En medio de polémicas, se mueven fichas para fin de Sala Disciplinaria

Desde hace cuatro años, por cuenta de lo poco que se salvó de la Ley de Equilibrio de Poderes, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura debía desaparecer para ser reemplazada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

Pero aunque en las leyes ya no existe, esa Sala ha seguido operando por un fallo del Consejo de Estado que había congelado la conformación del órgano que debía sustituirla, fallo que fue tumbado hace un mes por la Corte Constitucional, que dijo que se había generado un “bloqueo institucional”.

La decisión de la Corte pareció marcar el inicio del fin de una Sala cuya extinción, precisamente, se abrió paso en el 2015 por causa de todas las polémicas que la han rodeado. Sin embargo, los pasos para que esta Sala entregue sus funciones a la Comisión de Disciplina Judicial todavía son numerosos.

Mientras tanto, sigue despertando cuestionamientos y manteniendo funciones claves como tomar las decisiones disciplinarias contra jueces, fiscales, abogados (sancionó a más de 22.000 empleados judiciales entre 1992 y 2019), y dirimir conflictos de competencias entre la justicia ordinaria y la militar, tan polémicos en medio de denuncias de excesos de la Fuerza Pública.

Los señalamientos de vieja data contra esta Sala se dan porque tiene a dos magistrados ‘eternos’ que llevan 12 años en un cargo que era de 8 –Julia Emma Garzón y Pedro Sanabria–, pero también por denuncias de acoso sexual, presuntos hechos de corrupción como los que involucraron al exmagistrado Henry Villarraga, o el carrusel de pensiones, de hace siete años.

En la última semana, la Sala Disciplinaria volvió a quedar en el foco público por una decisión que apartó al magistrado Ariel Augusto Torres Rojas del proceso que lleva la Corte Suprema contra el exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos. En ese fallo de tutela, la Judicatura cuestionó al magistrado por la filtración de una supuesta ponencia –revelada por Noticias Uno en julio– que hablaba de una condena de 19 años contra Ramos por ‘parapolítica’. El fallo también dio una orden inédita: elaborar una nueva ponencia, pues Torres había radicado su proyecto de fallo en marzo.

Aunque la Corte Suprema cumplió y apartó a Torres, señaló que la Corte Constitucional debería revisar la tutela, cuestionó la competencia de la Sala Disciplinaria para tomar esta decisión y, además, dijo que sin pruebas, “sin explicación o razón alguna”, sacó al magistrado del proceso.

Incluso, Torres le pidió a la Sala Disciplinaria anular su fallo, al que calificó como un acto “apartado de la Constitución y la ley”, y señaló que el camino que ella abrió lleva a que cualquier investigado busque por medios irregulares que se filtre una ponencia para que se aparte a su juzgador y su caso quede en manos que le resulten más favorables.

El fallo de la Sala Disciplinaria sobre Ramos se publicó siete días antes de que Garzón y Sanabria le enviaran al Congreso una carta en la que le dicen que, ante el fallo de la Corte Constitucional, dejan su cargo a su disposición. En ese oficio, los magistrados no hablaron de renuncia, a pesar de que la Corte Constitucional dijo que un periodo de más de 8 años es inconstitucional, pues no hay ninguna norma para ampliarlo.

Fuentes del Congreso afirman que esa carta fue enviada al presidente del Legislativo, quien deberá definir si convoca a una sesión para revisar qué hacen con los cargos de Garzón y Sanabria. Pero la otra opción que evalúan es no decidir nada por ahora –para evitar tener que nombrar a dos magistrados encargados en esos puestos por tres meses, ya que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial debe quedar conformada antes del 20 de diciembre– y tomar la decisión cuando hagan la plenaria para elegir a los siete magistrados de esa nueva institución.

El jueves, el Consejo Superior de la Judicatura publicó las reglas bajo las cuales se adelantará la convocatoria con la que debe conformar cuatro ternas. Lo mismo hizo el presidente Iván Duque, que emitió un decreto para hacer la convocatoria de la que saldrán sus tres ternas. Esas propuestas deben ser enviadas al Congreso para que elija a los siete magistrados de la Comisión de Disciplina Judicial.

Según las fuentes del Congreso, tan pronto les lleguen las ternas, deben pasar por la Comisión de Acreditación, que revisa que cumplen los requisitos, y ocho días después se haría la convocatoria al pleno del Congreso para elegir a los nuevos magistrados.

JUSTICIA

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