El papel que usó el general Guatibonza para pedir cierre del caso por 'chuzadas'

La defensa dijo que la Fiscalía ocultó un dictamen clave en el proceso.

Humberto Guatibonza Foto: Rodrigo Sepulveda / EL TIEMPO

23.03.2023 09:01 Actualizado: 23.03.2023 10:16

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La defensa del general en retiro Humberto Guatibonza pidió la preclusión del proceso contra el oficial por el caso de 'chuzadas' ilegales que se destapó en septiembre del 2018.

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Para hacer la petición, el oficial usó como argumento un dictamen de la misma Fiscalía que se conoció en otro proceso.

El abogado Jorge Armando Otálora, defensor de Guatibonza, dijo en audiencia que en el proceso contra el exdirector del DAS, Laude Fernández, se uso un dictamen de la misma Fiscalía en el que se argumenta que no existió el delito de uso de software malicioso.

Laude José Fernández Arroyo, no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía. Foto:

En ese caso, el juez que conoció del proceso de Fernández decidió precluir la investigación, decisión que fue apoyada por la Procuraduría.

Otálora indicó que ese dictamen es de marzo de 2020 y la Fiscalía lo usó en abril del año pasado, lo que calificó como una deslealtad del ente acusador.

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El abogado dijo que si ese documento ya llevó a la Fiscalía, a la Procuraduría y a un juez a decidir una preclusión por los mismos hechos, tendría que aplicarse también en el caso del general Guatibonza.

En concreto, se trata de un análisis de peritos expertos del ente acusador que señalan que luego de un análisis de los equipos encontrados en los allanamientos, realizados en el marco de la investigación, no se encontró evidencia de la existencia de un programa que permitiera hacer las interceptaciones ilegales denunciadas.

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Según su argumentación, ese dictamen evidencia que el oficial en retiro no cometió los tres delitos que aún quedan vivos en su contra, de seis que le imputó en su momento la Fiscalía y de los cuales tres ya prescribieron, por lo que la justicia perdió la oportunidad de juzgar esas conductas.

En la actualidad solo quedan vivos los cargos de concierto para delinquir, uso de sofware malicioso e interceptación de datos informáticos por los que el oficial se ha declarado inocente.

El juez del caso, en decisión apoyada por la Fiscalía y la Procuraduría, negó la petición de preclusión pero ante una apelación de la defensa, la última palabra la tendrá el Tribunal Superior de Bogotá.

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