Víctima de presunta violencia intrafamiliar de heredero de Ramo denuncia persecución judicial: los procesos

Hace un año exactamente, salió a la luz el explosivo caso de presunta violencia intrafamiliar de Santiago Molano Luna, uno de los herederos del emporio Ramo -nieto directo del fundador- quien, según una denuncia radicada en su contra, habría agredido física, verbal, psicológica y económicamente a su exesposa Andrea Posada.

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Un video de una cámara de seguridad en el que, al parecer, se le ve golpeando a su expareja en un parqueadero frente a su hijo de escasos seis años, así como chats con amenazas e insultos a su condición de género hacen parte de las pruebas que sustentan el caso en la Fiscalía.

Estos elementos también han sido claves en procesos civiles y de familia, en los que el denunciado, basándose en sus propios argumentos, también ha demandado a la víctima y apelado las decisiones de los jueces. 

Mientras que la defensa de Molano asegura que la lluvia de recursos está justificada y legalmente su cliente está amparado para hacerlo, Posada, la exesposa, dice que se trata de otro tipo de violencia para amedrentarla: la persecución judicial.

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“Llevo tres años siendo víctima de violencia judicial, luchando por los derechos de mi hijo y los míos. El padre del niño ha intentado quitarme la custodia por varios medios. Inclusive expuso a nuestro hijo de 8 años a un interrogatorio con un psiquiatra forense especialista en violencia sexual sin mi consentimiento. Este tipo de comportamientos lo están afectando gravemente”, le dijo Posada a este diario.

EL TIEMPO conoció una carta que remitió su apoderado, Juan David Riveros Barragán, a la Comisión de Género de la Rama Judicial, en la que expone una a una las acciones legales emprendidas, pidiendo una supervisión especial de esta instancia.

“El señor Santiago Molano ha iniciado de manera reiterada y abusiva un alto número de procesos judiciales e incumplimientos en las comisarías de familia en contra de mi representada con el claro propósito de hostigarla y perpetuar la violencia psicológica y económica en su contra. Este patrón de abuso del litigio, dirigido a desgastar emocional y financieramente a la señora Posada Vidales, constituye una forma de violencia de género que vulnera sus derechos fundamentales y requiere una intervención urgente”, se lee en la misiva.

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Este diario se comunicó con la defensa de Molano, quien aseguró que las acciones se han emprendido en respuesta a la negativa de la contraparte a conciliar. “Cuando comenzamos a asesorar al señor Molano hace cerca de dos años en el marco de este conflicto, nos trazamos un objetivo en el que fracasamos estrepitosamente. Ese objetivo era promover y lograr en un horizonte de tiempo corto un acuerdo entre el señor Molano y la señora Posada”. En respuesta, agregan, se ha defendido con los mecanismos que establece la ley.

De acuerdo con el rosario de procesos documentado en el papel que estudia la Comisión de Género, que datan desde el 2022, Molano inició una restitución judicial del inmueble de su propiedad en donde viven su exesposa y su hijo, sobre la cual, en octubre del año pasado, el despacho solicitó el retiro de la demanda. Este mismo proceso lo adelantó una de sus familiares y actualmente sigue en curso.

El 16 de abril de 2024, Molano impugnó el fallo de una medida de protección sobre su hijo, a favor de Posada, caso que escaló hasta la Corte Suprema. También inició un proceso judicial de custodia, modificación de régimen de visitas y fijación de cuota alimentaria que fue decidido por la juez de Familia 29 de Bogotá a favor de la madre del niño.

Además, fue él quien abrió el proceso judicial de divorcio y, el 10 de febrero de este año, la señora Posada fue notificada de una nueva “acción constitucional”. Aún el Tribunal Superior de Bogotá está pendiente de decidir sobre la misma.

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Asimismo, el alto tribunal estudia una tutela presentada por Molano contra una decisión de única instancia, con la que busca controvertir la asignación del 100 % de la cuota alimentaria del niño al padre. Según la defensa, “está probada la capacidad económica de la señora Posada y la decisión judicial incurrió en una sobrestimación del rubro de arrendamiento dentro de la cuota”.

Sin embargo, para la contraparte, la decisión sobre la cuota alimentaria tuvo en cuenta una perspectiva de género, entre otros factores, debido a la dependencia económica de la señora Posada  durante la relación, la capacidad adquisitiva de Molano como heredero de una compañía próspera y “las dificultades que ha enfrentado la madre tras ser diagnosticada con trastorno de estrés postraumático a causa de la violencia ejercida en su contra”.

Precisamente, la Fiscalía sigue tramitando una denuncia presentada por Posada en la que se detalla cada uno de los hechos victimizantes. 

“Se investigan múltiples actos de violencia ejercidos por el señor Molano contra su exesposa a lo largo de su relación matrimonial, documentados con pruebas. Entre estos se encuentra una agresión física en la que el señor Molano la golpeó y pateó en un parqueadero, en presencia de su hijo menor. Se han aportado evidencias de constantes insultos y descalificaciones dirigidos hacia ella, motivados por su condición de mujer”, detalla el demandante.

Por su parte, Molano respondió con una denuncia por violencia intrafamiliar contra su exesposa y, siguiendo la línea penal (delitos que pueden dar cárcel), la acusó de fraude procesal alegando que supuestamente manipuló testimonios y pruebas para inducir en error a las Comisarías de Familia y obtener resoluciones favorables a su caso.

Sumado a este recuento hay otros procesos en las Comisarías de Familia en los que Molano señala a la madre de su hijo de violencia psicológica en contra del menor de edad. En consecuencia, Posada “ha tenido que someter a estudios psicológicos constantes al niño para desvirtuar los cargos”, aseguró.

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Para su defensa, Riveros Barragán, “estos procesos, lejos de buscar justicia, parecen ser parte de una campaña de hostigamiento legal que utiliza el sistema judicial como herramienta de acoso y venganza personal. Cada nueva citación y cada proceso abierto representa una carga legal y emocional que busca afectar la dignidad de Andrea. Este patrón de denuncias y procesos no puede ser considerado de manera aislada. Es un claro ejemplo de cómo el sistema judicial está siendo utilizado como un arma para perpetuar la violencia y el control sobre una víctima”.

Desde el lado de Molano, la situación se percibe de otra manera. “No puede ser que, si él es rehén de un conflicto que ha intentado resolver mediante autocomposición y la señora Posada se niega a hacerlo, se le impida ejercer su derecho constitucional de acceder a la istración de justicia para que sean los jueces quienes resuelvan, conforme al derecho, lo que ambas partes no pudieron solucionar por mutuo acuerdo”, sentenció su abogado.

Sara Quevedo - Justicia - @JusticiaET - [email protected]