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Contraloría le puso la lupa a escándalo de corrupción que enreda a varios congresistas

Por las presuntas irregularidades en contratos, hoy está detenido el senador Ciro Ramírez.

24.01.2024 10:41 Actualizado: 24.01.2024 11:09

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El vicecontralor en funciones de contralor general, Carlos Mario Zuluaga Pardo, le dijo a EL TIEMPO que el organismo de control le puso la lupa a los cuestionados contratos que se habrían adjudicado irregularmente para favorecer a varios integrantes del Congreso.

(Lea también: El caso que llevó a la captura de Ciro Ramírez por trama que involucra a 6 congresistas).

Ciro Ramírez, senador capturado. Foto:Cortesía Facebook

En noviembre del año pasado este diario reveló en exclusiva el expediente que enredaba a varios congresistas en presuntas irregularidades en contratos por más de 70.000 millones de pesos y que hoy tienen detenido al senador Ciro Ramírez.

El contralor (e) Zuluaga Pardo dijo que el tema ya está en revisión y que esos contratos cuestionados hacen parte de la auditoria que los investigadores tienen prevista para el primer trimestre de este año.

(Lea además: Este es el expediente en Fiscalía que enreda a seis congresistas en trama de corrupción).

De hecho el funcionario dijo que se decidió que expertos de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) entren a apoyar las investigaciones, con lo que se garantiza que las auditorías avancen con más rapidez.

Según la investigación de la Fiscalía, revelada por EL TIEMPO, el grupo de congresistas que habrían hecho parte de una organización criminal lograron entre otros contratos los adjudicados a cuatro municipios del Tolima, al menos dos del Quindío y cuatro del Valle del Cauca.

Senador Ciro Ramírez reseñado en la cárcel La Picota. Foto:Archivo particular

Investigación a Ciro Ramírez

Como lo reveló este diario, el propósito de los congresistas asociados a la red de corrupción a la que estaría vinculado Ramírez sería, según la Fiscalía, aumentar el caudal electoral en las regiones en las que se iban a realizar obras con dineros para la implementación de la paz.

La Fiscalía documentó, en un extenso expediente que está en manos de un grupo especial de fiscales contra la corrupción, las maniobras que habrían desplegado congresistas, funcionarios públicos y particulares para esquilmar los recursos estatales.

Por su parte, los contratistas involucrados buscaban aumentar sus riquezas, y los funcionarios, querían conseguir réditos en ‘las organizaciones ilegales’.

Todo esto se reveló en las audiencias reservadas contra Katherine Rivera Bohórquez, integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Ciro Ramírez, y el contratista Anderson González.

(Lea también: ¿Por qué no se legalizó la captura del senador Ciro Ramírez?).

Katherine Rivera, asesora del Congreso. Foto:Fiscalía

Ellos dos fueron procesados por la Fiscalía por presuntas irregularidades por más de 70.000 millones de pesos, y si bien el fuero de los congresistas implica que su investigación esté en la Corte Suprema, en el caso de la Fiscalía se empezaron a revelar detalles sobre la presunta implicación de Ramírez en los hechos.

“Katherine Rivera se torna en la funcionaria pública que junto al senador Ciro Ramírez ha realizado acciones indebidas desde 2021, por lo que nada impide que lo continúe haciendo durante lo que resta del periodo del congresista”, dijo el ente acusador en la audiencia de Rivera.

(Puede leer: Las menciones de testigo clave en caso de corrupción que tiene bajo la lupa a políticos).

Precisamente, en la investigación por este caso han salido a relucir los nombres de Ciro Ramírez, el fallecido exsenador Mario Castaño, y los congresistas Samy Merheg, Carlos Abraham Jiménez, Juan Felipe Lemos Uribe, Miguel Ángel Barreto, Carlos Fernando Motoa y el excandidato a la Cámara de Representantes Julio César García.

Contratación en la alcaldía de Nobsa. Foto:Archivo particular.

“Son presuntos servidores públicos corruptos (...), el senador Ciro Ramírez sigue en su cargo y sigue instrumentalizando esas conductas punibles. Se está hablando de corrupción en dos ramas del poder –el Ejecutivo y el Legislativo– para desviar contratos financiados con plata del Estado”, anotó la Fiscalía.

Dicha entidad documentó los contratos 501 de 2021 y 670 de 2021, suscritos entre el DPS y Proyecta Quindío, en los que se buscaba “direccionar” proyectos de obra para los departamentos del Tolima, Quindío y Valle del Cauca. En esos contratos habría injerencia de los congresistas para entregarlos a determinados contratistas.

Redacción Justicia

En X: @JusticiaET

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