A horas de las elecciones, aún no se pagan recompensas por denunciar compra de votos

A pocas horas de que se cumplan las elecciones regionales para elegir alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y ediles, si bien las autoridades han recibido varias denuncias o quejas sobre irregularidades en elecciones, aún no se han pagado recompensas por información sobre compra de votos, que fue una de las medidas que anunció el Gobierno este año para contrarrestar esa práctica.

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Esto porque la denuncia, por la que las autoridades ofrecen hasta 5 millones de recompensa, debe verificarse y, en términos generales, ese tipo de trámites legales toma hasta 45 días.

Así pues, pese a que el Ministerio del Interior reportó que ha recibido 4.177 quejas por posibles irregularidades en los comicios a través de la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel), que se suman a las 3.170 quejas electorales que ha registrado la Procuraduría, las eventuales recompensas por la denuncias frente a la compra de votos tomarían más de un mes en materializarse.

Es de recordar que el tema del ofrecimiento de recompensas generó un fuerte debate esta semana y críticas de la Fiscalía a la idea del presidente Gustavo Petro.

Al lanzar la estrategia, lo que explicó el Gobierno Nacional a través de sus voceros es que se busca hacerle frente a la corrupción electoral, y por eso se trabaja de manera mancomunada con la Policía y la Fiscalía General en aras de corroborar los datos que dé un informante, y así proceder a efectuar el pago, que será de hasta cinco millones de pesos por persona.

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Sin embargo, la iniciativa tiene en el fiscal general, Francisco Barbosa Delgado, uno de sus principales contradictores. A lo largo de la semana, él ha comentado que no es cierto que su entidad esté detrás de la gestión del plan gubernamental.

Tanto así que contestando a una publicación en X hecha por la Presidencia de la República -que comentaba que trabajan articuladamente con el ente acusador-, este último emitió un comunicado el viernes señalando que “es falso que la entidad se encuentre promoviendo el pago de recompensas a la ciudadanía por denunciar la presunta compra y venta de votos”.

El pronunciamiento fue más allá, y en declaraciones dadas a EL TIEMPO, el fiscal Barbosa afirmó que al día de hoy no ha recibido la primera llamada de alguien del Ejecutivo relacionada al pago y trabajo articulado que mencionaron en X: “Nunca ha habido diálogo entre la Fiscalía y el Gobierno Nacional para este tema, absolutamente nada. Por eso sacamos el comunicado desmintiéndolos”.

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Desde Montelíbano, Córdoba, el presidente Gustavo Petro explicó un día después de anunciar las recompensas que se le dará al informante “hasta el 10 por ciento del dinero destinado a la compra de votos que pueda ser decomisado por la Policía”.

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Estas comenzaron cuando Francisco Barbosa sentó su postura recalcando que se está suplantando al poder judicial, mientras Iván Velásquez, ministro de Defensa, explicaba desde otro escenario que parte de lo anunciado nació del reconocimiento de que el proceso electoral enfrenta la amenaza “de constreñimiento o corrupción al elector”, por lo que el objetivo es que la jornada se haga de manera “libre, transparente y segura”.

De hecho, la estrategia contiene una segunda línea que va enfocada a identificar casas, bodegas y depósitos desde los cuales se compran los votos. A quienes lleven a esos sitios se les darán hasta 20 millones de pesos. Esta plata se sacará de los gastos reservados que tiene el Ministerio de Defensa, o mediante una directiva de la Ley de extinción de dominio, y según el jefe de Estado, será entregada por él mismo.

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Para Barbosa, “sorprende que el Gobierno en vez de tener los mecanismos de la Dipol, Dijin y la inteligencia para poder ayudarle a la justicia a lograr conocer cuáles son esos grupos que se encuentran detrás de la compra de votos, establezca una prioridad con un sistema de recompensas a tres días de las elecciones”.

Andrés Chilito, director de la Misión de Observación Electoral (MOE) en el Cauca, dijo que ellos no están de acuerdo con que se promuevan ese tipo de incentivos. “Consideramos que si se pretende fortalecer la democracia, esta depende de la voluntad de y trabajo cívico de cada ciudadano. Las situaciones que afectan el desarrollo de los procesos democráticos de manera libre y transparente, no tiene que estar supeditada a una serie de incentivos económicos para que no se tengan inconvenientes”, indicó.

Pero los otros expertos en el tema consultados por este diario coincidieron en que la idea del Gobierno sí es viable y novedosa en cuanto a temas electorales, aunque expresaron sus reparos en la organización que puede presentarse a la hora de ejecutarla, y en que candidatos pueden sacar provecho de ella.

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El abogado Marlon Díaz comenzó por explicar que es “totalmente legítimo y legal el pago de recompensas para obtener información que permita prevenir cualquier clase de delitos, combatirlos, judicializar a los posibles autores, lograr su captura y demás”, recordando que esto es común verlo en alcaldías y gobernaciones que quieren que se capturen a los delincuentes.

De hecho, la Alcaldía de Cali destinó para este año un fondo de recompensas del valor de 500 millones de pesos, luego de que en 2022 entregó bajo total confidencialidad 400 millones a quienes los llevaron a dar con delincuentes.

Por otro lado, Carlos Alejandro Torres, profesor de la Universidad San Buenaventura, indicó que como no se conocen los detalles del decreto que regula la idea, “no es posible saber con certeza si aplica para cualquier delito electoral o solo para el acto de compra de votos”.

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En esa línea se pronunció el experto en temas electorales Alfonso Portela, subrayando que “lo difícil es que ad portas de una elección, sin procedimiento definido se establezca este tipo de medida. Sería bueno que se hubiera estructurado con anterioridad”.

Y añadió que esto debe manejarse con mucha precaución, pues podría ser utilizado por candidatos como una “cacería de brujas”, los cuales tienen una sede de campaña en determinado municipio y “pueden ser tomadas por un opositor como si ahí estuvieran pagando los votos.

Una de las líneas en las que coincidieron los expertos consultados es que debe haber un trabajo armónico entre las autoridades del Gobierno Nacional y el poder judicial, especialmente la Fiscalía, pues es la encargada de judicializar a las personas que compran votos.

Así lo explicó Yann Basset, profesor de la Universidad del Rosario que le manifestó a este medio que “el sistema de recompensa podría ser interesante toda vez que la Fiscalía esté presente para que esas denuncias interpuestas, que incluyen las pruebas y los testimonios, culminen en la demostración de un hecho”.

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Aunque para el docente universitario “los delitos electorales pocas veces se condenan porque son difíciles de demostrar en la práctica y no tienen lugar durante las elecciones”.

Al respecto, el fiscal Barbosa fue enfático en que el pago se tiene que realizar cuando las autoridades judiciales establezcan que se cometió el delito, “de lo contrario estaríamos vulnerando el sistema colombiano”. Por eso, para Alfonso Portela “lo importante es tener un montaje bien identificado para que no se convierta en una medida improvisada”.

Carlos López

Redacción Justicia

En X: @CarlosL49