Naciones Unidas reporta 41 homicidios de líderes políticos en lo que va de 2023

Cifra hace parte del seguimiento que ha realizado este año la Oficina para de DD. HH. del organismo.

Entre enero y septiembre del 2020, en Colombia fueron asesinados 135 defensores de DD. HH., según datos de Somos Defensores. Foto: Julián Ríos Monroy. EL TIEMPO

PERIODISTA JUDICIAL27.10.2023 19:38 Actualizado: 27.10.2023 22:12

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Sobre las 4 de la tarde del 5 de octubre, hombres armados asesinaron a Maryuri Cárdenas Malagón, en el municipio de Mutatá, Antioquia. La mujer era lideresa política y para la fecha, candidata al concejo de ese municipio por el partido Gente en Movimiento.

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Este caso es parte de los 41 asesinatos de personas pertenecientes a algún tipo de liderazgo político, que desde el 1.° de enero y hasta el pasado jueves 26 de octubre ha tenido conocimiento la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia.

Las cifras a las que se refiere el organismo hacen parte del seguimiento que este año comenzó a hacer la Oficina en el marco de las elecciones territoriales.

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La ONU reportó que en 18 de estos casos pudo recabar información de que el homicidio estaría relacionado con el proceso electoral. “Siete de ellas eran candidatas inscritas, es decir que estos casos ocurrieron desde el 29 de julio, fecha de cierre de inscripción de candidatos”.

Entre tanto, 11 de las personas asesinadas pertenecían a campañas políticas.

Del grupo verificado (18), tres son mujeres, cuatro afrodescendiente, tres indígenas y dos campesinos.

La concentración en la plazoleta de San Francisco duró más de tres horas, tiempo en el que se realizaron distintas actividades enfocadas en la paz. Foto:Juan Pablo Rueda Bustamante / EL TIEMPO

Sin embargo, reconoce el organismo que en 23 de los homicidios aún no se tiene certeza de un relacionamiento con el proceso electoral.

Juliette de Rivero, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, hizo un llamado al respeto a la vida y a la integridad de todas las candidatas y candidatos en el país, así como al “respeto irrestricto a la población civil y a sus derechos civiles y políticos”.

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“Estaremos verificando la situación de derechos humanos en varios puntos del país durante la jornada electoral. Es el momento en que los grupos armados demuestren un decidido compromiso por la paz, respetando a la población civil y la autoridad del Estado en su función de protección de la población y de sus derechos humanos. Permitiendo el pleno goce de sus derechos civiles y políticos”, dijo la representante del organismo en el país.

Juliette De Rivero, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Foto:ONU derechos humanos

Destacó que el respeto a la sociedad “pasa por el respeto irrestricto a su autonomía y su libertad de asociación”.

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“El Estado es el garante de los derechos y es imperativo que pueda acceder a todo el territorio nacional para garantizar los derechos de la población civil, incluyendo lugares como El Tambo, Argelia o Vista Hermosa, para proteger la integralidad de los derechos de la población en esta jornada electoral, que esperamos pueda disfrutarse en tranquilidad y en paz y con el respeto de todos los derechos humanos”, dijo De Rivero.

Un análisis

Para Luis Fernando Trejos, profesor de la Universidad del Norte y experto en temas de seguridad, el alto número de asesinatos de líderes políticos ocurridos este año puede deberse a varias razones.

La primera de ella es que es un año electoral y “tradicionalmente” en los años de elecciones locales y regionales tiende a aumentar la violencia política.

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“Otro de los factores es que hay que entender que si bien este gobierno llegó con un discurso de cambio, todavía hay amplias regiones de Colombia en los cuales la presencia del Estado es muy débil o simbólica, y eso en la práctica configura escenarios en los cuales hay una gobernanzas criminales lideradas o gestionadas por actores armados que utilizan la violencia como medio de sanción o regulación de la vida social de esos territorios”, explicó Trejos.

Añadió que hay otra hipótesis explicativa, en este contexto, que es la ‘paz total’, ya que a su criterio este discurso generó unos “incentivos perversos” en los grupos armados que se derivaron de los ceses al fuego anunciados por el presidente a finales del año 2022. “Eso en la práctica produce que los grupos dejen de confrontar a la fuerza pública, pero ahora concentran los recursos para atacar a otros grupos armados, lo que victimiza a las comunidades en los territorios en los que estos grupos hacen presencia”.

La protesta la hicieron en contra de los asesinatos a líderes sociales, defensores de derechos humanos y el incremento de los homicidios en Medellín. Foto:Jaiver Nieto. EL TIEMPO

Jorge Iván Cuervo, docente e investigador de la Universidad Externado, señala que este tipo de caso están atados a “dinámicas locales” y a los tipos de liderazgos que esas personas desarrollan y los actores que se sienten afectados.

“Creo que si el gobierno nacional no tiene una política pública integral de prevención del riesgo de personas con liderazgo social y político en las regiones que, además corresponda a las dinámicas y las lógicas de cada región, pues tiene muy poca capacidad de responder”, expresó el académico.

Lo anterior, según Cuervo, debe ir acompañado de una “respuesta efectiva” de la justicia frente no sólo a los autores materiales, sino a los determinadores de esos crímenes. “De lo contrario va a ser muy difícil que se avance en las investigaciones”.

Redacción Justicia

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