La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le dio tres meses más al Estado Colombiano para que le garantice al exministro de Comunicaciones Saulo Arboleda un mecanismo de revisión de la condena dictada en su contra en octubre de 2000 por el llamado 'miti-miti'.
Así lo ordenó la CIDH en el informe de fondo No. 326/20. El plazo inicial de tres meses otorgado a petición de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado había vencido el pasado 15 de junio.
Ese día, la Agencia solicitó a la CIDH una prorrogo para poder cumplir con las recomendaciones de fondo que incluye, además, disponer una medida “reparación integral” por violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judiciales.
En carta enviada ayer, 30 de junio de 2021, la Comisión aceptó. Así, el Estado Colombiano tiene hasta el próximo 15 de septiembre para informar al organismo internacional "sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión".
En la comunicación, la CIDH advirtió que el plazo con el que cuenta para para presentar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos se vence el 30 de junio de 2021. Si eso sucede, Colombia puede enfrentar una condena del ese organismo internacional.
En este caso, en abril pasado, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia negó la posibilidad de revisar la condena de 54 meses impartida a Arboleda ya que en el año 2000, cuando esta se dictó, no había doble instancia para aforados y que la reforma a la Constitución que la permitió solo se aprobó hasta 2018.
En esa ocasión, la Sala dijo que la posibilidad de revisar sentencias de única instancia, por mandado de la Corte Constitucional en el caso del exministro Andrés Felipe Arias, solo es posible para fallos emitidos desde el 30 de enero de 2014.
Contra esa decisión, el exministro interpuso un recurso que también fue negado por la Corte Suprema de Justicia. En este proceso, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado le pidió a la CIDH que valorara las medidas que el Estado ha "implementado para adaptar su ordenamiento interno a los estándares interamericanos en cumplimiento de las recomendaciones formuladas por la honorable Comisión".
"El Estado se permite reiterar a la H. Comisión que Colombia ha implementado cambios legislativos y jurisprudenciales importantes para avanzar en las garantías judiciales relacionadas con el derecho a impugnar el primer fallo condenatorio en el marco de un proceso penal, de acuerdo a los estándares establecidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tal como se informó de manera detallada en la Nota No 20216010015561-GDI del 26 de febrero de 2021", indicó la Andje.
Antes de notificarse la ampliación del plazo que concedió la CIDH, el exministro Arboleda envió una carta a Camilo Gómez, director de la ANDJE, cuestionando dicha postura puesto que "ratifica que Colombia viola el derecho a la segunda instancia a quienes fueron condenados en única instancia, antes de 30 de enero de 2014 y desde el 4 de julio de 1991 cuando se expidió la actual Constitución Nacional, cuyo artículo 29 incorpora sin excepción, el derecho fundamental a impugnar las sentencias de única instancia".
El exministro cuestionó y manifestó "su extrañeza por la reiterada negativa de la justicia a otorgarle la segunda instancia, mientras su colega de gabinete involucrado en este caso, fue también condenado y después absuelto".
Arboleda dijo que la recomendación de la CIDH para que se le otorgue la segunda instancia no implica su absolución, sino que la sentencia sea revisada. “Si en Derecho la segunda instancia mantiene la condena, la aceptaré, desde luego, sin reservas”, dijo el exministro.