Atención: Polémica por disidente que tras ser detenido en flagrancia en Chocó, fue dejado en libertad

Una nueva polémica, que dejaría ver los vacíos de la política 'paz total', se dio en las últimas horas en Chocó con la captura de un cabecilla de las disidencias de las Farc que fue dejado en libertad horas después, pese a que un grupo de uniformados del Ejército lo detuvieron en flagrancia portando armas de manera ilegal y en un territorio en el que no podía moverse. 

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Se trata de Jesús María Restrepo Borja, alias Darlinson o 'el Gordo', jefe de la estructura 36 del 'bloque Magdalena Medio' de las disidencias, quien fue detenido junto a alias Primo Carro y alias Jiménez.

Fuentes le confirmaron a EL TIEMPO que aún no se explican por qué fue dejado en libertad por las autoridades judiciales, si junto a los otros disidentes fue sorprendido con armas, radios de comunicación y otros dispositivos en una operación militar, adelantada en zona rural de El Carmen de Atrato, en Chocó. Allí murió un cuarto miembro del grupo ilegal conocido como 'Colita', quien habría cumplido hace poco la mayoría de edad.

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En cuanto a los tres detenidos, se les hizo la verificación de identidad hasta dar con que Jesús María Restrepo fue cobijado con la Resolución 450 del 8 de noviembre del año pasado expedida por el presidente Gustavo Petro, para participar del Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación (MVMV) como uno de los cinco de su instancia nacional, a la que de acuerdo a información entregada por las fuentes, no ha acudido desde diciembre.

Días después, el 21 de noviembre, la Fiscalía le suspendió la orden de captura, en atención al pedido del Gobierno en búsqueda de la 'paz total'. En esa solicitud al ente acusador, se recordó que en agosto se expidió un decreto con el cual se prorrogó el cese del fuego con el autodenominado 'Estado Mayor' de los bloques 'Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte' - el de Restrpo-, 'Comandante Jorge Suárez Briceño' y el 'frente Raúl Reyes' desde el 16 de octubre pasado al 25 de abril de este año.

Tras ser analizada, la Fiscalía concedió el levantamiento de las órdenes aclarando dos cosas, que "dicha suspensión no tendrá efectos en situaciones de flagrancia respecto de conductas delictivas que constituyan graves violaciones de los derechos humanos, incluidas el secuestro y la extorsión, e infracciones al Derecho Internacional Humanitario".

Y que solamente cobijaba "a los territorios en los que hace presencia un grupo armado, es decir, en los departamentos de Meta, Caquetá, Guaviare, Tolima, Huila, Norte de Santander, Bolívar, Antioquia, Cesar, Atlántico, Putumayo y Caquetá, regiones donde se adelantarán las principales reuniones y actividades relacionadas con el monitoreo". Es decir, Chocó no está dentro del territorio por el cual se podía mover.

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Según las mismas autoridades, el bloque de 'Darlinson' tiene presencia actualmente en Norte de Santander, Bolívar, Antioquia, Cesar y Atlántico, lo que los llevó a encender las alarmas de su expansión criminal al Chocó, donde no estaban totalmente identificados hasta que se propinaron las tres capturas. Unos de los últimos antecedentes son que este hombre habría participado del ataque criminal que cobró la vida de cuatro personas en Urrao, el pasado 28 de febrero. Asimismo, que estaría detrás de las extorsiones al exalcalde de Toledo, Antioquia.

A eso se le suma que en terreno, a Restrepo lo encontraron con un camuflado de uso exclusivo de las Fuerzas Militares, así como con armamento. De hecho, fuentes le contaron a este diario que estaba al mando de los otros disidentes atentando contra la tranquilidad de la población de El Carmen de Atrato.

Este hecho lleva a remitirse a la polémica caravana de siete camionetas blindadas de la UNP en la que se transportaban disidentes de las Farc, entre ellos Erlinson Chavarría Escobar, alias Ramiro, cabecilla del 'frente 18' de las disidencias, a quien se le encontró un arma de fuego pese a estar cobijado con la suspensión de órdenes de captura.

El tema generó polémica alrededor de la 'paz total' porque así como él otros disidentes como alias Piru resultaron envueltos en un episodio sobre la viabilidad de este tipo de beneficios. 

La libertad, en esta ocasión, fue una medida que adoptó la fiscal general, Luz Adriana Camargo, quien puso el foco a que la oficina del Alto Comisionado para la Paz tenía que regular los términos de sus negociaciones.

Carlos López y Jesús Blanquicet - Justicia - @JusticiaET