Corte Suprema condena al exsenador José Ignacio Mesa Betancur por nexos con las Auc

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia anunció este martes una condena contra el exsenador José Ignacio Mesa Betancur de  76 meses de prisión (6 años y tres meses) por el delito de concierto para delinquir agravado, al haber promovido a grupos armados al margen de la ley, específicamente las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), a través de la estructura conocida como la ‘Oficina de Envigado’.

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De acuerdo con la sentencia también se le impone una multa de tres mil salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para ejercer funciones públicas por el mismo período y se le negó la prisión domiciliaria y la suspensión condicional de la pena.

De acuerdo con la investigación, entre 1994 y 2006, cuando la influencia paramilitar se extendía sobre Medellín y el Valle de Aburrá, Mesa Betancur “se adhirió a la organización al margen de la ley conocida como Auc y con la ‘Oficina de Envigado’, especificamente con Daniel Alberto Mejía Ángel, alias “Danielito”, y Gustavo Upegüi, para obtener respaldo electoral y económico en sus aspiraciones políticas, tanto a la Alcaldía de Envigado como al Senado de la República.

La Corte concluyó que el entonces congresista utilizó su cargo para favorecer los intereses de la organización criminal, contribuyendo a su estrategia de cooptar el poder estatal. La sentencia señala que la alianza no se limitó a actos puntuales, sino que constituyó una asociación sostenida con el propósito de fortalecer la estructura ilegal desde las altas esferas del poder.

“Siendo un dirigente político en el departamento de Antioquia, no reparó en aliarse con grupos armados ilegales y traicionar el deber que como servidor público tenía frente a efectivizar y dar cumplimiento a los fines esenciales del Estado”, sostiene el fallo.

La condena contra Mesa Betancur se inscribe en los esfuerzos udiciales por esclarecer y sancionar los vínculos entre dirigentes políticos y grupos armados ilegales en Colombia, y reafirma la vigencia del compromiso institucional con la justicia y la verdad.

Redacción Justicia