La disputa sobre el arroyo Bruno en La Guajira no cesa: Corte hizo inspección

La Corte Constitucional realizó este lunes y martes una inspección judicial alrededor del arroyo Bruno en La Guajira, que es el eje de una fuerte disputa local entre las comunidades y la empresa Carbones del Cerrejón Limited que propuso y alcanzó a hacer una desviación del cauce de esa fuente hídrica como parte de un programa de ampliación de las actividades de exploración y extracción carbonífera.

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Con una tutela presentada por las comunidades, en 2017, el alto tribunal ordenó una serie de medidas al respecto, al proteger los derechos de las comunidades de La Horqueta, La Gran Parada y Paradero de la etnia Wayúu y ordenó, entre otros, hacer un estudio que dé una respuesta informada a las dudas sobre este caso.

La Corte optó en febrero de 2022 por vigilar directamente el cumplimiento de las órdenes ante la importancia del caso y aunque ordenó una serie de pruebas, se encontró con una fuerte diferencia de puntos de vista sobre la situación actual y, por eso, decidió ir a la zona y hacer un reconocimiento general de la ronda del cauce natural y artificial del arroyo Bruno y de sus inmediaciones.

Esto, en especial, sobre “su respectiva galería de bosque seco tropical” y sobre los efectos de la desviación para las comunidades. La diligencia, liderada por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, también sirvió para constatar el cumplimiento de la medida cautelar de suspensión de la actividad minera en el cauce natural del arroyo Bruno, entre otros.

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 La Corte recibió quejas sobre el incumplimiento de las órdenes de la sentencia de 2017 porque, entre otros, finalmente se optó por no retornar las aguas del arroyo a su cauce natural como había ordenado el alto tribunal, con base en un concepto técnico que las comunidades cuestionan.

De hecho, tanto las comunidades como un grupo de expertos cuestionaron el estudio técnico que se realizó la Mesa Interinstitucional de este caso, en donde están los Ministerios de Ambiente y del Interior, el Cerrejón, el Ideam, la Anla, la Agencia Nacional de Minería, y los organismos de control, entre otros, porque supuestamente el documento permitiría que se haga una intervención en el lecho del arroyo.

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Ese informe habla sobre cada una de las incertidumbres sobre este proyecto y señala, entre otros, que el bosque seco tropical no se afectó con la desviación porque este se encuentra en la parte alta de la cuenca del arroyo, que no hay intervenciones anteriores del Cerrejón en la zona, “por lo que no se puede hablar de efectos acumulativos” y que el arroyo, por ahora, sigue prestando “la función de abastecimiento a comunidades que se encuentran en la cuenca alta y media (Tigre Pozo y El Rocío), y como fuente alterna de abastecimiento de otras comunidades”.

En el documento se tomó la decisión de mantener el flujo de las aguas en el nuevo cauce al estimar que el arroyo Bruno ha tenido una evolución acorde con lo planificado en el proyecto de modificación desde el punto de vista de sus dinámicas hidrológicas, hidrogeológicas, geomorfológicas y ecosistémicas.

Los expertos, no obstante, dijeron a la Corte que “dicho ‘estudio’ representa un riesgo de incumplimiento a la Sentencia y puede precipitar la sustracción de materia. Lo que podría ser más grave, es que la urgencia y prisa por concretar el proyecto y explotar el cauce natural del Arroyo Bruno terminen por hacer ilusoria cualquier orden de este Tribunal en el marco del seguimiento y la efectiva garantía de los derechos”.

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Igualmente, el grupo de expertos le pidieron a la Corte que le ordene a la Mesa Interinstitucional y la Empresa Cerrejón que se abstenga de adelantar cualquier operación u obra relacionada con el avance del tramo La Puente hacia el cauce natural del Arroyo Bruno y se mantenga su suspensión.

Incluso, Ana María Llorente Valbuena y Julio Fierro Morales, de la Corporación Geoambiental Terrae, dijeron que si bien han sido activos en el proceso, no participaron en la citada Mesa Interinstitucional.

“Se negó la participación de manera activa y eficaz, puesto que no basta con abrir un espacio, si el mismo carece de garantías efectivas para consignar las diferentes visiones y los hechos comprobados por rigor científico, algunos que por demás constituyen hechos notorios, en tanto la afectación en materia ambiental es un hecho notorio que se evidencia al recorrer el territorio. Al no ser ados para integrarla Mesa Interinstitucional, decidimos ar a los demás expertos que intervinieron en el proceso judicial y manifestaron que tampoco fueron ados para ser parte de dicha Mesa. En consecuencia, al no ser incluido ninguno de los expertos, estimamos que existe un desacato de la orden en cuestión, de manera que el concepto emitido por la Mesa Interinstitucional tiene serios vicios”, dijeron.

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Aura Robles Gutiérrez, una de las personas que interpuso la tutela, dijo que en este proceso no han sido realmente escuchados por las autoridades competentes.

“Cuando nosotros les hablamos a ellos de la conexión espiritual con el arroyo, la machon pulowi, deberíamos ser escuchados porque eso ellos no lo conocen, pero nunca nos han prestado atención. Ahí si acaso les prestan un poquito de atención a los técnicos, pero como nosotros no tenemos diplomas, no nos tienen en cuenta (…) A mí lo que realmente me da desconfianza, mucha desconfianza de esa mesa, es que cómo va a ser posible que la mesa esté compuesta, o sea, en la mesa los que deciden son las entidades que le entregaron el arroyo Bruno al Cerrejón, como es Anla, Ministerio de Ambiente, Corpoguajira, son las que tienen voz y voto”, dijo.

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Con este panorama, el despacho del magistrado Ibáñez realizó la inspección judicial durante dos días en la zona, acompañados de las autoridades municipales y departamentales, así como de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.

La diligencia incluyó la escucha de representantes de las comunidades que aseguran estar afectadas por la desviación, la visita a la zona de la ronda del cauce natural y artificial del arroyo Bruno y de sus inmediaciones, entre otros.

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Incluso, la comisión hizo una intermediación para poder  levantar un bloqueo en la vía para poder salir de la zona y desplazarse hacia Riohacha.

En este caso, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ha explicado que cursan dos arbitrajes internacionales de inversión extranjera: uno por parte de Glencore International A.G. y otro iniciado por Anglo American. Además, la inversionista BHP Group plc presentó una notificación de disputa, de la cual desistieron formalmente el 29 de marzo de 2022.

En los dos casos, las empresas alegaron ser accionistas indirectos de la empresa colombiana Cerrejón y aseguran que Colombia violó sus obligaciones de brindar un trato justo y equitativo y un trato no arbitrario y no discriminatorio y cuestionaron que la Corte haya hecho una revisión de autorizaciones que ya habían sido dadas por el Gobierno.

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Para estas empresas, la sentencia de 2017 “frustró” la expectativa de explotación del depósito La Puente cuando ya había autorizaciones istrativas, creando un ordenamiento legal inestable, desproporcionado e impredecible, al disponer la existencia de la Mesa Interinstitucional, que en su criterio no tiene competencia legal para tumbar sin efecto las autorizaciones istrativas que ya tenían.

@AlejaBonilla