Defensa del ministro de Ambiente pedirá precluir el caso 'Happy Lora'

Para el próximo 26 de mayo fue fijada la audiencia en la cual la defensa del exalcalde de Montería y actual ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correra Escaf, le solicitará a la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia la preclusión de una investigación que le adelanta por presuntos hechos de corrupción.

Se trata de un proceso por los sobrecostos en la construcción del coliseo de Montería Miguel ‘Happy’ Lora, que se entregó al final con cuatro años de retraso y por el cual Correa fue capturado en junio de 2017 cuando se desempeñaba como alto consejero presidencial para las regiones.

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Correa, quien fue alcalde de Montería entre 2012 y 2015, estuvo diez días detenido. El caso pasó a la Corte Suprema en enero de 2021 por razón de su fuero, al ser designado ministro del Despacho. 

El coliseo se realizó con una inversión de $12.000 millones de pesos que salieron de las regalías entregadas por el Gobierno Nacional y se entregó hasta el 2017 aunque debía entregarse para el inicio de los Juegos Nacionales del 2012.

"El Coliseo Miguel Happy Lora no estuvo listo para los juegos Nacionales de 2012, el contratista tardó cinco años para hacer entrega de un Coliseo, se pagaron dineros sin considerar avances de obra, permitiendo la apropiación de dineros para el Fondo Mixto en un valor que de acuerdo con el análisis de documentos así como lo expuesto por la Contraloría y hallazgos desde Dirección Nacional Planeación, la cifra de un faltante no soportado está en $3.506.500.536", dijo al Fiscalía.

Inicialmente, la Contraloría advirtió supuestas irregularidades en el convenio 013 de 25 de junio de 2012 suscrito con el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y la Gestión Social pero luego desestimó que se hubieran presentado sobrecostos.

El abogado Andrés Garzón, que representa al ministro Correa, indicó: "La Contraloría archivó el proceso y determinó que no hubo pérdida de dinero del erario público".

"Igualmente, la Dirección Nacional de Planeación que manejaba en ese momento la interventoría de los recursos, determinó que no solo no había ninguna pérdida de recursos sino que había que devolverle 64 pesos al municipio de Montería. Con eso, y otras pruebas, se habilita la preclusión", añadió Garzón.

Inicialmente, Correa Escaf iba a ser acusado el 26 de mayo por su presunta responsabilidad de los delitos de peculado por apropiación, celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por omisión y falsedad ideológica en documento público.

Ahora, la Sala Especial de Primera Instancia consideró viable que la defensa del ministro haga la solicitud de preclusión y así se lo comunicó a las partes del caso. Una vez se argumente la petición de la defensa, la Corte deberá decidir si la acepta o si decide seguir con las audiencias.

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