Operación Orión: Colombia reconoció ante Corte IDH caso de desaparición

Este martes, en una audiencia pública, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) escuchó el caso por la desaparición forzada de Arles Edisson Guzmán Medina, ocurrida en Medellín el 30 de noviembre de 2002, durante la llamada Operación Orión.

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En esta audiencia, que es similar a un juicio en el proceso penal, la Corte IDH escuchó a víctimas, peritos, testigos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al Estado colombiano. Todo se convertirá en insumos para que el tribunal internacional, a futuro, tome una decisión frente a si condena o no a Colombia por esta desaparición.

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En este caso, el informe de fondo de la CIDH señala que los hechos se dieron en el marco de la Operación Orión, ocurrida semanas antes de la desaparición de Guzmán Medina, y recalcó la existencia de un vínculo entre grupos paramilitares y de la Fuerza Pública en Colombia, “en el contexto específico de colaboración en la Comuna 13, donde ocurrieron los hechos, así como también la vinculación con la actuación de la fiscalía y agentes estatales.

La Comisión también dijo que el Estado “no emprendió una investigación de oficio” sino tiempo después, lo que habría violado el derecho a la personalidad jurídica, la vida, la integridad personal y la libertad personal, así como la violación a las garantías judiciales y a la protección judicial por la falta de diligencia en la investigación.

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La primera intervención que escuchó la Corte fue la de Luz Enith Franco, esposa de Guzmá Medina, quien contó cómo su vida se rompió y cómo perdió la mitad de su vida con la desaparición de su esposo hace 20 años.

Ella refirió que ese día de la desaparición llegaron hombres armados al asadero de pollos que tenía con su esposa a preguntar por su “patrón”, ella les dijo que él era su esposo, no su patrón, los hombres se fueron pero volvieron en la tarde y dijeron que tenían que llevarse a Guzmán en un taxi porque el “patrón” de ellos tenía que hacerle unas preguntas. Se lo llevaron y nunca más lo volvió a ver.

Franco también contó todas las veces que en Colombia le cerraron las puertas en su búsqueda de verdad y justicia, y destacó que su caso haya llegado hasta la Corte IDH: “Vi acá la oportunidad de que me abrieran una puerta (de justicia), ya que en Colombia me las cerraron todas”.

Además, le dijo a la Corte que quiere que se siga buscando a desaparecidos en el espacio conocido como La Escombrera, en la comuna 13, un antiguo botadero de escombros en donde se presume que estarían los cuerpos de víctimas de desaparición de las operaciones militares hechas en Medellín hace 20 años.

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“Yo sé que en esa montaña hay muchísimas personas. Gracias por abrirme esta oportunidad, no me vayan a dejar sola, llevo 20 años buscando, por favor no cierren esta montaña, sigan buscando. Que el Estado colombiano pague por su responsabilidad en la comuna 13”, expresó.

A su turno, el Estado, representado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) dijo que no le formularía preguntas a Franco, pero la directora de la Andje, Martha Lucía Zamora, le dirigió unas palabras: “Hoy el Estado se encuentra aquí para asumir la responsabilidad por haberle fallado. Estamos obligados a investigar, juzgar y sancionar estos graves crímenes para que nunca vuelvan a ocurrir”, dijo, y añadió que ningún Estado debería aceptar ese tipo de prácticas y que el Estado colombiano está obligado a responderle.

También sostuvo: “En nombre del Estado colombiano, pido perdón por el sufrimiento que la desaparición forzada de Arles Edison y la falta de respuesta de las autoridades ha generado en las víctimas. Soy consciente del impacto que este suceso ha tenido en sus vidas. El dolor causado por la desaparición de un ser querido es algo que no puedo describir”.

La directora de la Andje, de otra parte, sostuvo en la audiencia que para la época de los hechos existía un contexto probado de relacionamiento entre los agentes del Estado y los grupos paramilitares en la fase de consolidación de la Operación Orión.

Además, dijo que la desaparición forzada cometida contra Arles Edison se perpetró en circunstancias que coinciden con el modus operandi que ejecutaba el Bloque Cacique Nutibara de las Auc con la aquiescencia de agentes estatales.

Finalmente, reconoció la responsabilidad estatal por no adelantar las investigaciones de lo ocurrido con la debida diligencia.

La siguiente persona en ser escuchada por la Corte fue un perito experto en estudios sobre desaparición forzada, quien respondió preguntas, de manera general y desde su experticia, sobre cómo se analiza la acción directa, omisión, aquiescencia, apoyo, o permisividad de los estados en casos de desaparición forzada; así mismo, habló sobre las responsabilidades de los estados en la investigación de estos casos.

Luego vino otra perito que presentó fotografías y un recuento histórico de la Operación Orión y de la Escombrera, donde se presume que habría cuerpos de desaparecidos.

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