Un contrato con el que se pretendía implementar puntos de Wi Fi en bibliotecas, parques y escuelas públicas del departamento Norte de Santander, le costó a su actual gobernador William Villamizar Laguado una investigación disciplinaria. La Procuraduría encontró irregularidades en su ejecución, que se adjudicó por un valor de por un valor de 18.438 millones de pesos.
El contrato 1423 de 2018 que buscaba el fortalecimiento de la cultura digital para el , uso y apropiación TIC fue suscrito por la Unión Temporal Conectodos y arrancó en 2020, pero fue suspendido varias veces por la llegada de la pandemia y las medidas de prevención y mitigación como el confinamiento.
Por haber sido el mandatario departamental durante el periodo en el que se firmó el convenio (2016 - 2019), el Ministerio Público inició esta actuación, que se extiende a otros tres altos funcionarios durante la época de adjudicación y ejecución.
La gobernadora encargada Sonia Arango Medina. el gobernador Silvano Serrano Guerrero, la Secretaria de Tecnologías Marina Lozano Ropero y el representante legal de la Unión Temporal Conectodos, Sergio Andrés Pineda, también están bajo la mira del órgano de control.
No es la primera vez que un contrato de conectividad se presta para el detrimento y la malversación de recursos. A nivel nacional, la Unión Temporal Centros Poblados protagonizó un desfalco superior a los $87.000 millones de pesos durante el gobierno de Iván Duque, un caso que también incluye un capítulo penal y de responsabilidad fiscal.
Este convenio, al igual que el de la gobernación de Norte de Santander, había sido suscrito para llevar internet gratuito a zonas rurales de 16 departamentos. Sin embargo, hubo "una gestión fiscal ineficaz, ineficiente e inoportuna, pues no se cumplió con la entrega total de los 7.277 centros digitales en zonas apartadas del país", dictó la Contraloría.
Otras investigaciones del gobernador Villamizar
Tampoco es la primera investigación disciplinaria por irregularidades en un contrato en contra del gobernador Villamizar.
Durante su periodo 2016-2019, la Procuraduría también abrió un proceso por anomalías relacionadas con la ejecución de un proyecto agrícola de producción de cacao, por un valor total de 2.838 millones de pesos, financiados con recursos de las regalías.
La actuación se inició debido a deficiencias en el suministro de agua para el mantenimiento de los cultivos, la falta de conexión a los distritos de riego y aspectos istrativos, como la no publicación de documentos contractuales y otros datos obligatorios en los aplicativos estatales Secop, Gesproy–SGR y Cuentas SGR.
Sara Valentina Quevedo Delgado
Redacción Justicia