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Consejo de Estado elige como Auditora a candidata criticada por presidente Petro

María Anayme Barón Durán es contadora pública y trabajó en la Contraloría de Bogotá.

María Anayme Barón, nueva auditora general de la República

María Anayme Barón, nueva auditora general de la República Foto: Archiva

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El Consejo de Estado eligió en la tarde de este martes a María Anayme Barón Durán como nueva auditora general de la República.
Barón es contadora pública de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, de Sogamoso (Boyacá); así mismo, tiene una especialización en finanzas públicas de la Escuela Superior de istración Pública de Boyacá y una maestría en la Universidad Libre de Bogotá.
La nueva auditora ha estado vinculada a las alcaldías de Nobsa, Firavitoba y Puerto Boyacá, también ha trabajado en la Empresa Territorial para la Salud (Etesa) y la Contraloría General de Boyacá.
De ese departamento fue gobernadora encargada en distintos momentos en el año 2015.
Desde 2016 trabajó en la Contraloría de Bogotá en distintos cargos, allí fue asesora de Despacho, directora técnica de Participación Ciudadana y Desarrollo Local, directora técnica de Reacción Inmediata, contralora auxiliar y contralora encargada.
Así mismo, ha sido contratista de la Contraloría General de la República, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y el Ministerio de Justicia.

La crítica del presidente Gustavo Petro

Gustavo Petro, presidente de Colombia.

Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto:Presidencia

La nueva Auditora no parece estar en los afectos del hoy presidente Gustavo Petro, o al menos así era en 2017, cuando el ahora jefe de Estado la cuestionó en una publicación en sus redes sociales.
Como lo publicó EL TIEMPO en las últimas horas, en Twitter (hoy X), Petro dijo: “María Anayme Barón Durán, es asesora grado1 de Juan Carlos Granados en la Contraloría de Bogotá, fué su secretaria de Hacienda en Boyacá. oriunda de Nobsa como Umbarila, investigada por detrimento patrimonial, cuyo esposo es contratista de los gobiernos de Juan C Granados” (Sic).
La persona de apellido Granados a quien se refería el hoy primer mandatario es Juan Carlos Granados Becerra, quien en la actualidad es magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
Para noviembre de 2017, cuando Petro publicó el mensaje sobre Barón, Juan Carlos Granados Becerra se desempeñaba como contralor de Bogotá, cargo que ocupó entre el 1.° de junio de 2016 y el 31 de diciembre de 2019.
Granados fue además gobernador de Boyacá cuando Barón trabajó como Secretaria de Hacienda y Delegada para la Contratación de ese departamento.
En noviembre del 2018 la Fiscalía General le imputó al hoy magistrado Granados cargos por, supuestamente, intentar beneficiar a Odebrecht cuando fue candidato y luego gobernador de Boyacá entre 2012 y 2015.
Ese caso avanzaba en la Corte Suprema de Justicia pero en 2021, tras su posesión en la Comisión de Disciplina Judicial, la Corte le envió a la Comisión de Acusación del Congreso la investigación que llevaba.
Esto debido a que Granados ahora tiene fuero integral de magistrado y por lo tanto su proceso debe llevarlo la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

La nueva auditora fue llamada a juicio en la Procuraduría

Contratos -contrato realidad

Contratos -contrato realidad Foto:EL TIEMPO

De otro lado, en enero de este año la Procuraduría General de la Nación informó que había formulado pliego de cargos, lo que equivale a un llamado a juicio disciplinario, a cuatro exfuncionarios de la gobernación de Boyacá (2012-2015) por presuntas irregularidades en compra de un lote por $1.518 millones.
Entre los llamados a juicio está María Anayme Barón Durán, quien fue llamada como secretaria de Hacienda y Delegada para la contratación de Boyacá para la época de los hechos.
También aparecen Yanneth Álvarez Moreno, directora de Planeación Territorial; Mario Orlando Niño Avendaño, secretario de Minas y Energía y, Luis Gerardo Pérez Villamarín, funcionario de Minas y energía.
Lo que la Procuraduría investiga son presuntas irregularidades en la compra de un lote para construir un parque científico, tecnológico y de innovación del sector Minero-Energético.
Según el órgano de control, los estudios de prefactibilidad y el plan maestro para la construcción del parque recomendaron adquirir el lote en el municipio de Tópaga, incluyendo la ubicación exacta del terreno, de 32.200 metros cuadrados, y un diseño preliminar de las instalaciones físicas que lo conformarían.
Solo con esos datos, y sin una confirmación previa sobre las características del predio, la Gobernación de Boyacá contrató a un experto de Asolonjas para la elaboración del avalúo comercial, que arrojó un precio de $1.518.200.000.
El negocio se hizo y se pagó el lote al final del perioodo gubernamental año 2015, comprometiendo además recursos de la vigencia 2016, pero tan solo en 2017, cuando funcionarios de la nueva istración hicieron una visita técnica de reconocimiento, encontraron una serie de irregularidades.
Entre esas falencias está que el terreno está atravesado por una vía, lo recorren varios riachuelos y la tierra se mantiene anegada. Además, hay algunas explotaciones mineras con títulos vigentes y no hay certeza sobre sus verdaderos linderos.
En X: @Justicia ET

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