Estos son los directivos de la Fundación San Martín condenados por el escándalo de estafas a estudiantes

El escándalo que hace 10 años se desató en la Fundación Universitaria San Martín por malos manejos que incluían inscripciones irregulares de estudiantes a carreras sin tener certificados oficiales para ello, acaba de dejar los primeros condenados en un juzgado de Bogotá.

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Familiares y directivos cercanos a Mariano Alvear, fundador del centro educativo, fueron sentenciados por los delitos de estafa agravada en masa y enriquecimiento ilícito, cometidos desde el año 2014, cuando en el centro educativo empezaron a inscribir a estudiantes en cerca de 15 programas sin que el Ministerio de Educación los tuviera acreditados. Eso generó un rechazo por parte de la comunidad estudiantil, la cual se vio afectada porque no podían graduarse con un cartón que fuera válido.

El entramado lo tenían montado desde la junta directiva o el famoso 'plenum', al cual pertenecían Martín Alvear, hijo del fundador, y su esposa Xiani Piedad Ocampo. Ellos son unos de los sentenciados por los dos delitos. La jueza Gloria Rossmary Mahecha les dictó una pena de 10 años de cárcel.

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La tercera condenada es Ana Rosalba Galvis -a tres años y medio de prisión-, quien tenía el control financiero de la San Martín. Y el otro es Luis Fernando Sánchez, el contador que manipuló todas las cifras al antojo de los directivos salpicados. No obstante, dentro del proceso fue absuelto Jorge Eliécer Paternina, quien fue señalado como el enlace con las notarías que servían a los intereses de la familia Alvear. Para la jueza, él fue solo un mensajero que desconocía de los intereses ilegales.

Este expediente estaba en un despacho desde hace siete años, cuando la Fiscalía decidió procesar a la cúpula de la universidad por las graves irregularidades encontradas, imputándoles seis delitos que fueron prescribiendo hasta llegar a solo dos. Los que quedaron por fuera son el concierto para delinquir, fraude procesal, falsedad en documento público y fraude a resolución judicial.

Para el abogado Jaime Salamanca, integrante de la firma Gómez Urueña y quien trabajó en la representación de la misma Fundación -ahora con otro mandato- como víctima del entramado, "la decisión es un logro, pues pese a que los hechos ocurrieron hace más de 10 años y cuatro delitos prescribieron, obtener la condena de cuatro exdirectivos y la devolución de seis inmuebles en los que reciben clase los estudiantes, reivindica el buen nombre de la institución y confirma su compromiso con la educación superior en nuestro país".

En el juicio se comprobó que de la familia Alvear desviaron el dinero de la Fundación hacia el exterior y a otras cuentas bancarias, comprando bienes que quisieron pasar como suyos para enriquecerse. "Además, usaban documentación falsa para levantar las medidas cautelares decretadas judicialmente, luego de lo cual, simularon ventas sobre los inmuebles de la universidad a empresas y fundaciones de propiedad de Mariano Alvear o de su círculo cercano; ello con el fin de sustraer esos bienes de la persecución de los acreedores", dice la decisión de primera instancia.

Otro señalamiento grave tiene que ver con que a través de una fiducia, Ocampo y Alvear obtuvieron 64.000 millones de pesos y 2,5 millones de dólares para pagar deudas de la universidad, algo que nunca se concretó porque la plata fue a dar a manos de ellos, dejando en crisis a la institución.

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Un testigo clave en el caso fue Rodrigo Acosta, inspector desde 2014 a 2016 en la Fundación. Él explicó el descontento que había en la comunidad académica por la falta de pagos a profesores y la imposibilidad que tenían los estudiantes para poder graduarse.

La postura de los abogados defensores fue la de pedir la absolución de sus clientes, cada uno argumentando por qué debían salir bien librados. Por su parte, un estudiante de Ingeniería de Sistemas resaltó al despacho que todo lo visto en la Fundación se presentó en pérdida, pues al acudir a la Universidad del Bosque, lugar en donde continuó su estudio, le informaron que era imposible homologar los contenidos programáticos, pues ya eran conocidas las falencias que se presentaban al interior de cada programa".

En ese sentido, para el abogado Salamanca, "esta decisión también es una victoria de los estudiantes, pues con ella se conoció la verdad y se impartió justicia en contra de quienes los defraudaron y desfalcaron el patrimonio de la institución".

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Así las cosas, en la pizarra de decisiones el partidario quedó así: la jueza indicó que Ana Rosalba Galvis y Luis Fernando Sánchez quedan sentenciados por estafa y absueltos por enriquecimiento ilícito, y que Xiani Piedad Ocampo y Martín Alvear sí deben pagar por ambos cargos. Los condenados harán uso del recurso de apelación que les queda ante el Tribunal Superior de Bogotá, para que la magistratura revise el caso.

Carlos López - Redacción Justicia