La respuesta de jueces de Bogotá a la alcaldesa Claudia López

La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá rechazó las declaraciones de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López Hernández, frente al actuar de los jueces y el efecto de sus decisiones en la seguridad ciudadana.

"Si los jueces siguen sin tener un compromiso con la seguridad de Colombia no vamos a salir adelante como nación (...) si aquí la justicia no se pone del lado de la ciudadanía y no del lado de la impunidad va a ser muy difícil recuperar la

seguridad”, fue la declaración de la alcaldesa que generó el pronunciamiento del Tribunal.

El magistrado Juan Carlos Lopez Arias, presidente de la Sala Penal del tribunal señaló: los jueces en Colombia y, en particular en nuestro Distrito Capital, son fieles a los principios y mandatos constitucionales, en especial, la legalidad de ahí que en todas sus decisiones el punto de referencia es la ley  (...) las afirmaciones de la Alcaldesa desconocen las bases constitucionales que exigen al Juez garantizar y respetar los derechos de los ciudadanos".

En un comunicado añadió que la razón de ser de los jueces en asuntos penales, "es garantizar el debido proceso, así como los derechos de quienes de una u otra forma deben acudir a esos asuntos".

Y añadió: "La independencia y autonomía judicial no puede desconocerse con afirmaciones como las señaladas en la que, además, se invita a los jueces a apartarse de la ley y se les expone ante la opinión pública como factores que generan la inseguridad ciudadana".

Insistió que la colaboración armónica entre los poderes públicos "exige que la señora Alcaldesa, públicamente, precise su posición y reivindique la función judicial que, denodadamente, cumple la judicatura en nuestra ciudad".

Más temprano se habían pronunciado en un comunicado los jueces de la ciudad señalando que solo niegan en promedio el seis por ciento de las medidas de aseguramiento que pide la Fiscalía.     

Igualmente calificaron que las personas quedan en libertad no solo por decisión de los jueces de control de garantías, sino por aspectos como el vencimiento de términos o casos en los que la Fiscalía desiste de la detención.

@JusticiaET