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'La gente habla de que haya muchas cárceles, pero no las quieren ver cerca de su casa'
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, habló con EL TIEMPO de drogas, cárceles, paz y otros temas.
Néstor Osuna, ministro de Justicia. Foto: Milton Díaz/El Tiempo
PERIODISTAActualizado:
Tras una legislatura en la que se hundieron varios proyectos claves del Ejecutivo en materia judicial, este 20 de julio el Ministerio de Justicia volverá recargado con algunos de esos y otros nuevos. El jefe de la cartera, Néstor Osuna, habló sobre aquellos en los que se enfocarán.
(Puede ver: ‘Es posible que se sientan dioses de barro’: el duro mensaje de Osuna al clan del Golfo)
Empieza una legislatura con un Congreso casi que en oposición, ¿cómo lee el futuro de la agenda del Gobierno?
Los proyectos del Ministerio de Justicia los defenderemos con todo el arsenal de argumentos, creo que estos proyectos son razonables y convenientes. La existencia, fortaleza o fragilidad de una eventual coalición parlamentaria del Gobierno es un tema principalmente del Ministerio del Interior; sin embargo, yo creo que uno puede sacar adelante algunos proyectos, aunque la coalición pase por un mal momento.
¿En esta nueva legislatura en qué proyectos se concentrarán?
Humanización carcelaria, la reglamentación de la jurisdicción agraria, la reforma de la Ley de Víctimas, que iría para agosto; y la ley para prorrogar la alimentación de la Uspec en los centros de detención transitoria hasta junio del año entrante.
Debate de la jurisdicción agraria en la Comisión I del Senado. Foto:@MinjusticiaCo
¿Qué cambios hay en el de humanización carcelaria?
El proyecto presentado en febrero proponía eliminar unos delitos, eso se suprimió, es decir, los delitos seguirán, la inasistencia alimentaria, la injuria.
El proyecto presentado en febrero proponía eliminar unos delitos, eso se suprimió, es decir, los delitos seguirán, la inasistencia alimentaria, la injuria… Básicamente esa es la principal reforma, hay otros ajustes técnicos en cuanto a subrogados penales, pero no alteran la sustancia del proyecto.
El Fiscal habló de un cambio en el principio de oportunidad para meter la ley de sometimiento aquí...
La ley de sometimiento va por otro lado, no tiene nada que ver. En el proyecto anterior se había criticado que proponíamos que en la protesta social no se pudieran imputar los delitos de terrorismo o concierto para delinquir; la sugerencia fue que cuando la persecución penal pueda inhibir el ejercicio de un derecho legítimo, que la Fiscalía tenga la posibilidad de no abrir la investigación penal, que la Fiscalía tenga la posibilidad de aplicar el principio de oportunidades en esos casos.
Fiscal Barbosa y Minjusticia Néstor Osuna Foto:Cesar Melgarejo. EL TIEMPO
Hay gran preocupación por la seguridad, ¿cómo ayudaría este proyecto en eso?
Nuestra propuesta de política penitenciaria ofrece que una persona cuando salga tenga mucho menos riesgo de reincidir porque sale sabiendo algo que no sabía, con los ejercicios de resocialización. Otras causas de inseguridad no se pueden enfrentar desde el sistema penal, eso tiene que ver con la oferta social, con educación, con la actuación de la Policía, con el acierto de los jueces... Esta política penitenciaria que estamos proponiendo ayudaría en esta medida, no le podemos pedir más allá de su capacidad.
Ante la inseguridad mucha gente dice que hay muy poca justicia, ¿qué responderles?
Hay una costumbre nacional de no asumir responsabilidades propias y echárselas al vecino, yo creo que la justicia en Colombia funciona de modo aceptable con las herramientas que tiene. Claro que hay pocos jueces, por eso se amplió significativamente el presupuesto este año, y así se hará en años siguientes, para tener una rama judicial más robusta. Desde el Ministerio de Justicia podemos organizar una política criminal que permita que una persona que pasó por la cárcel tenga menos riesgo de reincidir.
¿Ha encontrado poca receptividad de los alcaldes y gobernadores en esto, así como en la atención de presos en las URI y estaciones de Policía?
Todo el mundo habla de que haya muchas cárceles pero ni las quieren ver cerca de su casa, ni quieren pagarlas.
La política carcelaria es muy propicia para hacer populismo, pero muy complicada cuando se toma en serio; todo el mundo habla de que haya muchas cárceles pero ni las quieren ver cerca de su casa, ni quieren pagarlas. Efectivamente los municipios tienen desde 1993 la obligación de tener cárceles municipales y atender a las personas que están ahí, pero muy pocos tienen cárceles, yo sé que hay algunos que no tienen recursos pero también hay otros que nunca han tenido ganas.
Otro proyecto que se quedó es la ley de Sometimiento, ¿insistirán en ello?
Como ministro de Justicia, yo volvería a presentar el texto que presentamos la legislatura pasada, pero hemos escuchado otras posibilidades como modificar esa propuesta o pensar en que la Ley de Justicia y Paz se pueda prorrogar para asumir este nuevo reto.
Tenemos las siguientes pautas: que no sea un sistema de justicia transicional sino ordinaria; que haya cárcel, que haya desmantelamiento efectivo de las bandas, no solo la entrega de un cabecilla; y que haya reparación a las víctimas. Entonces, sí se presentará un proyecto, con esas coordenadas básicas, lo haremos pronto, aunque no para el 20 de julio.
Ha habido críticas a la política de drogas que están discutiendo por considerarla muy laxa, ¿qué responde?
Fueron más de 50 mesas institucionales y diálogos en 26 regiones con los directamente involucrados: cultivadores, consumidores, padres de familia… Esa política la pusimos a discusión en el Consejo Nacional de Estupefacientes y nos reunimos para una deliberación sana, esa discusión contribuirá a mejorar. Quedamos de darnos dos semanas más para perfeccionar las correcciones y después el Gobierno la adoptará, esta no es una política que necesite la aprobación del Consejo, pero es democráticamente razonable oír sugerencias e incorporar aquellas compatibles.
El Gobierno es claro en que no van a fumigar cultivos ilícitos sino que usarán otras alternativas ¿esas otras cuándo comenzarán?
Esta política se comenzará a implementar una vez el Gobierno la haya aprobado y ahí están las posibilidades de pactos territoriales de sustitución, el nombre que le pusimos es ‘Pacto de tránsito a la legalidad’. ¿Por qué no se está viendo? Porque todavía no está adoptada por el Gobierno.
(Le sugerimos: Con oposición del fiscal Barbosa arranca recta final para la política contra las drogas)
La ONU sostiene que los resultados de la sustitución voluntaria aun no son totalmente detectables en este reporte de monitoreo porque a la fecha de corte del censo, muchas familias aún estaban en el tiempo acordado para cumplir con el proceso de erradicación. Foto:Milton Díaz/Archivo/EL TIEMPO
Hace unos días se supo que EE. UU. no medirá los cultivos, ¿Colombia tendrá otro sistema?
El contrato de la medición Simci con Naciones Unidas está vigente y al menos para el año entrante también. Con esa medición y con la de la Policía me parece que tenemos un mapa suficientemente claro y bueno de lo que está ocurriendo tanto con los cultivos ilícitos como con la producción y comercio de cocaína. Para las actividades nuestras de diseño de una política de lucha contra el narcotráfico, la información que viene del sistema de la Policía y del de Naciones Unidas es suficiente.
Hay versiones de que el Gobierno abandonará el Simci…
Yo soy el gobierno y debería saberlo, o sea, no, no hay eso como política. Este año ya estamos esperando los resultados, yo creo que a mediados del próximo mes estarán; y ya está la previsión presupuestal del contrato del monitorio de este año que saldrá el año entrante.
¿Cómo va la reglamentación de la Jurisdicción Agraria, que sí se aprobó?
Nosotros elaboramos un borrador que lo socializamos con la Corte Suprema, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, algunos abogados agraristas y otros expertos. Ellos están elaborando sus comentarios y quedamos de recoger todo en una sesión el 24 de julio; después de eso, redondearemos el proyecto y lo presentaremos al Congreso.
¿Cómo funcionaría?
Es un proyecto de ley ordinaria que crea un procedimiento de dos instancias: una primera instancia, yo aspiro que podamos iniciar con 50 juzgados y que progresivamente se vayan creando más; y una segunda instancia en unos tribunales, el Consejo de la Judicatura nos sugiere inicialmente crear cuatro: en la región Caribe, Pacífico, Centro-Andina y Orinoquia. Y, por último, el papel de la Corte Suprema y del Consejo de Estado es hacer una selección discrecional de aquellos fallos que consideren importantes para unificar jurisprudencia. Si logramos las mayorías que tuvo el proyecto de reforma constitucional, estoy tranquilo de que se va a aprobar y comenzará a operar a finales de este año.
Una primera instancia, yo aspiro que podamos iniciar con 50 juzgados y que progresivamente se vayan creando más; y una segunda instancia en unos tribunales.
En la Corte podría caerse la ley de 'paz total', ¿cómo ven esto?
Yo presencié los debates y no advertí ninguna irregularidad, pero si la Corte lo encuentra, pues es la que está encargada de dar la última palabra y la respetaremos.
¿Insistirán en el proyecto de subrogación uterina que se hundió?
No tenemos decisión de volverlo a presentar tal cual porque vimos que no había el ambiente ni para el proyecto que presentamos ni para otras alternativas, probablemente primero haya que elaborar un consenso más amplio en la sociedad.
¿En la reforma de la ley de víctimas qué se contempla, habrá una nueva prórroga?
Hay que conseguir nuevas fuentes de financiación y buscar formas de reparación que no sean regresivas pero que sean factibles. No es una nueva ley sino reformas para armonizarla con el acuerdo de paz, con la JEP, con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y con las demandas y anhelos de las víctimas. Ya hay un texto, que tiene el Ministerio de Hacienda para concepto presupuestal, supongo que habrá recomendaciones y una vez esté listo lo presentaremos. Y creemos necesaria una extensión, pero no se ha hablado de cuánto tiempo.
La JEP está a punto de emitir sus primeras sentencias y una parte del cumplimiento de estas será responsabilidad del Estado, ¿están listos?
Sí estamos listos. Tenemos una articulación entre distintas dependencias del Gobierno porque evidentemente esas sentencias se tienen que ejecutar, sea lo que sea que determine la JEP, tenemos que ejecutarlo. Por ahora tenemos arreglos institucionales, reuniones de trabajo, algunas previsiones presupuestales, pero más allá de eso, estamos a la espera.
Usted ha tenido una contienda permanente con el Fiscal General, ¿cómo va esa relación?
Es algo absolutamente razonable en un sistema democrático con separación de poderes. Yo estoy seguro de que el Fiscal General quiere lo mejor para este país, igual que lo quiero yo, y si en algunas cosas tenemos diferencia de opiniones, eso forma parte de cómo cada uno ve su sueño de una mejor Colombia. Entonces, bienvenidas esas discusiones; no le temo a eso.
María Isabel Ortiz Fonnegra
Redacción Justicia
En Twitter: @JusticiaET
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