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Chuzadas: las medidas que adoptó la Policía para frenar interceptaciones ilegales

Se está realizando una auditoría a cada sala de escuchas para garantizar que procesos sean válidos.

Según la publicación de la revista ‘Semana’, las interceptaciones ilegales se realizaron por lo menos durante el 2019 desde dos batallones del Ejército. Foto: Ilustración iStock

SUBEDITORA11.07.2023 17:59 Actualizado: 12.07.2023 21:07

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“La Policía Nacional está realizando unas auditorías con la oficina de control interno en las diferentes salas de comunicaciones a nivel país, en aras de determinar que la documentación que está garantizando esa interceptación legal corresponda a los parámetros establecidos”.

Así lo aseguró a EL TIEMPO el director de la Policía Judicial (Dijín), general José Luis Ramírez Hinestroza, al referirse a las medidas adoptadas tras la denuncia del fiscal Francisco Barbosa sobre la interceptación ilegal a dos mujeres que estuvieron al servicio de la exjefe del gabinete de Gustavo Petro, Laura Sarabia.

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En esa línea, el general Ramírez, quien asumió el mando de la Dijín hace un mes, afirmó que desde que llegó a esta Dirección, por instrucciones del director de la Policía, general William René Salamanca, han "venido perfeccionado el instructivo que da los lineamientos para realizar las interceptaciones en las salas de comunicaciones de la Policía Nacional”.

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En ese orden de ideas, el general Ramírez aseguró que se añadieron unos controles, “específicamente, un informe de contextualización del investigador de campo al analista de comunicaciones”.

Es decir que ese informe va a permitir que el analista identifique “a través de la escucha si lo que le informó el investigador –que debe estar plasmado por escrito y verbalmente– corresponde a la realidad de lo que está escuchando”.

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Por ejemplo, si la escucha se justificó por una actividad relacionada con lavado de activos, ese informe tendrá que decir si las conversaciones de la persona a la que se le hace ese seguimiento tienen que ver con ese tema y no con situaciones de otra índole o personales, o que dejen en duda que la persona esté relacionada con una actividad delictiva.

'Siempre será difícil ejercer una revisión de cuál es la intención del investigador o la fuente humana que suministró la información'

General José Luis Ramírez, designado director de la Policía Metropolitana de Bogotá. Foto:Policia Nacional

El director de la Dijín señaló que el analista, con base en ese informe, debe tomar “una decisión para que continúe la interceptación legal o se solicite la suspensión de la misma”.

De hecho, el general Ramírez aseguró que se va a trabajar con la Fiscalía General para revisar los procesos, al reiterar que todo el trabajo es coordinado con la Fiscalía, incluyendo el informe del investigador de campo que debe pasar por un tema de garantías, un fiscal y un juez que avala el procedimiento.

El oficial señaló que cada sala tiene un responsable, “un jefe que es el que está todos los días hablando con el investigador, con el analista, en aras de garantizar mayor trasparencia en el proceso”.

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El general José Luis Ramírez fue enfático al afirmar que el objetivo es terminar con prácticas que afectan a la institución, aunque reconoció que las medidas adoptadas no serán infalibles, porque “siempre será difícil ejercer una revisión de cuál es la intención del investigador o la fuente humana que suministró la información".

El capitán de la Policía Carlos Andrés Correa Loaiza acudió al búnker de la Fiscalía, en Bogotá, por el caso de Laura Sarabia. Foto:Archivo particular - iStock

Es de recordar que el fiscal general Francisco Barbosa lanzó la alerta sobre el tema al denunciar, el 1.° de junio, que los teléfonos celulares de Marelbys Meza y Fabiola Perea, dos exempleadas de Laura Sarabia que fueron interceptados por la Policía Nacional en enero de este año.

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Las señoras, en su momento, eran investigadas por el robo de un dinero a Sarabia, entonces jefe del gabinete del presidente Gustavo Petro.

De acuerdo con el Fiscal, Meza y Perea fueron presentadas como auxiliadoras del ‘clan del Golfo’ para justificar la interceptación y fueron escuchadas durante 10 días.

La actuación dejó al descubierto la práctica de escuchas irregulares, más conocidas como ‘chuzadas’, esta vez desde la Policía Nacional, lo que desató un escándalo, el rechazo desde diferentes sectores de la vida nacional, y llevó, junto a otras situaciones relacionadas al mismo escándalo, a la renuncia de Sarabia.

Redacción Justicia:

En Twitter: @JusticiaET

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