Corte pide cuentas al Gobierno por casos de violencia sexual a indígenas Jiw y Nukak

La Defensoría del Pueblo y el Líder Mayor del Resguardo Indígena Jiw de Barracón (Guaviare) solicitaron a la Corte Constitucional que realice una audiencia pública para poder exponer los escenarios de riesgo de violencia, de explotación sexual, de violencia intrafamiliar y de violencias basadas en género en contra de niñas y mujeres indígenas de los pueblos Jiw y Nükak.

(Lea: Corte ordena al Gobierno crear un nuevo plan de acción para la niñez de La Guajira)

La petición se hizo en el marco de un seguimiento que adelanta la Corte desde que se declaró en 2004 la existencia de un Estado de Cosas Inconstitucional en materia de desplazamiento forzado, que llevó a que ese alto tribunal advirtiera desde 2009 sobre al riesgo de exterminio físico y cultural en el que están estas comunidades.

Desde 2009, la Corte ordenó crear un plan de salvaguarda para todos los pueblos calificados como en riesgo de exterminio, entre los cuales están el Jiw y los Nukak. En 2012  se constató que el riesgo seguía por los efectos del desplazamiento y se ordenó tomar medidas urgentes.

Entre 2017 y 2018 el pueblo Nukak conformó la Asociación de Autoridades “Mauro Muno” y el pueblo Jiw la “Lamán Maruya” como instancias de gobierno propio e interlocución entre las comunidades y las entidades del orden local y nacional. Pero se volvió a llamar la atención por la falta de interlocución entre las partes para lograr una atención urgente sobre las necesidades de estos pueblos.

(Lea: Seguridad, eje de reunión que tendrán las Cortes con el director de la Policía)

Como ya lo había en 2008, en 2018 la Corte especificó los riesgos que enfrentan los niños, las niñas y los adolescentes en situación de desplazamiento; la presencia de problemas transversales diferenciados y ámbitos críticos que los intensifican, entre los cuales está ser víctima de violencia sexual, de reclutamiento o de ser incorporados a redes locales de extorsiones o otros crímenes.

Ahora, tras la petición de las comunidades y de la Defensoría del Pueblo, la Corte Constitucional accedió a realizar una audiencia pública para dialogar sobre sus preocupaciones, que se realizará el 18 de agosto. Previo a ello, habrá un espacio en San José del Guaviare para coordinar la sesión.

(Lea: Corte niega preacuerdo al exsenador Eduardo Merlano, el de ‘Usted no sabe quién soy yo’)

A la diligencia fueron invitados dos representantes de los pueblos Jiw y Nükak, y fueron citados el ministro del Interior y Salud, la ministra de Vivienda; la directora de la Unidad para la Atención y la Reparación Integral de Víctimas; la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; el director de la Unidad de Restitución de Tierras, el director de la Agencia Nacional de Tierras y la directora del Departamento de la Prosperidad Social, entre otros.

El Ministerio del Interior y la Unidad de Víctimas deberán entregar un informe a la Corte sobre cuántas personas pertenecientes a los pueblos Jiw y Nükak se encuentran incluidas en el Registro Único de Víctimas y los principales problemas, obstáculos y  retos que hay para enfrentar la situación actual.

"¿Qué proponen para superar los mismos en el corto, mediano y largo plazo?, y ¿qué acciones han implementado y cuáles son los resultados en términos de goce efectivo de derechos?", se preguntó la Corte.

(Lea: Paz total: lo que dicen las otras demandas que estudia la Corte Constitucional)

También deberán explicar cuáles han sido los resultados obtenidos sobre el Plan Provisional Urgente de Reacción y Contingencia que la Corte ordenó crear en 2012 e informar las propuestas que tienen las entidades para resolver obstáculos.

Igualmente, deberán informar a la Corte sobre las medidas adoptadas para cumplir las distintas órdenes que se han dictado como la creación del Plan de Salvaguarda y exponer los objetivos, reparos, dificultades y potenciales soluciones.

Además, se pide informar: "¿Cuántos casos de violencia sexual se han reportado en contra de menores de edad y mujeres de las etnias Jiw y Nükak? ¿Cuáles son los contextos en los cuales se han presentado esas violencias?; y, de conocerse ¿cuáles son los principales agresores-ofensores?".

(Lea: Corte Suprema se inhibió para investigar a 117 congresistas por 'mermelada tóxica')

"¿Cuáles son los mecanismos, rutas y medidas dispuestas para la atención, la protección y el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes ante los riesgos de ser víctimas: (a) de violencia sexual y (b) de reclutamiento, uso o utilización por parte de actores armados?", se preguntó la Corte que quiere escuchar igualmente cuáles son las rutas de atención en estos casos.

Por su parte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar deberá explicarle a la Corte las actuaciones que ha desplegado ante la situación narrada, los obstáculos que se presentan y los programas de atención que ha diseñado.

(Lea: Corte Constitucional hará audiencia pública por decreto de emergencia en La Guajira)

Además, deberá exponer la ruta y los protocolos de atención en casos de violencia sexual de niños, niñas y adolescentes y mujeres. "¿Qué estrategias de articulación con las entidades territoriales y autoridades indígenas tienen para atender estos casos? ¿Implementan un enfoque étnico para dar a conocer, socializar y atender institucionalmente estos casos?", se preguntó.

Además, la Fiscalía deberá entregarle un informe a la Corte que explique cuántos casos ha identificado de violencia sexual en contra de menores de edad y mujeres de las etnias Jiw y Nükak y uáles son las medidas adoptadas para investigar y promover la judicialización de las personas responsables de esas conductas y sus resultados.

Además, deberá responder cuántas investigaciones se encuentra en curso, cuántas condenas ha logrado la Fiscalía y cuántas se han hecho efectivas.

"De acuerdo con la labor de las investigaciones y análisis de la Fiscalía, ¿qué tipos o formas de violencia sexual se han identificado?; ¿cuáles son los contextos en los cuales se han presentado esas violencias?; y, de conocerse, ¿cuáles son los principales agresores-ofensores?", se preguntó la Corte.

Igualmente, la Fiscalía deberá exponer sobre los principales retos actuales en materia de a la justicia, y la capacidad para enjuiciar a los responsables de los delitos de desplazamiento forzado y la violencia sexual en contra de los menores de edad de las etnias Jiw y Nükak.

Y el Consejo Superior de la Judicatura deberá explicar cuál es la oferta institucional de a la istración de justicia para el juzgamiento de los casos desplazamiento forzado y de violencia sexual en los municipios de Mapiripán, Puerto Gaitán, Puerto Concordia y San José del Guaviare.

También deberá exponer cuántas sentencias condenatorias se han proferido por casos de violencia sexual en los últimos cinco años y los retos actuales para realmente enjuicioar a los responsables, además de exponer las estrategias para solucionar la problemática.

@JusticiaET