La grave denuncia de la Cruz Roja por invasión a un predio en exclusivo sector de Chía

En uno de los tramos de la vía que conduce desde Bogotá a Chía, hay un predio que está inmerso en una intensa disputa jurídica porque la Cruz Roja Colombiana denuncia que se lo invadió un hombre de manera abiertamente ilegal, con supuestos favorecimientos irregulares por parte de la inspección de policía y la Secretaría de Gobierno del municipio.

(Puede ver: El historial del negociador de paz liberado tras su captura: aparece intento de atentado al Metro de Medellín)

Se trata de un lote ubicado en un exclusivo sector de Chía, rodeado de importantes fábricas y contiguo a la Universidad de la Sabana. En el expediente, al que tuvo EL TIEMPO, aparece que la totalidad del predio es de 33.000 metros cuadrados, y aunque casi la mitad está arrendada a una compañía, la otra -avaluada en 25.000 millones de pesos- según la Cruz Roja está en riesgo de ser arrebatada por Israel Ángel Agudelo, las presuntas negligencias istrativas de la inspectora Blanca Molina y las de María Teresa Cantor, execretaria de Gobierno de la pasada istración local. 

El lote se llama El Eucaliptus, y la historia que llevó a la institución -enfocada en la atención y ayuda humanitaria en el territorio nacional- a encender sus alarmas, se remonta al año 2022, cuando el 9 de noviembre la empresa de vigilancia les reportó que había una presencia extraña en la zona. Un funcionario fue a verificar lo sucedido y pidió ayuda al CAI de la Policía para que les ordenaran a quienes habían llegado al lugar, irse de la propiedad privada.

Por unos días, no hubo mayor novedad, hasta que el 8 de diciembre de ese año, el equipo de seguridad vio que nuevamente Israel Agudelo se había entrado sin permiso. Esa vez, llegó en un carro del que se bajó para presuntamente empezar a construir un cambuche. El argumento de él es que posee esa tierra desde el año 2007. 

(Puede ver: Jaime Ramírez Cobo, otro de los exfuncionarios salpicados en el caso UNGRD que salió de Colombia)

EL TIEMPO habló tanto con la Cruz Roja Colombiana como con Agudelo, quienes tienen versiones ampliamente opuestas que llevaron a ambas partes a emprender acciones penales y civiles ante la Fiscalía y ante un juzgado de Zipaquirá.  

Francisco Moreno, director nacional de la Cruz Roja Colombiana, le afirmó a este diario que no hubieran querido llegar a esta situación, debido a que la labor que cumplen es meramente humanitaria. Sin embargo, no dudó en asegurar que el mandato que tiene es proteger el bien que le pertenece a la institución.

"En este momento está en riesgo un inmueble muy importante para la Cruz Roja que queda en Chía, delante del peaje, el cual adquirimos desde 1986", contó el directivo, añadiendo que desde 2022 han demostrado con documentos y testimonios que son los dueños de El Eucaliptus, pero que pese a ello no entiende por qué las autoridades no les quieren reconocer su propiedad y posesión.

Los cuestionamientos empezaron a surgir desde que el 8 de diciembre de 2022, Israel Agudelo llegó con una acción policiva que había interpuesto el día anterior. En ella argumentó ser el poseedor del predio y no pudieron sacarlo mientras salía una decisión.

(Puede ver: Alias Dollarino y los secretos de la mafia italiana en el negocio de la droga en Colombia)

A quien le tocó ese caso fue la inspectora Blanca Molina, que al ser ada por EL TIEMPO dijo que actualmente no tiene ningún caso de ese tipo, sin responder a los cuestionamientos que le ha hecho la entidad humanitaria.

Cuatro días después, el 12 de diciembre, la Cruz Roja también puso una querella para desalojar al hombre, la cual se acumuló en el despacho de Molina en un solo proceso que salió a favor de Agudelo. La primera irregularidad que advierten los abogados de la entidad es que al momento de evaluar el caso, la inspectora les descartó como prueba todos los papeles y testimonios que certifican que desde 1986 son los poseedores del terreno.

"Lo que nos sorprende es que desde el punto de vista de la prueba, los documentos dan cuenta de que ese predio no estaba ocupado desde el tiempo que él (Israel) dice. La Cruz Roja siempre ha tenido la propiedad y posesión", le dijo a este diario Jairo Parra, abogado que representa los intereses del organismo humanitario a nivel civil.

Según ellos, el arsenal de documentos que tienen está compuesto por las escrituras, recibos de arrendamiento al mismo Agudelo -a quien le alquilaron en 2014 el predio para pastaje- y otros documentos oficiales; mientras que en los testigos tienen al exjefe de seguridad de la empresa Yazaki -de la que Israel Agudelo habría sido jardinero- y al entonces jefe de vigilancia de la Universidad de La Sabana. 

La versión que tienen es que empezaron a ver movimientos extraños en El Eucaliptus desde finales de 2022, justo para la época en la que Israel hizo presencia acompañado de lujosos carros como una Hummer y un BMW, algo que ha despertado la atención de los vecinos frente a quiénes estarían detrás del interés por quedarse con el lote.

La segunda instancia fue resuelta por María Teresa Cantor y aunque revocó la orden policial, en la práctica le mantuvo el control del predio a Agudelo, quien no se ha quedado quieto en aras de reclamar lo que dice que le pertenece. 

A través de la abogada Luciana Díaz Rubiano, de Quípama, Israel Agudelo puso una demanda ante un juzgado de Zipaquirá con la que pide que se le reconozca como dueño del predio porque desde 2009 -dos años de diferencia a lo dicho a este medio- ha venido ejerciendo un manejo pacífico con el cuidado de ganado. Además, que como ya pasaron 10 años, sería el merecedor de la tierra.

(Puede ver: El emporio del tusi y de la muerte por la que cayó 'Chino San Vicente' del 'Tren de Aragua': este es su dosier)

"Llevo desde 2007 ocupando ese lote, estaba abandonado, yo he sido el que lo ha cuidado, mantenía vacas, terneros. Los de la Cruz Roja llegaron hace dos años", afirmó Agudelo, resaltando dos cosas: que cuando supuestamente llegó, no le preguntó a nadie de quién era esa tierra, y que es falso que en 2014 fue a pedirlo en arriendo a la Cruz Roja. 

Asimismo, este hombre añadió que su abogada es la encargada de los asuntos más técnicos, aunque dijo no tener su número telefónico, pues para verse le habla desde distintas líneas.

Mientras el abogado Parra dice que ya presentaron el recurso contra el auto isorio de la demanda de Agudelo, a nivel penal también se tomaron medidas. 

El penalista Sócrates Saavedra, en representación de la Cruz Roja, denunció a la inspectora Molina y a la exsecretaria Cantor, así como a los testigos que llevó Agudelo, contra quienes pretenden cargos por supuesto falso testimonio.

"Como víctimas hemos solicitado a la Fiscalía determinar si los tentáculos corruptos de bandas de tierreros, han permeado a la Alcaldía de Chía y a su inspectora de policía para apropiarse de los recursos que son para ayuda humanitaria en el país", le dijo el penalista a este medio.

Y es que en la demanda de Díaz, se incluyó que su cliente tiene arrendado el predio desde abril del año pasado a su hermano José del Carmen Díaz Rubiano, con fines comerciales. Este hombre aparece reseñado en documentos del sector de la minería, y al parecer sería cercano a una poderosa familia de esmeralderos de Quípama, así como a políticos del pueblo de Boyacá.

Bryan Rodríguez, jefe jurídico de la Cruz Roja Colombiana, concluyó con que ha estado durante todo este largo proceso y le consta que en 2014, esa tierra fue arrendada a Agudelo; mientras que el director Francisco Moreno hizo un llamado a las autoridades, "que tengan en cuenta todas estas pruebas, testimonios, fotografías de órganos independientes, en las que se evidencia que esta situación se presentó a partir del 9 de noviembre de 2022", pues necesitan hacer uso del terreno para construir unas bodegas estratégicas.

Carlos López - Justicia - @CarlosL49 - [email protected]