularmente la intención del Eln, con el apoyo del gobierno venezolano, de convertirse en el actor más importante de la frontera y su proyección como un Ejército binacional”, expresó Mantilla.

Desde 2020, el Eln, según fuentes de inteligencia, había restringido la entrada de compradores de pasta base de coca, lo que provocó la reacción de disidencias.

“Esta situación ha llevado a conflictos estratégicos, ya que el Eln enfrenta problemas por extorsiones y la pérdida de base social”, dijo Gerson Arias, del grupo de investigación de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), quien añadió: “el reto fundamental es entender que ambas organizaciones parecen haber iniciado una confrontación muy grave que tiene como víctimas a los pobladores de esa región”.

Redacción Justicia