Álvaro Leyva presentó su apelación a fallo de la Procuraduría que lo sancionó por freno a la licitación de pasaportes

El excanciller Álvaro Leyva apeló la sanción que le impuso la Procuraduría para no ocupar, por 10 años, cargos públicos. La medida, tomada por haber frenado el año pasado la licitación para el contrato de pasaportes, se conoció la semana pasada, cuando el procurador Ernesto Espinosa leyó su fallo de primera instancia, que tendrá que ser revisado por el despacho de la procuradora general, Margarita Cabello.

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El documento, elaborado por el abogado defensor Yefferson Dueñas, consta de 164 páginas en las que se hace un recuento del escándalo de los pasaportes: la licitación desierta a finales del año pasado y la declaración de urgencia manifiesta para garantizar la expedición de pasaportes. 

Esos dos eventos fueron objeto de análisis de la Sala Disciplinaria de Juzgamiento que integra Espinosa, quien le explicó a EL TIEMPO que la destitución e inhabilidad se debe únicamente a la declaración desierta, y no a la urgencia manifiesta. 

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Dueñas enlistó sus argumentos comenzando con que se habría presentado una violación al debido proceso, ya que el juicio disciplinario fue "adelantado en solitario por el procurador ponente, sin que participaran, de ninguna manera y por ningún medio, los demás integrantes de la Sala, afectando la validez de las decisiones y, conllevando así a la nulidad de todo el trámite disciplinario". El fallo fue adoptado por Espinosa y la delegada Luz Stella García, pues María Lourdes Hernández estaba ausente en la Sala por comisión.

Otro punto de la defensa de Leyva está enfocado en que Ernesto Espinosa tendría una enemistad grave con el Gobierno Nacional, y que incluso sería cercano al abogado de Thomas Greg, firma que se ganó la polémica licitación para los pasaportes.

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El documento también se enfoca al freno a la licitación. El Gobierno -y claramente Leyva- siempre insistieron en que la convocatoria estuvo dirigida a que se la ganara Thomas Greg, afectando la libre competencia. "Se evidenció un direccionamiento de la licitación, o al menos graves problemas en su estructuración, que afectaban los principios de selección objetiva, libre concurrencia e igualdad, con reiteradas advertencias incluso de la propia Procuraduría", advirtió Dueñas.

Según Espinosa, el comité de contratación conoció de todo el proceso licitatorio y atendió las observaciones de todas las empresas interesadas, por lo que la misma Cancillería avaló la convocatoria. Para reforzar su teoría, el abogado pidió al ente de control que tenga en cuenta la demanda de Thomas Greg instaurada en el Tribunal istrativo de Cundinamarca contra ese Ministerio.

"De conformidad con los planteamientos expuestos, respetuosamente me permito solicitar se revoque el fallo de primera instancia en contra de mi mandante, Álvaro Leyva, proferido por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento, y en consecuencia se le absuelva de responsabilidad disciplinaria", concluye la apelación.

Carlos López - Redacción Justicia - @CarlosL49 - [email protected]