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Fiscalía imputa a María Isabel Urrutia por presuntas irregularidades en un contrato de 4.950 millones de pesos

El caso está relacionado con un contrato destinado a la implementación de un sistema de validación nacional para controlar el ingreso a estadios de fútbol

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Nicolás Cortés Mejía

LÍDER EDITORIAL DE IA21.11.2024 15:29 Actualizado: 21.11.2024 15:45

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La Fiscalía General de la Nación imputó este 21 de noviembre a la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia Ocoró, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.

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Los líos con un contrato para validar ingreso de hinchas a estadios

El caso está relacionado con un contrato por 4.950 millones de pesos destinado a la implementación de un sistema de validación nacional para controlar el ingreso a estadios de fútbol mediante la asociación de las boletas con las identificaciones de los hinchas y la verificación de antecedentes.

El contrato fue amparado por el Decreto 1622 de 2022, que autorizaba al Ministerio del Deporte a liderar el proceso de contratación del sistema. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que la exministra habría favorecido a ciertos contratistas de manera irregular.

En dos oportunidades, presuntamente utilizó intermediarios para adjudicar el contrato, quienes habrían sido condicionados a subcontratar a una entidad previamente acordada desde el inicio del proceso. Este hecho, según el ente acusador, incumplió la obligación de garantizar la concurrencia de oferentes.

Los elementos de prueba mostrarían que no se realizaron estudios de mercado ni análisis para justificar el valor del contrato. Además, el objeto contractual fue modificado. En lugar de diseñar e implementar el sistema de validación, el contrato terminó enfocándose en un análisis de su implementación, alterando los términos originales.

Otro aspecto relevante de la acusación es la falsedad ideológica en documentos públicos. Según la Fiscalía, la exministra firmó estudios previos y actos istrativos que contenían información contraria a la realidad para justificar el contrato, incluyendo avales de funcionarios que no participaron en la estructuración ni en la selección del contratista.

La Fiscalía informó que las advertencias técnicas y jurídicas sobre irregularidades durante el proceso no fueron atendidas por la exministra, quien suscribió un convenio interistrativo con una entidad pública indirecta el 30 de diciembre de 2022.

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