¿Por qué Carlos Camargo le pide a la Corte Constitucional que declare una grave crisis en el sistema de salud?

En su petición, el funcionario también le solicitó al alto tribunal celebrar una audiencia en la que se evalúe la actual crisis de la salud y su impacto en la vulneración de los derechos humanos a la vida, la salud y la integridad de los colombianos, con el fin de hallar soluciones efectivas.

En entrevista con EL TIEMPO el funcionario explicó las razones por las que realizó la petición a la Corte.

Sólo en enero y febrero de este año se presentaron un promedio de 20,300 tutelas por mes, esto significa que cada día hábil en Colombia se presentan 1000 tutelas relacionadas con el derecho a la salud. Pero no sólo el indicador de tutelas evidencia una crisis en el sistema de salud. Nuestras 42 Defensorías regionales y nuestra Delegada para el Derecho a la Salud permanentemente desarrollan jornadas de promoción y protección del derecho a la salud, en el marco de nuestra estrategia Defensoría en tu Comunidad y es evidente el incremento de barreras, obstáculos y negaciones en materia de salud, inicialmente con servicios y tecnologías no incluidos en el plan básico de servicios de salud, esto es con lo que se financia desde la fuente de presupuestos máximos, en especial enfermedades crónicas, huérfanas y de alto costo.

Ahora estamos viendo un incremento en las barreras, obstáculos y desprotección incluso en lo que está cubierto por el PBS, o sea lo que está en el POS, que también está siendo negado. Adicionalmente, evidenciamos una gran crisis en los modelos de salud del magisterio y la fuerza pública. Nuestros maestros y maestras pareciera que no están asegurados por el sistema, la atención es escasa, los canales para resolver los casos son deficientes y la situación, sobre todo de los pacientes que requieren tratamientos continuos y costosos, no encuentran solución a sus casos. En nuestras visitas a los centros penitenciarios y a los centros transitorios de privación de la libertad evidenciamos que, si la situación para quienes estamos libres es crítica en materia de salud, para las personas privadas de la libertad, que son más vulnerables, exponencialmente es más grave.

La salud es un derecho humano y todas las personas somos titulares de este derecho. No puede ser visto exclusivamente como un servicio público. A todas las personas se les debe garantizar el a los servicios de salud y esto incluye, incluso, a quienes no tienen un carnet de afiliación a una EPS, los migrantes que no tienen regularizado su estatus y las personas privadas de la libertad. Pero incluso quienes no tienen afiliación a una EPS, como los migrantes y otras personas. El hecho de que se presenten alrededor de 1000 tutelas cada día hábil en Colombia, significa que esas personas sintieron violado su derecho y que todos los actores del sistema, tanto los particulares que prestan servicios públicos de salud, como las autoridades nacionales y territoriales, no fueron suficientes para proteger el derecho. Por eso, la gente acude subsidiariamente a una acción de tutela.

En primera instancia, porque a pesar que la sentencia T-760 de 2018 es una sentencia integral que ratificó el derecho a la salud como un derecho humano, la Corte Constitucional, en esa oportunidad, no declaró el estado de cosas inconstitucional, como si lo ha hecho en otras oportunidades como en el caso de La Guajira y de las cárceles en Colombia.
Las condiciones para que en el sistema de salud no se esté entendiendo a la salud como un derecho humano y que los mecanismos constitucionales de protección no sean suficientes para que a las personas se le presten los servicios y se les proteja su vida y salud, generan como una especie de inaplicación de la Constitución en este sector. Es como si no hubiera Constitución Política. Como si la institucionalidad establecida en las normas jurídicas no fuera suficiente para que el derecho a la salud se vea garantizado y protegido de manera afectiva.
Por eso, la Corte debe declarar el estado de cosas inconstitucional en materia de salud y emitir unas órdenes encaminadas a superar esta situación y concebir el derecho a la salud como un derecho humano, garantizado a todas las personas residentes en el territorio colombiano.

Redacción Justicia
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