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‘La legitimidad de una ley no depende del número de personas que vayan a la plaza de Bolívar’: presidente de la Corte Constitucional
El magistrado José Fernando Reyes se refiere a la movilización convocada por el presidente Gustavo Petro.
El presidente de la Corte Constitucional, magistrado José Fernando Reyes Cuartas, Foto: Néstor Gómez
EDITORAActualizado:
En diálogo con EL TIEMPO, el presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, asegura que las movilizaciones convocadas por el presidente de la República, Gustavo Petro, en defensa de la reforma pensional, no inciden en las deliberaciones de los magistrados sobre las demandas que estudia el alto tribunal.
El jurista también se refiere a las advertencias sobre el presunto ‘golpe de Estado’, del que habla Petro, y que el primer mandatario relaciona con las decisiones que podría adoptar la autoridad istrativa que actualmente indaga sobre los recursos de su campaña presidencial.
Reyes aclara lo que hasta ahora se sabe de las presuntas interceptaciones ilegales que denunció el vicepresidente de la Corte, Jorge Ibáñez, y habla de la seguridad de los magistrados luego de una alerta sobre un posible plan para atentar contra el Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía.
¿Se están incumpliendo las sentencias de la Corte?
Desde hace tres o cuatro años venimos muy preocupados porque evidentemente hay un alto nivel de incumplimiento, es decir, las sentencias de la Corte no están siendo acatadas. Hicimos un convenio con la Procuraduría para crear una delegada para el cumplimiento de las sentencias porque ellos cuentan con una herramienta disciplinaria para hacer que las personas, los gobernadores, los alcaldes y en general todos los ciudadanos que incumplen las sentencias, puedan ser puestos en cintura a partir de las aprehensiones que la Procuraduría pueda hacer, más allá de los desacatos que podamos decretar. Pero sí es sintomático, no solo el incumplimiento, sino la reiteración en la violación de ciertos derechos como el de petición, que es el más elevado, y el derecho a la salud.
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¿Evalúan un desacato?
Ahora estamos considerando en la sala de seguimiento al sistema general de salud iniciar un procedimiento de esos porque desde agosto, que se vencieron las órdenes para pagar los saldos pendientes de presupuestos máximos y de acuerdos de punto final, ninguno de los dos ha sido cumplido por el Gobierno y estamos contemplando abrir un incidente de desacato a ver cómo termina.
El presidente de la Corte dijo que no se han cumplido decisiones del alto tribunal sobre el sitema de salud. (Foto de archivo) Foto:Juan Pablo Rueda. Archivo EL TIEMPO
¿Qué razones ha dado el Gobierno sobre el incumplimiento?
Justamente se trata de ese incidente. De preguntarle al Ministerio por qué no ha acatado los dos autos y pues ellos nos darán sus razones. Si la Corte considera que no son buenas tendrá que proceder sancionatoriamente. Pero de eso se trata el incidente, de poder ofrecerles a las partes la oportunidad de traer las razones que justifican una actuación. En este caso, el por qué de la omisión para cumplir los autos.
Hablando de cumplimientos, ¿una autoridad puede objetar conciencia para apartarse de una orden de tutela?
Déjeme yo me ahorro esa respuesta porque acuérdese que todas las tutelas, incluidas las del Consejo de Estado, y aquella donde es accionado el Presidente de la República, siempre van a la Corte Constitucional, porque así lo determina la Constitución.
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A propósito del presidente Petro, ¿qué dijo la Corte sobre la competencia del Consejo Nacional Electoral sobre su campaña?
La Corte desató un conflicto de competencias entre dos autoridades y evidentemente lo que dijo es que los dos jueces no tenían la competencia para evaluar el asunto, dado que la Constitución en su artículo 265 concedía esa competencia sobre el respeto de los topes al Consejo Nacional Electoral. Eso fue lo que dijo la Corte.
El Presidente ha dicho que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no tiene esa competencia que han ratificado la Corte y el Consejo de Estado. Y ha advertido que si el CNE adopta una decisión en ese sentido se iniciaría un ‘golpe de Estado’. ¿Usted qué opina?
El presidente Gustavo Petro comenzó este sábado su agenda en Chicago. Foto:Presidencia
Esas son las lecturas del Presidente, es respetable, que puede hacerlas y está legitimado para ellas. Mi asunto, mi tema, es lo que le acabo de decir. En un conflicto de jurisdicciones la Corte Constitucional dijo que, conforme a la Constitución, ese asunto le correspondía investigarlo al Consejo Nacional Electoral. Y lo otro, pues eso es un asunto del debate público y otros tendrán que opinar sobre eso.
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El Presidente también ha cuestionado varias decisiones de la Corte. ¿Cómo lo reciben allá?
Hay dos cosas, una la sustancia y otra el modo. La sustancia es que todas las personas, incluido el Presidente, pueden disentir de las sentencias, pueden manifestar su desacuerdo. Inclusive, pueden llegar a atribuirle desvalores, como lo dice el profesor Rodrigo Uprimny. Es decir, esas son argumentaciones que tienen sede en la discusión pública y en la deliberación política, y la Corte simplemente las escucha y las respeta y se toma en serio la libertad de expresión y opinión. A la Corte le sirven las críticas porque escuchar hace parte de la democracia y quien no escucha no es un demócrata. Pero esa es la sustancia.
Lo que la Corte no va a considerar es el número de gritos que vengan desde la plaza, para decirle cómo tiene que fallar, pues eso no es una forma de examinar una ley.
Ahora el modo. El modo es el que no puede ser. Hay gente que critica a las Cortes, y en particular a la Constitucional, a través de una serie de epítetos, de insultos y de descalificaciones que lo único que enseñan es la falta de razones y de argumentos. El insulto es la expresión del mediocre, esa es una apelación que algunos usan. Ahora, eso lo digo pues, porque como usted me pregunta, el Presidente tiene unos modos sobre las sentencias que están pendientes en la agenda de la Corte como la reforma pensional, entre otras, donde se hacen convocatorias a la ciudadanía para que, de alguna manera, le digan a la Corte que no debería tumbar esa ley. Que no debería echar abajo esa ley. Pues mire. La legitimidad de una ley, y de la sentencia que la examina, no dependen del número de personas que vayan a la plaza de Bolívar para atacarla o para defenderla. Depende de la cantidad de argumentos razonables que se encuentren para definir si se ajusta a la Constitución. La Corte lo que hace es escuchar todas las razones de todas las personas que pueden venir a ella.
Lo que la Corte no va a considerar es el número de gritos que vengan desde la plaza, para decirle cómo tiene que fallar, pues eso no es una forma de examinar una ley. No es la forma como trabajan la Corte ni los jueces.
El presidente Gustavo Petro ha convocado a manifestaciones en la Plaza de Bolívar para protestar por decisiones de la rama judicial. (Foto de archivo). Foto:Presidencia
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¿Esas invitaciones a protestar y a demandar las considera una intromisión?
Ni más faltaba. Esa es la libertad de expresión y la libertad de ideas. Que los ciudadanos puedan ir a la plaza pública es lo que justifica que seamos una democracia. Mientras haya opinión pública, mientras haya marchas, eso demuestra que hay una democracia palpitante. Eso sí, sin violencia, sin negar los derechos ajenos.
Sobre el fallo de las facultades de la Procuraduría, por un lado, el Consejo de Estado no ha unificado postura, y por el otro, el Presidente dice que la Procuraduría no puede sancionar a los funcionarios elegidos popularmente. ¿La Corte qué dice de eso?
Palacio de Justicia, sede de las altas Cortes. Foto:EL TIEMPO
A la Corte lo que le corresponde es ocuparse de las tutelas que se han interpuesto y las que ha seleccionado para su conocimiento. Ya lo hizo. La semana pasada anunciamos que la Corte adoptó la sentencia SU-381 de 2024 en la cual se vuelven atrás las anulaciones que había hecho el Consejo de Estado de las sanciones impuestas por la Procuraduría al exsenador Merlano y al exgobernador Abadía.
La Corte entendió que esa forma de decidir del Consejo de Estado, Sección Segunda, no tuvo en cuenta la sentencia C-030 de 2023 y algunas otras que avalaron las facultades de la Procuraduría para esa clase de sanciones.
Los magistrados del Consejo de Estado, pues están bajo su sombrilla y ellos tendrán que considerar lo que a bien tengan. Lo propio sobre el Presidente. El Presidente tiene derecho a opinar sobre las sentencias, sobre lo que le parece. Todos los ciudadanos tenemos libre examen y libre crítica de los fallos.
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¿Quedó superado cualquier tipo de inquietud sobre la seguridad del Palacio de Justicia, a raíz del episodio de la maqueta?
Esas son cosas que el general (William) Salamanca deberá resolver más que nosotros, pues nosotros no sabemos si definitivamente no hay amenazas o si las amenazas eran inocuas. O si se trataba de un simple ejercicio de personas que estaban haciendo maquetas. Lo que sí hizo la Corte fue un llamado al general que muy amablemente fue y acudió de inmediato para decirnos qué estaba haciendo la Policía y cómo se estaban ocupando de nuestra seguridad. Cómo se está capacitando a los conductores y a la gente de seguridad que trabaja con nosotros. Cómo se va a reforzar la protección de las instalaciones que, digamos, hay algunos puntos que se han visto son débiles. Todo eso fue un diálogo muy amable y constructivo. Y hay que celebrar que se tome en serio y no como un asunto baladí, como ocurrió en 1985, que ya vimos cómo terminó. Creo que está muy bien la forma como ha afrontado esto la Policía y estamos muy agradecidos.
Estos son los explosivos que encontraron en el allanamiento., junto a una maqueta del Palacio de Justicia. Foto:Policía
¿Han recibido novedades sobre la presunta interceptación ilegal contra el vicepresidente de la Corte Jorge Ibáñez?
Esa es una investigación formal en curso y muy seguramente cuando haya una decisión se nos comunicará, o se le comunicará al doctor Jorge Ibáñez si eso es cierto, o qué grado de posibilidad de existencia tenía lo que él denunció como un presunto punible. Pero no he recibido noticia de eso todavía.
Magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar. Foto:Cortesía
¿Hay otros magistrados preocupados porque se les esté siguiendo?
El doctor Ibáñez ha referido que hay otras personas, según sus palabras, de esto no tengo ninguna afirmación de ninguna parte. Pero dijo que hay personas de la JEP, del Consejo de Estado y no sé de dónde más, que han referido que sus comunicaciones están siendo intervenidas informáticamente. Seguramente, él por razón de sus os o sus conversaciones ha tenido noticia, pero solamente me refiero a lo que se dijo sin ningún fundamento para afirmarlo.
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¿Se están atendiendo los exhortos de la Corte Constitucional?
Hace mucho tiempo está evidenciado en la Corte que se incumplen. Voy a decir algo que sonará arbitrario, pero que se responda relativamente a un exhorto es escaso. La actitud del legislativo es absolutamente desoladora, no hay ley de eutanasia, no hay ley de inducción o ayuda al suicidio, no hay ley sobre el aborto. En cosas gruesas a las que se les invita a legislar no hay ninguna respuesta del legislativo y esta es casi la regla. Claro que debe haber alguna excepción.
¿Cree que debe reformarse el mecanismo de Estado de Cosas Inconstitucional (ECI)?
No.
Pero hay ECI que llevan dos décadas...
El ECI de desplazamiento forzado si no hubiera logrado nada pues habría que cerrarlo y buscar otras cosas. Pero resulta que no. Desde el 2004 se han logrado muchas cosas, comenzando por la Ley de Víctimas. Hay cuestiones que definitivamente agradecer y entender cumplidas. Pero claro, estamos lejos. Esto es un país de 8 millones y medio de desplazados y los recursos públicos no dan para atender a todos en tres o cuatro años. La Corte seguirá al pie de esta sentencia. Todos los días hay un grupo de personas que trabajan en ello. Si las cosas son difíciles estando la Corte, procurando que las cosas se cumplan, imagínese usted si no estuviera la Corte encima de ellos.
ANA MARÍA CUESTA
Editora de Justicia
En X: @ana_cuesta
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