Demanda pide eliminar la prisión como sanción del delito de injuria y calumnia

La Corte Constitucional itió para su estudio una demanda que busca eliminar la sanción en la cárcel que contempla el Código Penal para los delitos de injuria y calumnia que presentó la organización El Veinte que trabaja en defensa de la libertad de expresión.

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“Lo que se alega es que las penas de prisión en esos delitos tienen un carácter intimidatorio que las convierte en un mecanismo de auto restricción de la expresión y que resulta en una vulneración del preámbulo, de los artículos 20 y 73 constitucionales”, dice el recurso.

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El delito de injuria, contemplado en el artículo 220 del Código Penal, tiene una pena de entre 16 y 54 meses; y el de calumnia, una que va entre los 16 y los 72 meses de prisión. Además, ambos contemplan una multa.

La demanda dice que no se cuestiona su existencia o la posibilidad de que alguien interponga denuncia por esas conductas, sino que ataca la pena de prisión, al indicar que hay un cambio normativo y social respecto de la protección de la libertad de prensa, posterior al 2011 cuando la Corte se pronunció, en otro recurso, sobre estos delitos.

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En ese sentido, reseñó que han aumentado los “llamados Pleitos Estratégicos contra la Participación pública (SLAPP por su sigla en inglés), consistentes en el uso abusivo de recursos judiciales con el fin de silenciar la libertad de expresión a raíz de la intimidación que estos generan sobre los demandados o denunciados, especialmente por el miedo a una sanción excesivamente onerosa”.

La demanda dice que la sanción “en prisión”, en el contexto de los abusos en el ejercicio de la libertad de expresión, resulta ser “excesivamente intimidatorio” y tiene un efecto “inhibitorio o chilling efect que llama a que esta sea retirada del ordenamiento constitucional”.

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El chilling effect ha sido acuñado a nivel internacional, explican los demandantes, para describir el fenómeno que se produce cuando las expresiones futuras de cualquier persona en ejercicio de la libertad de expresión, pero especialmente los periodistas y los medios de comunicación, se ven afectadas y alteradas por el temor que les produce la adopción de medidas judiciales.

“Las palabras “en prisión” en el marco de una sanción a la libertad de expresión tienen un carácter inhibitorio que ha sido reconocido por organismos internacionales de protección de derechos humanos, por tribunales constitucionales a nivel comparado y por organizaciones y expertos en libertad de expresión. Esto ha llevado a un rechazo a la posibilidad de que existan sanciones de prisión como sanción ulterior contra los abusos en el ejercicio de este derecho”, insiste el recurso.

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La demanda cita cifras de la Fundación para la Libertad de Prensa que registró “12 casos de acoso judicial a periodistas en el 2015, 14 en 2016, 14 en 2017, 38 en 2018, 66 en el 2019 y 30 en el primer semestre de 2020”, números que son, en todo caso, un subregistro, pues solo reflejan los casos de los periodistas o medios que acuden a la Fundación.

“Esta demanda no apunta a la eliminación de los delitos de injuria y calumnia del Código Penal. A lo que se apunta es que estos solo puedan ser castigados con multa y demás penas rias aplicables, pues la pena de prisión en este contexto no sería isible. En este sentido es importante subrayar que la integridad moral no quedará desprotegida con la declaratoria de inconstitucionalidad de las normas demandadas. La afectación típica a ese derecho seguirá siendo sancionada, solo que la pena ya no podrá ser la de prisión”, dijo la organización El Veinte.

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El caso está en manos de la magistrada Natalia Ángel Cabo.

Cabe recordar que en el Congreso cursa un proyecto de humanización carcelaria presentado por el Ministerio de Justicia que busca eliminar el delito de injuria.

@JusticiaET