Demandan la elección de la nueva Mesa Nacional de Víctimas

Ante el Consejo de Estado fue demandada la elección de la nueva Mesa Nacional de Víctimas, un espacio de participación que se creó en la Ley de Víctimas, que se realizó en diciembre pasado para el periodo 2021-2023 y que contó con la participación de 400 delegados de todo el país, así como de seis representantes de víctimas en el exterior y 22 organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas.

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Dicha elección se hace teniendo en cuenta hecho victimizantes (desplazamiento, violencia sexual, minas); por enfoque (mujeres, Lgbti, discapacidad, persona mayor, víctimas en el exterior); por etnias (pueblo rom, afro), entre otros.

Una demanda fue presentada por una integrante de la mesa local de participación de Chocontá, Cundinamarca, en contra de la resolución 1668 de 2020 que declaró dicha elección, bajo el argumento de que en el proceso realizado en Bogotá el 14 de diciembre pasado se habrían presentado irregularidades.

En concreto, la elección de Giomar Patricia Riveros de la Fundación por la Dignidad de los Héroes en Colombia, quien fue condenada en febrero de 2009 por el delito de abuso de confianza. Además, se cuestionó la elección de personas que al parecer no estaban de manera presencial en el recinto y que cuatro de los elegidos por el departamento de Casanare y Norte de Santander hicieron parte de la pasada Mesa Nacional.

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“Durante la votación y escrutinio por parte de personas de la Defensoría del Pueblo (...) nunca permitieron saber los votos que obtuvo cada una de las 20 organizaciones defensores de víctimas en cada espacio”, dice la demanda que asegura que no hubo testigos electorales y que señala a un integrante de la Defensoría por fraude, por haber empezado a leer los resultados de la elección.

También hay una demanda presentada por Luis Gonzalo Duarte de Fundaprocol que alega los mismos hechos que el otro recurso judicial.

En ambos proceso se remitieron copias de las denuncias radicadas por las Corporación Defensores Sin Fronteras ante la Fiscalía y la Procuraduría el pasado 17 de diciembre, en donde se pide investigar el proceso de elección, la actuación de la Defensoría del Pueblo y del funcionario citado por supuestas actuaciones arbitrarias.

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Las demandas que piden la suspensión provisional del resultado de la elección están en estudio en el despacho de la magistrada Rocío Araújo de la Sección Quinta del Consejo de Estado, quien debe determinar primero si las ite y no. piden la suspensión provisional del resultado de la elección.

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