Contraloría advierte que hay en riesgo $1.4 billones de dineros de la paz

En la mañana de este lunes, el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, alertó sobre 115 proyectos financiados con recursos de OCAD PAZ por 1.4 billones de pesos que presentan riesgo en el avance financiero y la ejecución nula de las obras.

La región que cuenta con más representación en estos proyectos es el Caribe, con 51, lo que significa el 13 por ciento; mientras que los departamentos que se destacan en todo el país son Antioquia y Caquetá, con el 14 por ciento y 10 por ciento respectivamente.

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En la rueda de prensa convocada en la capital del departamento de Caquetá de advirtió sobre la aprobación de 18 proyectos por 192.771.248.514 de pesos (10 por ciento del total de los recursos aprobados en el OCAD PAZ 2021), de los cuales ocho presentan demoras en su ejecución.

El contralor resaltó que de los 13 sectores económicos a los que se han dirigido los recursos están: Agricultura y Desarrollo Rural, con 32 por ciento (582 mil millones de pesos); Transporte, con 23 por ciento (420 mil millones de pesos) y Vivienda, con el 13 por ciento (243 mil millones de pesos).

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Entre las irregularidades encontradas por el órgano de control se conoció que hay contrataciones de prestación de servicios que no han generado la eficacia esperada, anticipos financieros sin avance de obras, incumplimiento de las garantías contractuales e interventorías que sobrepasan los porcentajes legales de contrataciones públicas en el país.

"Estos 115 proyectos quedarán priorizados dentro del plan de vigilancia fiscal y control fiscal de la CGR para el año 2023", afirmó el Contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra.

Uno de los departamentos en los que la contraloria hizo énfasis sobre la alerta de dineros de OCAD PAZ es Casanare. EL TIEMPO habló con el alcalde de Florencia, Luis Antonio Ruíz, para saber su postura frente a lo advertido por el ente de control en la capital del departamento.

“Nosotros no hemos contratado, les hemos hechos los requerimientos pero no fuimos nosotros. Quienes han hecho la contratación directamente ha sido el gobierno nacional. Uno de los ejemplos es que un contrato se lo dieron a la gobernación para ejecutarse en Florencia pero lo ejecutó Electrocaquetá. Nosotros le hemos hecho los requerimientos al contratista para que responda y la comunidad ya lo ha denunciado hasta la Fiscalía”, aseguró.

Por su parte, este diario consultó también con Arnuflo Gasca Trujillo, Gobernador de Caquetá, quién afirmó que él hizo parte del primer año de la junta de OCAD PAZ y que durante ese tiempo todo funcionaba correctamente.

“Yo hice parte del OCAD PAZ con un voto positivo durante 15-16 meses. Se aprobaron los recursos pero se aprobaron más que todo por las alcaldías. Son ellos los que deben responder. Nosotros en la Gobernación ejecutamos 2 proyectos, uno de 8 mil millones y otro de 48mil millones que ya se ejecutaron. Uno de electrificación motovoltaica y otro de pavimentación de vías. Uno está ejecutado al 100 por ciento y el otro en ejecución”, afirmó el Gobernador de Caquetá.

Frente a los casi 200mil millones de pesos que, según la Contraloria, hay peligro de perder, el Gobernador señala que él sólo responderá y aclarará los que él contrató y que los demás, deben responder los alcaldes.

“Todos los alcaldes deben responder por sus proyectos. Ustedes deben ir a preguntarle a los alcaldes de cada municipio sobre sus proyectos”, agregó.

En contraste, el alcalde de Florencia enfatizó en que ellos no los habían contratado.

Ancizar Marín, Secretario de Planeación del departamento también sostuvo que la gobernación no tenía competencia ya que la plataforma de OCAD PAZ la manejaban estrictamente las alcaldías. “Como ellos son ejecutores, ellos contratan y ellos son los que deben hacer las veedurías y supervisión”.

De otro lado, en la rueda de prensa, el contralor profirió un fallo de responsabilidad fiscal contra la empresa Meta Petroleum Corp Sucursal Colombia por 6.937 millones de pesos, por el abandono de un proyecto de construcción de una planta de tratamiento de agua en el 2014.

Según el órgano de control, Ecopetrol, el cual era socio de de esta obra, debió asumir la totalidad de los costos para evitar que el detrimento patrimonial fuera mayor.

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Los hechos investigados tuvieron lugar en el 2013 durante el desarrollo de los contratos entre ECOPETROL S.A., y FRONTERA ENERGY CORP SUCURSAL COLOMBIA, con los que se acordó la ejecución de una planta de tratamiento de agua, con miras a maximizar la producción del campo petrolero F-1 ubicado en Puerto Gaitán (Meta).

"En el 2014, esta empresa (Meta Petroleum Corp Sucursal) suspendió las obras en la construcción de la planta de tratamiento de agua, lo que acarreó que Ecopetrol asumiera la totalidad de la carga financiera que demandaba el proyecto" señaló el contralor.

Mauricio Roa Muñoz

Redacción Justicia

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO