El 'error' que halló la Procuraduría en integración entre Avianca y Viva Air

El 30 de marzo pasado, la Procuraduría General de la Nación le envió a la Unidad istrativa Especial de la Aeronáutica Civil (Aerocivil) un documento de 91 páginas en el cual solicitaba que se estudiara la intervención de terceros en el trámite que terminó con la resolución que permitió la integración entre Viva Air y Avianca.

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Esta fue la Resolución número 00518 del 21 de marzo de 2023, pero para Fernanda García Flórez, procuradora 119 Judicial II ante lo Contencioso istrativo, en el trámite se aplicó la ley incorrecta y por ello se permitió la intervención -interponiendo recursos- de otras aerolíneas, pese a que la ley adecuada solo les hubiera permitido aportar información.

Es decir, durante toda la evaluación previa a la aceptada integración se estudió el caso bajo la Ley 1437 de 2011 (el Código de Procedimiento istrativo y de lo Contencioso istrativo), y no con la Ley 1340 de 2009, diseñada especialmente para este tipo de eventos.

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Ese error fue advertido incluso por la misma Aerocivil a comienzos de año, cuando en la Resolución 00079 del 18 de enero estipuló que desde el 11 de agosto de 2022, cuando se inició el proceso de solicitud de integración, se había estado manejando el caso de la forma incorrecta.

"La Resolución declara la existencia de una irregularidad sustancial en el trámite de la actuación istrativa en primera instancia, que obliga a la devolución del expediente a la Dirección de Transporte Aéreo y Asuntos Aerocomerciales, para que rehaga la actuación istrativa", dijo la autoridad aérea.

La falla tiene que ver con la intervención de terceros en la unión, es decir, gracias a que la ley se los permitía –a pesar de no ser la correcta a juicio del órgano de control–, las empresas ajenas como Latam, Wingo y Arerolíneas Argentinas estuvieron presentes y de forma activa en el proceso. Por eso, García pide que se haga un ajuste para usar la Ley 1340 en su numeral 2 del artículo 10, el cual concreta y limita la participación de terceros. 

Esto, traducido en otras palabras, significa que a las demás aerolíneas interesadas en este asunto solo se les tendría que haber dejado aportar información sin que esta tuviera mayor incidencia. En cambio, durante meses pudieron ejercer todo tipo de intervenciones enfocadas a presentar recursos de reposición o argumentos de fondo sobre su postura a la hora de hablar de una integración entre Viva Air y Avianca.

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Pero el reparo no termina ahí. Otro punto del documento de 91 páginas permite entender que una vez se enteraron, en enero, de que venían haciendo las cosas como no era, en lugar de enmendar ese error, a criterio de la Procuraduría, se siguieron haciendo las cosas mal, con lo cual se estarían vulnerando garantías.

"Con el procedimiento istrativo adelantado, se evidencia una posible

vulneración al derecho del debido proceso, siendo la garantía que debe acompañar aquellos actos o actuaciones del Estado y que además se encuentra consagrado en el artículo 29 de la carta política", dice uno de los apartes.

Con esto, el Ministerio Público dejó claro que no es que se oponga a la unión entre las aerolíneas, sino que advierte un error de forma en cuanto al papel de terceros interesados en este debate: empresas como Latam y Wingo.

Eso sí, el órgano de control no pasó por alto que esta confusión retardó por varios días la solicitud de integración, puesto que los terceros pudieron intervenir en el caso de manera directa interponiendo recursos. Eso, en últimas, terminó afectando a los s de las dos aerolíneas en cuestión, considera la Procuraduría.

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La solicitud para que esto se revise fue enviada a Édgar Benjamín Rivera, director de Transporte Aéreo y Asuntos Aerocomerciales de la Aeronáutica Civil, así como a Sergio París, director de la Aerocivil. En primera instancia, Rivera será quien tome la determinación de acatar o no las sugerencias de la procuradora delegada, y en segunda el pedido pasaría a manos de París.

Este diario conoció que en caso de que no se atiendan las solicitudes, en la Procuraduría pasarán a evaluar si toman otro tipo de acciones más severas contra los funcionarios eventualmente implicados.

Carlos López

Redacción Justicia

En Twitter: @CarlosL49