Condenas por casos de ‘Autorrollings’ y ‘Cesarín’: un viaje a la corrupción en la justicia

Unos 450 millones de pesos por el traslado a la cárcel de mediana seguridad de Acacías. Otros 100 millones por lograr una tutela favorable; 150 millones más por un nuevo traslado de cárcel, esta vez a Villavicencio. 100 millones más para el juez que finalmente concedió, contra la ley, el beneficio de detención domiciliaria.

(Lea: Fallo de la Corte: las fiestas sexuales a las que asistieron exmagistrados de caso Autorollings)

Ese fue el costo del ‘paquete’ que, desde adentro del sistema judicial, le ofrecieron al capo de la ‘Oficina’ de Envigado ‘Cesarín’ para poder volver a las calles después de haber sido condenado por un homicidio de la mafia.

‘Cesarín’, cuyo verdadero nombre es Hernán Darío Giraldo, terminó volándose de su casa por cárcel y luego fue recapturado. Fue en el 2013 y generó uno de los mayores escándalos de la justicia, el mismo por el que la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema acaba de condenar a tres poderosos exmagistrados del Tribunal Superior de Villavicencio: Alcibiades Vargas Bautista, Fausto Rubén Díaz Rodríguez y Joel Trejos Beltrán.

En la misma sentencia, la Corte impuso una segunda condena contra Díaz Rodríguez por favorecer a otro miembro de la ‘Oficina’, Danit Darío Doria Castillo, alias Bacalao, a quien intentó mantenerle el beneficio de casa por cárcel a pesar de que fue capturado a más de 600 kilómetros del municipio donde se suponía que debía estar. Y los exmagistrados Vargas y Trejos, ajustaron a su vez, la segunda condena por el caso de Marbelly Sofía Jiménez Pérez, la famosa ‘viuda de Autorrollings’, a quien la red de corrupción que por años medró en la justicia del Meta le pidió un soborno, finalmente no pagado, de 2.000 millones de pesos.

Los tres exmagistrados esperan que la Sala de Primera Instancia defina el monto de las condenas, que en todo caso pagarán en una cárcel. Sus casos hacen parte de las investigaciones de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez contra una red de corrupción que se enquistó en el Inpec, la rama judicial y otras autoridades, y que no solo vendía beneficios de casa por cárcel y permisos de trabajo injustificados a peligrosos criminales, sino que montó un esquema de impunidad que por años mantuvo a salvo a funcionarios corruptos. 

Eso pasó con el juez Ronald Floriano Escobar, el mismo que terminó mandando a alias Cesarín para la casa con el argumento de que el peligroso jefe de sicarios también era un dedicado padre de familia y había que proteger los derechos de sus hijos.

En el expediente se reconstruyen las tres fiestas con prostitutas que Jiménez –condenada por el asesinato de su esposo, el dueño de Autorrollings– pagó en unas cabañas del Llano para los magistrados Vargas y Trejos, quienes acordaron con sus abogados torcer el curso de la justicia para que ella quedara en libertad.

(Vea: Gaula Militar rescata a joven secuestrado en Norte de Santander: captores pedían $ 1000 millones).

Como no pudieron cumplir, dada la reconocida peligrosidad de la mujer y de su nueva pareja (alias Manopicha, también condenado por el caso), los involucrados optaron por devolver la plata que ya se les había girado.

Las condenas representan una necesaria catarsis para la justicia colombiana. Catarsis sin duda incompleta, pero que muestra que cuando hay voluntad de transparencia, caen los que por años se consideraron intocables. Y son también un llamado para que el país le meta la lupa a la caja negra de la ejecución de penas, un poco vigilado terreno donde muchas veces los pocos criminales que son capturados y condenados logran, sin ojos encima, burlar de nuevo a la justicia.

Redacción Justicia