El exministro de Comunicaciones Saulo Arboleda instauró ante el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez Alzate, un derecho de petición en el que le recuerda que el 15 de septiembre vence la fecha límite que le concedió al Estado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que le garantice un mecanismo de revisión de la condena dictada en su contra en octubre de 2000 por el llamado ‘miti miti’.
Así lo ordenó la CIDH en informe de fondo n.º 326/20, que tenía un plazo inicial de tres meses que venció el 15 de junio.
Dicho plazo fue extendido por la Comisión por tres meses más a petición de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para poder cumplir con las recomendaciones, que incluyen, entre otras, disponer una medida de “reparación integral” por violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judiciales.
“Me permito solicitarle dar a mi conocimiento, a más tardar el próximo 15 de septiembre, las medidas adoptadas por Colombia para garantizarme la impugnación o segunda instancia y poder así solucionar los enormes perjuicios que están causando las inexcusables dilaciones, tanto al suscrito como a Colombia, que bien pueden evitarse en defensa del interés colectivo y de nuestro Estado de derecho”, expresó Arboleda en la carta, conocida por EL TIEMPO.
El problema en este asunto reside en que ya la Corte Suprema de Justicia negó en abril la posibilidad de revisar la condena de 54 meses impartida a Arboleda, al indicar que cuando esta fue impartida, en 2000, no había doble instancia para aforados, ya que la reforma de la Constitución que la permitió solo se aprobó en 2018.
Cabe recordar que, por orden de la Corte Constitucional, se abrió la posibilidad de revisar sentencias de única instancia dictadas desde enero de 2014.
El exministro dijo en la Carta que esa decisión, en su crtierio, viola la Convención Americana de Derechos Humanos. “Tanto es así que para llenar ese vacío hoy cusa en la Comisión Primera de la Cámara el proyecto de ley estatutaria #129/2021 de iniciativa parlamentaria que ‘garantiza el derecho fundamental a la doble conformidad’”, dijo.
De no cumplirse las recomendaciones, la CIDH podría presentar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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