Escenarios jurídicos del proyecto que prohíbe las corridas de toros en Colombia: ¿tendrá revés en la Corte Constitucional?

"Tengo la plena tranquilidad de que el proyecto va a pasar el control constitucional por varias razones. Algunos citan la sentencia de la Corte Constitucional C-666 del año 2010 que establece que la tauromaquia, así como otras actividades crueles con animales como las corralejas, se permitirán en municipios donde había tradición ininterrumpida. Esas prácticas estaban protegidas como tradición cultural hasta tanto el Congreso legislara. Y dicha sentencia le ha dejado al Congreso la potestad para prohibir las corridas", expresó Hernández.

La autora augura que la conciliación del proyecto será sencilla. Dicho trámite deberá realizarse antes del fin de la legislatura, es decir, del 20 de junio, o de lo contrario se hundirá. Posterior a ello vendrá la sanción presidencial.

Pero abogados consultados por EL TIEMPO advierten escollos en el eventual examen constitucional del proyecto, ante las inminentes demandas que llegarán a la Corte Constitucional.

Luis Domingo Gómez, defensor de causas animalistas, expresó su preocupación por el aval fiscal del proyecto, que contempla un periodo de transición, de tres años, para la "reconversión económica" de las personas que actualmente subsisten de la tauromaquia.

"El aval fiscal me genera inquietudes teniendo en cuenta el antecedente reciente sobre el Ministerio de Igualdad, donde la Corte Constitucional tomó una decisión de darle dos años para la desaparición de dicho Ministerio, por no haber contado con dicho aval. Lo mismo le podría suceder a este proyecto de ley porque tiene unos componentes de transición para apoyar a las personas que tenían una actividad económica sobre estas prácticas", anotó Gómez.

Gonzalo Ramírez Cleves, exmagistrado auxiliar de la Corte Constitucional, consideró que el proyecto podría salvarse por su componente laboral. “La ley tiene un plazo para que las personas que se dedican a esas actividades puedan buscar ejercer otros roles distintos al ámbito taurino, por lo que si se demanda por razones laborales puede pasar la prueba”, dijo Ramírez.

El exconsejero de Estado Carlos Alberto Zambrano señaló que debe revisarse si se configura una violación respecto al derecho de profesión u oficio, toda vez que en Colombia muchas personas basan su sustento en el oficio de 'matador de toros'. "Acá podría haber un escollo”, expresó.

“Habría que ver si hay una especie de violación al derecho de los ganaderos que, seguramente, van a verse afectados en su actividad económica por la imposibilidad de seguir criando esos toros de lidia, pues no será rentable criarlos para tenerlos en el campo, con eso se pone en riesgo la existencia de este tipo de reses”, señaló Zambrano, quien añadió que la Corte ha realizado varios pronunciamientos dando validez a la actividad taurina, con condicionamientos.

Xiomara Romero Carvajal, docente de la Universidad Militar Nueva Granada, indicó que la Corte avalará la ley porque la jurisprudencia ha sido garante de los derechos de los animales. “Hoy en día los animales ya no se consideran exclusivamente bienes (como lo entendía el Código Civil), son seres sintientes de acuerdo con la Ley 1774 de 2016, por lo tanto, son derechos que priman sobre las manifestaciones culturales”, señaló la jurista.

Enan Arrieta, experto en derecho constitucional, resaltó que la Corte en la sentencia C-666 de 2010 "abrió la posibilidad para que el legislador prohibiera las corridas de toros, cosa que terminó o terminaría ocurriendo con este proyecto de ley".

En febrero de 2017, la Corte estuvo a un paso de prohibir la tauromaquia. Con ponencia de los magistrados Jorge Iván Palacio y Gabriel Mendoza, el alto tribunal adoptó una sentencia de constitucionalidad (C-041/17) que le dio un plazo de dos años al Congreso para legislar sobre la tauromaquia, so pena de prohibir totalmente su práctica por considerarla cruel.

En dicho fallo la Corte tumbó una disposición del Código Penal que exoneraba de pagar penas de prisión, relacionadas con la crueldad contra los animales, a quienes practicaran el rejoneo, el coleo, las corridas de toros, novilladas, corralejas, becerradas, entre otras prácticas consideradas expresiones culturales por el Estatuto de Protección Animal de 1989.

"Cada vez son más los países y ciudades que prohíben la presentación de espectáculos donde se ven afectados los derechos de los animales, por lo que es necesario que el legislador adopte la legislación", indicó dicho fallo.

Pero poco duró la decisión, pues la misma Corte la anuló un año después, en agosto de 2018, al considerar que se vulneró el precedente dispuesto en la sentencia C-666 de 2010 y C-889 de 2012 que establece que es "el Congreso de la República, a través de una ley, el único órgano que tiene la potestad de establecer una eventual prohibición de la realización de espectáculos propios de la tradición, que conlleven maltrato animal".

En la actualidad, la jurisprudencia constitucional considera que el fallo hito sobre la tauromaquia es el C-666 de 2010 que, con ponencia del entonces magistrado Humberto Sierra Porto, avaló la exoneración que tienen ciertas prácticas con arraigo cultural, como la tauromaquia, de las sanciones y castigos que afrontan quienes incurren en maltrato animal.

Dicho fallo estableció que la tauromaquia estaba permitida en Colombia, al menos hasta que el Congreso dispusiera lo contrario. "La excepción allí planteada permite, hasta determinación legislativa en contrario, si ello llegare a ocurrir, la práctica de las actividades de entretenimiento y de expresión cultural con animales allí contenidas, siempre y cuando se entienda que estos deben, en todo caso, recibir protección especial contra el sufrimiento y el dolor", advierte el fallo.

Dicho precedente fue ratificado en la Sentencia C-889/12 en la que la Corte, con ponencia de magistrado Luis Ernesto Vargas, dispuso que "la competencia de prohibir las corridas de toros en el territorio nacional es exclusiva del legislador y no de las autoridades locales".

Redacción Justicia
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