Infancia desprotegida: el abismo entre las leyes y la realidad en Colombia

El 11 de noviembre de 2023 Nataly*, de tres años, pasó todo el día con su papá, Ricardo*. En la tarde, ya en casa de su mamá, Luz Helena*, la niña le contó que sentía dolor. “Mi papá me estuvo sacando unos bichitos de la vagina con un aparato rosado”, le dijo.

Luz Helena no sabía cómo proceder ni a quién acudir. Al final le dijeron que fuera a un servicio de urgencias para que allí activaran el Código Fucsia, un Protocolo de Atención Integral Para Víctimas de Violencia Sexual.

En la Clínica El Rosario, en Medellín, donde acudieron, una ginecóloga revisó a Nataly y encontró la vagina irritada y enrojecida, aunque sin evidencia de penetración. Por eso, decidió no ordenarle exámenes ni remitirla a Medicina Legal. La dio de alta en dos horas, le pidió a Luz Helena mantener alejada a la niña del papá y la remitió para psicología a los tres días.

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Pero cuando llegó a esta cita en el Centro Médico Sao Paulo, la psicóloga le dijo a la madre que en la Clínica El Rosario debieron llamar a la Policía de Infancia y Adolescencia, reconocer los derechos vulnerados de la niña y acudir a las instancias para protegerlos. En pocas palabras, la clínica no activó el Código Fucsia.

Esa actitud señala un primer gran problema: la ignorancia de los procedimientos que ya existen. Ángela Constanza Jeréz es la coordinadora nacional de Niñez Ya, una coalición de organizaciones de la sociedad civil que busca priorizar los derechos de la infancia y la adolescencia en las políticas públicas. Para ella, “a pesar de que existen las leyes, no todos las conocen”.

Nataly se suma a los 53 niños y niñas abusados sexualmente al día en Colombia, según registros de Medicina Legal. Esta violencia está entre las vulneraciones de derechos más recurrentes a menores en el país y en el mundo. Por ejemplo, el ICBF indica que de 71.000 casos que entraron a su sistema de protección en 2023, el 72 % lo hizo por violencia sexual.

Luz Helena regresó a la Clínica El Rosario, donde habían atendido inicialmente a la menor, para pedirles la activación del Código Fucsia y Nataly quedó internada por cuatro días, mientras gestionaban el caso con las autoridades. 

La mamá acudió a la Comisaría de Familia y a la Policía de Medellín para pedir ayuda, por lo que varios agentes fueron a la clínica, llevaron a la niña a la Comisaría y emitieron una orden que implicaba que Ricardo solo podía ver a la menor cada ocho días en una visita supervisada. En mayo de 2024, el caso pasó a otra comisaría donde prohibieron los encuentros entre padre e hija y solo autorizaron videollamadas.

Mucho antes de esa decisión, el 6 de diciembre de 2023, la citaron a una entrevista con una psicóloga forense. La conversación transcurrió de forma hostil y Nataly no logró responder a las preguntas. Unas semanas más tarde, como Luz Helena se enteró de que iban a archivar el caso, solicitaron vía derecho de petición otra entrevista, la cual se hizo en una sala adaptada para niños y Nataly pudo contar lo ocurrido, pero se confundió entre tiempo y espacio. “Necesitaban un relato imposible de una niña de tres años”, cuenta su mamá.

María Cristina Hurtado, abogada y exdefensora de Infancia, Juventud y Adulto Mayor de la Defensoría del Pueblo, explica que esto se ha vuelto la norma: “El proceso dura, en promedio, 12 años. El niño o la niña cambia 10 veces su versión y es legítimo. Resultan revictimizantes los cuestionamientos por cinco operadores”.

Durante los primeros seis meses tras la denuncia ante la Fiscalía, la investigación no avanzó. Fue Luz Helena quien tuvo que recopilar testimonios, como el de la madre de la hija menor del presunto agresor, quien reveló que el aparato rosado al que se refería Nataly era un consolador que había encontrado en su casa. Solo el 24 de mayo de 2024 la Fiscalía le imputó cargos a Ricardo por actos sexuales agravados con menor de 14 años.

Como este caso hay miles. El número de denuncias por delitos contra menores en Colombia registró un incremento del 8 % durante los primeros 10 meses de 2024, sumó 78.124 casos frente a los 71.851 reportados en el mismo periodo en 2023, según datos de la Policía. De acuerdo con los datos, los menores de entre 6 y 12 años son los más vulnerables y las niñas son las principales afectadas, con el 56 % (43.692) del total. 

El abogado Alejandro Ruiz, integrante de la oenegé Aldeas Infantiles SOS, explica que en Colombia toma mucho tiempo acceder a la justicia. “Habría que evitar que se cometan delitos en los próximos 5 años para ponernos al día con los que hay”, dice. En los últimos 10 años el 94 % de las denuncias por violencia infantil han terminado en la impunidad, según los datos solicitados por Aldeas Infantiles a la Fiscalía.

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Gracias a la Constitución de 1991 Colombia empezó a fortalecer su sistema de protección jurídica de la niñez. Ese año, el país ratificó la Convención de los Derechos del Niño e incluyó los artículos 44 y 45 en la Carta Política. Luego, en 1996, la Ley 294 reconoció a los niños como víctimas de violencia intrafamiliar.

En 2006 el país dio un paso enorme con la creación del Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098). Diez años más tarde el Congreso aprobó la política pública De Cero a Siempre (Ley 1804), que propende por un desarrollo integral de la primera infancia. En 2017 varias instituciones del Gobierno construyeron la política pública para la erradicación del trabajo infantil, luego otra para poner fin a la explotación sexual de menores y, finalmente, la Política Nacional de Infancia y Adolescencia 2018-2030.

El paquete de leyes, normas, políticas y decretos sobre el tema incluye la política pública de prevención de reclutamiento forzado, construida en 2019, y la Ley 2089, que en 2021 prohibió el castigo físico y el trato cruel. Además, desde el 2023, la Ley 2328 busca garantizar una atención integral a la niñez, y el pasado 14 de noviembre de 2024 el Congreso aprobó la normativa que prohíbe el matrimonio infantil.

En resumen, el país lleva casi tres décadas de avances legislativos, campañas y llamados permanentes de protección a la niñez. Aún así, en Colombia al menos 100 niños, niñas o adolescentes sufren al día algún tipo de violencia, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

“Vemos que hay una norma robusta, pero realmente una Fiscalía inoperante que no está obedeciendo a las necesidades del país”, asegura el abogado Ruiz, uno de los promotores de la Ley 2205 de 2022. Esta norma ordenó crear, dentro de la Fiscalía, la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados Cometidos contra la Infancia y la Adolescencia.

Sin embargo, el año 2023 terminó sin que la Fiscalía hubiera creado esa unidad en el plazo estipulado, por lo cual el Consejo de Estado le ordenó hacerlo, pero solo en junio pasado, por medio de la resolución 0268 de 2024, la Fiscalía formalizó este mecanismo, que actualmente opera con un equipo central y 12 seccionales en Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Cali, Caquetá, Córdoba, Medellín, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca.

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Pero el personal de la Unidad es insuficiente para atender los casos de manera eficiente, dice el abogado Ruiz, y una fuente de la Fiscalía dijo que en el equipo central de la unidad actualmente hay 10 fiscales adscritos y 17 profesionales de diversos campos. Además, en cada seccional trabajan alrededor de tres fiscales más otros funcionarios, en su mayoría trasladados desde la Unidad de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar. La ley que ordena a la Fiscalía crear esta instancia no contempló recursos económicos adicionales para su funcionamiento.

El 9 de julio de 2024 Yeidy Castrillón habló por última vez por celular con su hija Kendall Stefany Arbeláez Castrillón, de 10 años. La niña, muy apegada a su abuelo Conrado Castrillón, vivía con él en San Rafael (Antioquia) y tenía previsto volver con su mamá a Puerto Libertador, Córdoba, en 2025. Pero dos días después tanto el hombre como la niña desaparecieron.

La familia interpuso una denuncia, pero las autoridades solo aceptaron la de la desaparición del hombre, cuenta Castrillón. Comenzaron a buscar y un vecino, el 12 de julio, halló a 10 minutos de la finca el cadáver del abuelo con un golpe en la cabeza. Ahora, han pasado más de 180 días desde la última vez que vieron a la niña con su abuelo en el pueblo, pero hasta el momento la Fiscalía no ha producido reportes ni ha establecido hipótesis ni quiénes puedan ser los sospechosos.

Su caso no es el único. De acuerdo con Medicina Legal, en los primeros 10 meses de 2024 desaparecieron 2.758 personas en Colombia y el 40 % de ellas eran menores de edad. A este tipo de violencias se suma la de mayor crueldad: en el país asesinaron a más de 370 menores en 2024. Es decir, en promedio, una niña o niño al día.

Para contrarrestar esa problemática, en septiembre de 2023 el Congreso aprobó la Ley 2326, más conocida como Alerta Rosa, que ordena al Gobierno crear un mecanismo de búsqueda inmediata y masiva para localizar a niñas, niños, adolescentes y mujeres desaparecidas.

Esta ley establece que la entidad que recibe la denuncia debe difundir la alerta de desaparición a múltiples actores, mediante un mensaje de texto, para coordinar con otros países y evitar traslados ilegales. El Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Justicia, tenía plazo para reglamentar este mecanismo hasta el 13 de marzo de 2024. Un mes después, el 14 de abril, publicaron apenas un borrador del proyecto y solo el 27 de noviembre, ocho meses más tarde, lo reglamentaron oficialmente.

Mientras este mecanismo comienza a operar, en los cuatro meses que disponen las entidades según el decreto, las familias pueden acudir a varias instancias, entre ellas la línea 141 del ICBF para reportar una desaparición. Ruiz, quien ha reportado más de 70 casos de este tipo, denuncia que el Instituto se demora entre 20 y 30 minutos, en promedio, para contestar las llamadas.

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A comienzos del pasado diciembre, cinco meses después de que desapareció Kendall, por solicitud del abogado de la familia, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una circular amarilla para dar aviso a 196 naciones sobre lo ocurrido. Este tipo de acciones deberían producirse de forma automática e instantánea cuando empiece a operar la Alerta Rosa.

El mecanismo de la Alerta Rosa exige articular 17 entidades estatales, y contar con el apoyo de medios de comunicación, organizaciones sociales y la ciudadanía en general. Esa complejidad dificultó su reglamentación. Pero no solo es una cuestión de disposición y voluntad, también se requiere dinero y personal.

“No tenemos la infraestructura para que esa alerta nos pueda mostrar que hay capacidad institucional de respuesta”, asegura Ruiz. Por su parte, Constanza Jérez afirma: “No hay respuestas intersectoriales y falta articulación”.

Astrid Cáceres, directora del ICBF, concuerda: “Necesitamos poder llegar juntos al territorio y superar la sensación de que a cada sector le corresponde un pedazo de la niñez. El niño necesita una garantía integral y que todos actuemos a tiempo”.

A comienzos de noviembre de 2024 se realizó por primera vez en el mundo, en Bogotá, la Conferencia Ministerial Mundial para poner fin a las violencias contra niñas, niños y adolescentes. El Gobierno Nacional llegó al evento con una propuesta que tituló 'A tiempo' y se comprometió a crear en 18 meses un sistema integrado por actores públicos y privados para prevenir, identificar y gestionar alertas sobre riesgos y hechos de violencia contra la niñez. En cuanto a los recursos necesarios, el Gobierno dijo que no tiene estudios de costos “a precisión”, pero calcula que requerirá destinar al menos 30.000 millones de pesos, sin especificar de dónde saldrían.

Para Jerez, la violencia infantil comienza en el hecho de que, en la práctica, la sociedad no reconoce a los niños y niñas como sujetos de derechos, y la abogada Hurtado asegura que hay que tratar de cambiar esa cultura y no repetir discursos de populismo punitivo como la cadena perpetua.

“La impunidad no se resuelve aumentando penas, sino fortaleciendo los juzgados, las comisarías de familia y las defensorías de familia. Necesitamos una justicia fuerte y un cambio cultural”, asegura.

* Los nombres fueron cambiados para proteger a la menor víctima y a su familia.

Mariana Guerrero Álvarez 

Vorágine y Connectas**

(**) Connectas es una iniciativa periodística sin fines de lucro que promueve la producción, el intercambio, la capacitación y la difusión de información sobre temas claves para el desarrollo de las Américas. 

Este texto fue editado por razones de espacio.