Los cinco proyectos que llevará el Minjusticia al Congreso en la nueva legislatura

Luego una primera legislatura en el gobierno de Gustavo Petro, en la cual pasaron varios proyectos, pero también se hundieron iniciativas claves, desde este 20 de julio, cuando comience el nuevo periodo del Congreso, el Ministerio de Justicia presentará cinco proyectos que la cartera viene desarrollando. 

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Entre los proyectos hay algunos nuevos, como una reforma a la Ley de Víctimas, la reglamentación de la jurisdicción agraria y una ley para prorrogar el servicio de alimentación a presos en URI y estaciones de Policía hasta 2024. Pero también hay proyectos 'repitentes' como el de humanización carcelaria y una iniciativa para el desmantelamiento de bandas criminales.

Humanización carcelaria, la reglamentación de la jurisdicción agraria, la reforma de ley de víctimas, que iría para agosto; y la ley para prorrogar la alimentación de la Uspec en los centros de detención transitoria hasta junio del año entrante.

El proyecto presentado en febrero proponía eliminar unos delitos, eso se suprimió, es decir los delitos seguirán, la inasistencia alimentaria, la injuria… Básicamente esa es la principal reforma, hay otros ajustes técnicos en cuanto a subrogados penales, pero que no alteran la sustancia del proyecto.

Para apagar un incendio inminente la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) prorrogará los contratos de alimentación, que vencían el 31 de julio, hasta el 31 de octubre, mientras tanto, y ese un proyecto que presentaremos el 20 de julio, vamos a presentar un proyecto de ley de dos artículos que le permite a la Uspec continuar prestando el servicio de alimentación en los centros de detención transitoria hasta el 31 de junio del otro año.

Mi compromiso es que una vez salgan elegidos los alcaldes nuevos, tenemos que persuadirlos porque hay una orden perentoria de la Corte Constitucional de que incluyan en los presupuestos del año entrante la alimentación y toda la atención de las personas detenidas en esos centros.

Esta es una urgencia que hay que resolver, no puede quedarse una persona privada de la libertad sin comida, en ese sentido vamos de la mano con Asocapitales y Asointermedias, y aquí ha habido un gran ausente que son los departamentos, entonces también buscamos traer al tapete a los departamentos; y por otra parte, estamos viendo opciones para distribuir la carga de la detención preventiva entre tres, no solo los municipios, sino también los departamentos y la Nación.

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Si usted me pregunta a mí, como ministro de Justicia, yo volvería a presentar el texto que presentamos la legislatura pasada, pero hemos escuchado otras posibilidades, por ejemplo, modificar esa ley recogiendo muchos de los comentarios que se hicieron, o pensar en la posibilidad de que la Ley de Justicia y Paz se pueda prorrogar para asumir este nuevo reto, con las modificaciones que la jurisprudencia ha venido imponiendo y otras que la experiencia nos ha indicado.

Dentro de esas posibilidades, o algunas otras, nos movemos, pero el Gobierno tiene las siguientes pautas: que no sea un sistema de justicia transicional sino ordinaria; que haya cárcel, se pueden reducir las penas pero tienen que estar en las cárceles; que haya desmantelamiento efectivo de las bandas, no solo la entrega de un cabecilla; y que haya reparación a las víctimas. Dentro de eso podemos mirar algunas opciones, lo haremos pronto porque el tiempo apremia, no para el 20 de julio pero sí para las próximas semanas. Es decir, sí se presentará un proyecto de ley, con esas coordenadas básicas, ya miraremos qué posibilidades hay.

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El Eln es un grupo político, rebelde, y se han iniciado diálogos de ese carácter también con las disidencias de las Farc, el llamado Estado Mayor Central. Esos son los grupos políticos de los que tengo conocimiento, los demás son estructuras criminales de alto impacto.

Va muy bien, nosotros elaboramos un borrador que lo socializamos ya hace unos 10 días con la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, con algunos abogados agraristas y otros expertos. Ellos están elaborando sus comentarios y quedamos de recoger todo en una sesión que tendrá lugar el lunes 24 de julio, después de eso redondearemos el proyecto y lo presentaremos al Congreso.

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Eso se sigue analizando, es un tema en el que no daremos ningún paso hasta que no estemos absolutamente convencidos de no cometer errores. Tenemos unos grupos de estudio el Ministerio de Justicia, en el Ministerio de Defensa, en la Policía Nacional, nos hablamos del tema permanentemente.

Lo que es seguro es que la Policía debe tener un carácter más civil y menos militar, dentro de eso la posibilidad del traslado existe, pero también es compleja por asuntos económicos, históricos, políticos… Vamos a buscar la mejor opción y el mejor momento.

Si uno piensa en 300 billones de pesos, ni los hay ni los habrá. Por eso estamos pensado ahora que hay que conseguir nuevas fuentes de financiación, buscar formas de reparación a las víctimas que no sean regresivas pero sean factibles.

No es una nueva ley de víctimas sino reformas a la Ley 1448 para armonizarla con el acuerdo de paz, con la JEP, con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y con las lecciones que nos ha dado la Corte Constitucional en todos esos autos de seguimiento. Eso también estamos intentando articularlo con las demandas y anhelos de las víctimas.

Ya hay un texto, que es el que tiene el Ministerio de Hacienda para concepto presupuestal, supongo que habrá recomendaciones y una vez esté listo lo presentaremos. Y creemos necesaria una extensión de la ley, pero no se ha hablado de por cuánto tiempo.

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