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¿Qué podría pasarles jurídicamente a empresarios que maltrataron a empleados en Ibagué?
El Ministerio del Trabajo les cerró temporalmente dos empresas a los hermanos Charry
Gustavo Charry entregó explicaciones al Ministerio de Trabajo. Foto: Redes sociales / Ministerio de Trabajo
Esta semana, en Colombia generó revuelo un video en el que se ve a dos hombres dirigir malos tratos en contra de algunos de sus trabajadores, situación que se presentó en Ibagué, Tolima, y llevó al Ministerio del Trabajo a sancionar a la empresa, conocida como Casta Agroindustrial Ganadera.
Pero como esa compañía tiene el registro mercantil inactivo, el cierre se lo aplicaron a Charry Trading S.A.S y Varchar S.A.S., y se dio en conformidad con el artículo 8 y 11 de la Ley 1610 de 2013, por concurrir "riesgo alto e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores hasta tanto se dé cumplimiento de todas las medidas descritas y se verifique su cumplimiento", fue lo que explicaron las autoridades.
Sin embargo, surgió otra pregunta, y es qué podría pasarles a nivel jurídico a los dos hombres -que son hermanos- implicados en este escándalo. Por ahora, se sabe que se llaman Diego y Gustavo Charry.
Instalaciones de la empresa que fue cerrada de manera temporal. Foto:Ministerio de Trabajo
El primero de ellos es el que habría hecho formar a sus empleados en las instalaciones de la empresa, y fue en ese momento en el que les empezó a hacer comentarios ofensivos, los cuales generaron la reacción de una de las trabajadoras, que rechazó lo ocurrido.
"Esto no lo perdono yo, ¿oyó, don Gustavo? A mis compañeros los respeta", a lo que Gustavo Charry respondió "Me respeta usted a mí". La conversación se subió de tono por parte de los dos hermanos, quienes insultaron en repetidas ocasiones a la trabajadora. Ella terminó diciéndoles a sus compañeros que se fueran de las instalaciones de la oficina.
¿Qué vendría contra los hermanos jurídicamente?
De acuerdo al abogado Camilo Burbano, "el maltrato laboral como tal no está tipificado en el Código Penal. Sin embargo, en el caso que se ha observado por redes sociales, eventualmente se podría confirmar el delito de injuria, que consiste en hacer imputaciones deshonrosas hacia un tercero. Este delito tiene una pena que va desde 16 hasta 54 meses de prisión".
El viceministro de Trabajo, Edwin Palma, y Gustavo Charry, jefe de la empresa denunciada por maltrato. Foto:Ministerio de Trabajo
La injuria se daría por las fuertes palabras que dirigieron los hermanos en contra de los trabajadores formados, y contra la mujer que les pidió respeto hacia ellos.
Sobre esto, el viceministro de Trabajo, Edwin Palma, informó que ya se trasladaron algunas pruebas a la Fiscalía General de la Nación para que evalúen si hay motivos para abrir un proceso.
Por lo pronto, Gustavo Charry habló con el viceministro y explicó que lo que pasó es un hecho aislado. "Pido disculpas en nombre propio de la empresa, de mi hermano. Nadie puede decir que esto se hubiera presentado en algún momento de la historia de la empresa", contó.
En medio de las inspecciones del Ministerio de Trabajo contra las empresas de los hermanos Charry, involucrados en un caso de maltrato laboral en Ibagué, Gustavo Charry, uno de los empresarios, ha emitido sus primeras declaraciones.
Ante la situación, hasta el presidente Gustavo Petro reaccionó. En su cuenta de X, el jefe de Estado escribió que "confunden ser empresarios con ser esclavistas. Pasan por encima de la dignidad del trabajador. Por eso se oponen a la reforma laboral. Olvidan que cada vez más la empresa se basa en la solidaridad y en la inteligencia".
La sanción a la empresa
A nivel istrativo, el Ministerio de Trabajó ordenó esta semana el cierre temporal de las instalaciones de las dos empresas: Charry Trading S.A.S y Varchar S.A.S., hasta donde llegaron agentes a poner los respectivos sellos.
Y es que según los hallazgos de las autoridades, las empresas no cuentan con autorización para laborar horas extra, tampoco hay claridad sobre entrega de dotaciones y hay inconsistencias en contratos de trabajo sin firmar y carpetas sin exámenes médicos de ingreso.
"Después de una reunión con las y los trabajadores afectados por los supuestos maltratos, los inspectores recopilaron información que permite el cierre de las empresas donde se habría cometido los presuntos abusos", concluyó el viceministro Edwin Palma.