Procuraduría advierte sanciones a funcionarios que participen en política

"La vamos a utilizar solo y objetivamente cuando a ello haya realmente lugar". Esa fue una de las advertencias que hizo este viernes la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, a servidores públicos elegidos por voto popular que incurran en participación en política en las elecciones de este año.

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"La facultad de la Procuraduría General de la Nación para indagar, investigar, sancionar y aún suspender a cualquier servidor público, incluido a los de elección popular quiero manifestarlo. Hoy a la fecha sigue vigente en bien de la paz, de la democracia y a la participación ciudadana", resaltó la jefa del Ministerio Público.

El mensaje lo dio en Pereira, Risaralda, durante el evento 'Ciclo de foros elecciones 2023', para el seguimiento de las elecciones regionales de octubre de este año, en el cual participó el registrador Alexánder Vega.

Las palabras también hacen referencia al fallo de la Corte Constitucional que le mantuvo a la Procuraduría la función de suspender e inhabilitar a funcionarios elegidos por voto, salvo con unos cambios, uno de ellos es que habrá otra instancia en el Consejo de Estado para revisar la suspensión.

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En ese orden de ideas, se expidió una circular para vigilar las conductas de los funcionarios, a los que se les advirtió una serie de prohibiciones con el fin de que no intervengan en política. Algunas de estas son utilizar el cargo para apoyar actividades de partidos políticos o estar inmersos en controversias electorales.

Además, en la circular se recuerda que no se puede presionar a subalternos u otros ciudadanos para que respalden alguna campaña o algún candidato, y utilizar información reservada a la que se tiene como funcionario público para utilizarla con fines electorales.

Tampoco se podrá usar tiempo laboral para asistir a encuentros de campañas políticas, o realizar contribuciones al financiamiento de partidos, "salvo las excepciones previstas para los de las corporaciones públicas", aclaró la Procuraduría.

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El año pasado, uno de los funcionarios que fue suspendido por su presunta participación en política fue el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Mientras que este año, la Procuraduría destituyó por 10 años al alcalde de Neiva, Gorky Muñoz, quien ya apeló la decisión.

Para el ente de control, la contienda electoral que se avecina es compleja porque habrá cerca de 120.00 candidatos que aspiren a cargos locales y departamentales, así como a corporaciones públicas locales, municipales, distritales y departamentales. Si se cumple la cifra, se pasaría de 2.822 aspirantes en las elecciones del año pasado, a 120.000 en 2023.

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Uno de los hallazgos que mencionó la procuradora fue el de la importante inscripción de Grupos Significativos de Ciudadanos, en contraste a lo ocurrido en 2019. "A nivel nacional, en lo que va corrido de este año, se han inscrito 1.293 Grupos, de los 31 corresponden al departamento de Risaralda, distribuidos de la siguiente manera: Alcaldía (24), Asamblea (1), Concejo (4) y Gobernación (2)", informó la Procuraduría.

Carlos López

Redacción Justicia

En Twitter: @CarlosL49