El debate sobre iniciativa en proyecto de reforma de la justicia para indemnización a víctimas a cambio de exoneración penal

Uno de los puntos más importantes del proyecto de reforma de la justicia que alistan de manera conjunta la Fiscalía, la Corte Suprema y el Ministerio de Justicia al Congreso tiene que ver con la indemnización integral que planean aplicar más seguido en procesos penales. 

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Este mecanismo, establecido en la normativa colombiana desde hace varios años, tiene como objetivo terminar algunos procesos penales con una reparación a la víctima que si hace efectiva, según sus proponentes, derivaría en descongestionar la istración de justicia. 

“Se propone establecer la indemnización integral como factor objetivo de terminación del proceso y como causal de preclusión, únicamente respecto de delitos cuyo objeto de protección no trascienda de la esfera individual y personalísima, tras estimar que la alta incidencia de estas ilicitudes genera congestión en la istración de justicia y en el sistema carcelario”, dice el proyecto borrador que se llevaría al Congreso entre la primera y segunda semana de octubre.

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Los cambios en caso de que prospere la iniciativa serían, por ejemplo, en el artículo 77 de la Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal), al que le añadirían la palabra "reparación integral", y asimismo se haría una adición al Título II, Capítulo I de la misma ley.

La indemnización integra uno de los cinco ejes del borrador de reforma de la justicia que ya recibió el aval fiscal por parte del Ministerio de Hacienda, que dijo que su implementación no generaría impacto fiscal. El resto de puntos del articulado se concentra en temas como la justicia premial, que incluye una serie de beneficios en la rebaja de pena a cambio de que los procesados se allanen a cargos o negocien un preacuerdo. Otro eje se compone del incremento patrimonial y el porcentaje del reintegro de la plata obtenida ilegalmente.

Mientras que el cuarto tiene que ver con la posibilidad de practicar pruebas anticipadas en casos en los que esté en juego un principio de oportunidad. "De esta manera se logra preservar la integridad del medio probatorio y se asegurará su uso en las actuaciones iniciadas con ocasión de la información suministrada y en todas aquellas en que preste utilidad”, dice la propuesta, que termina con cambios en la función de control de garantías y los autos que emiten jueces de este tipo.

Uno de los que recientemente habló de la reparación integral fue el coordinador de fiscales delegados ante la Corte Suprema, Hernando Barreto. En el pódcast 'Crimen y Castigo' de la Universidad Externado, el alto funcionario de la Fiscalía empezó por explicar que la idea es revivir el artículo 42 de la Ley 600 del 2000 que se refiere a la indemnización integral. 

"Ese fue un artículo que en delitos culposos solucionó una gran cantidad de temas, acuérdense de los homicidios culposos de los niños del Colegio Agustiniano. De ese artículo después la Corte interpretó que se podía aplicar por favorabilidad a casos regidos por la Ley 906 de 2004, pero luego vino una sentencia de la misma Corte que dijo que ese artículo no era aplicable y que debía regirse todo por el principio de oportunidad. Recientemente volvió a pensarse en que sí es aplicable el artículo 42", dijo Barreto. 

Para ahondar en los alcances de esta iniciativa liderada por la fiscal Luz Adriana Camargo, el magistrado Gerson Chaverra y la ministra Ángela María Buitrago, EL TIEMPO consultó a otras personas expertas en derecho penal.

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La abogada María Fernanda Chica empezó por explicar que "es súper importante el objetivo central del proyecto, que no es otro que buscar la economía procesal mediante la descongestión del aparato judicial, y a su vez incentivar el uso de estos métodos alternativos que se tienen para la terminación de los asuntos penales en específico". Para la penalista, también es relevante el hecho de poder integrar la reparación integral como una nueva modalidad de causales de preclusión previstas por la jurisprudencia.

Carmen Adriana Blanco, también abogada, se mostró de acuerdo con el proyecto de ley y la forma en que se reparará a las víctimas, pues a su parecer "muestra cómo no siempre la medida privativa de la libertad resulta ser idónea", y destacó que un aspecto novedoso y vinculante "está constituido precisamente por la exigencia del pago de por lo menos el 50% del valor de la reparación y la garantía, que suele darse a través de pólizas judiciales, del pago efectivo futuro de la suma restante".

Por su parte, el abogado Alejandro Sánchez resaltó que en casos de corrupción con delitos como peculado, esto no aplicará. Además, que el proyecto recoge lo que tenía el anterior sistema procesal (la Ley 600 del 2000), ejemplificando que con la indemnización monetaria podrán darse por terminados casos por delitos contra el patrimonio como hurtos si no existe violencia, estafas, homicidios culposos y lesiones culposas. 

Frente al reciente fallo de la Corte Suprema reviviendo el mecanismo de indemnización integral, Sánchez subrayó que si bien es jurisprudencia de una alta corte, no es lo mismo que lo establezca el legislador en caso de que prospere esta reforma al sistema penal.

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Así como rescató aspectos positivos, la abogada Chica dijo que tiene críticas al proyecto de ley. Una de ellas tiene que ver con que la implementación de la reparación como un factor para terminar los procesos, "no debería suscribirse únicamente respecto estos delitos cuyo objeto de protección no trascienda la esfera individual".

Asimismo, expresó una observación citando una decisión del 17 de julio con ponencia del magistrado Gerson Chaverra, en la que la Corte Suprema advierte que la redacción del artículo 349, que va en punto al reintegro y que aparece en el proyecto de ley a presentarse al Congreso, "no puede equipararse con el allanamiento a cargos. En casos de allanamiento, no es necesario ni debe requerirse el reintegro. Esa modificación al 349 es absolutamente incompatible con lo que ya se ha venido estableciendo en nuestro ordenamiento jurídico y con la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema".

Por su parte, el abogado Sánchez advirtió que el tiempo para indemnizar a las víctimas no debe ser mucho, y que incluso "solo debe permitirse la indemnización hasta antes de iniciar el juicio oral, porque no faltan casos en los cuales se dilata el pago agotando al órgano judicial y solamente se hace como una opción desesperada luego de desgastar al Estado". 

Este punto es interesante porque para la penalista Carmen Adriana Blanco, "la Corte ahora además puntualiza que esta figura puede aplicarse después de la audiencia de juzgamiento o de juicio oral, en aplicación del principio de favorabilidad.  Esto significa que si las partes acuerdan libremente el monto de los perjuicios y la víctima recibe la indemnización, el juez puede decretar la extinción de la acción penal".

La radicación de este proyecto de ley para que tenga su respectivo ponente en el Congreso no se ha dado, pero se espera que sea en los próximos días. Esta iniciativa es una de las tantas que se debaten en la comisión para la reforma de la justicia, en la que hay varias entidades y voces expertas lideradas por el Ministerio de Justicia.

Carlos López - Redacción Justicia - @CarlosL49 - [email protected]