Red de Veedurías pide investigar elecciones de la fiscal Luz Adriana Camargo y del magistrado Vladimir Fernández

Unos chats de la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz —la primera alta funcionaria en ser condenada por el escándalo de corrupción de la UNGRD—, revelados por la revista Semana, motivaron la solicitud de la Red de Veedurías, que pidió a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes investigar las elecciones en el Congreso de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y del magistrado de la Constitucional, Vladimir Fernández, salpicados por la exfuncionaria en el escándalo.

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Mediante el oficio, radicado en la célula legislativa encargada de juzgar a los magistrados de las altas cortes y de acusar a la Fiscal, la organización pidió abrir una investigación disciplinaria y penal para esclarecer el presunto delito de tráfico de influencias en las sesiones en las que fueron elegidos.

"Por solicitud reiterada de la ciudadanía, veedores y veedurías del país, y en defensa del Estado Social de Derecho, la moralidad istrativa y el patrimonio público, se solicita adelantar la investigación penal, disciplinaria y el juicio de responsabilidad política, a fin de determinar si los hechos constituyen o no posibles infracciones de las normas disciplinarias y de responsabilidad penal", dice el requerimiento.

Semana develó un intercambio de mensajes entre la exconsejera Ortiz y el entonces secretario jurídico de Presidencia, el actual magistrado Vladimir Fernández, sobre los detalles de su elección. Basado en estos chats, Veeduría pide se indague si "manipuló indebidamente su triunfo y designación como magistrado de la Corte Constitucional". 

La organización aplicó el mismo criterio de las declaraciones de la exconsejera para pedir la investigación en el Congreso contra la Fiscal general. 

"Igualmente, conforme a los señalamientos de Sandra Ortiz y otras informaciones publicadas, la elección de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, habría sido objeto de un presunto tráfico de influencias", se lee en la carta.

La Fiscalía ya le cerró las puertas a la condenada y recluida por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos, quien pedía pista para un principio de oportunidad, al considerar las declaraciones de Ortiz como mentirosas e infundadas.

"La colaboración que ofrece a la justicia se funda en información confusa, contradictoria y no sustentada en evidencias objetivas que corroboren sus afirmaciones, que por esa misma razón no superaría la valoración y el control judicial", argumentó el ente acusador. 

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En contraste, el abogado de Ortiz, Oswaldo Medina, emitió un comunicado advirtiendo que los aportes de su cliente son verídicos y podrían incidir en la situación de aforados. "Se aportaron datos precisos y verificables, con una narrativa coherente y lógica que corroboran sus afirmaciones, con los que, inclusive, se podría iniciar investigaciones contra aforados", expresa el comunicado.

Desde las audiencias de imputación de cargos, la exconsejera prometió prender el ventilador y exponer los detalles del entramado en el que, dice, falta por vincular a más funcionarios que siguen fuera del radar de la justicia. 

La exalta funcionaria fue señalada de ser la intermediaria entre los directivos de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, y los presidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, a quienes habría entregado millonarias coimas para aceitar el trámite de las reformas sociales del gobierno del presidente Gustavo Petro. 

Redacción Justicia