Acusan en la JEP al coronel (r) Juan Carlos Figueroa por 38 'falsos positivos' en Cesar

La UIA de la JEP lo señala de diseminar las ejecuciones extrajudiciales por el Batallón La Popa.

Familiares de víctimas de 'falsos positivos' en la audiencia de la JEP sobre el batallón La Popa. Foto: JEP

PERIODISTA23.11.2023 11:45 Actualizado: 23.11.2023 16:10

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Aunque en la justicia ordinaria nunca fue vinculado a ninguna investigación, el coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez tendrá que responder ahora en un juicio ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) pues acaba de ser acusado por más de 30 ejecuciones extrajudiciales cometidas por integrantes del Batallón de Artillería No. 2 La Popa del Ejército, con sede en Valledupar (Cesar).

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Así lo anunció este jueves el director de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, que es su fiscalía, Giovanni Álvarez, quien dijo que a Figueroa "se le acusa, por responsabilidad de mando, por 38 asesinatos (...) también se desapareció a 11 personas y 9 más fueron víctimas de tortura".

Por el caso de La Popa, la JEP imputó cargos por crímenes de guerra y de lesa humanidad a 15 exmilitares, de los cuales 12 aceptaron cargos, los tres que no lo hicieron fueron el mayor (r) José Pastor Ruiz Mahecha, y los excomandantes de ese batallón, los coroneles (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez y Juan Carlos Figueroa Suárez, cuyos casos pasaron a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, que opera como su fiscalía.

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El coronel Publio Hernán Mejía Gutiérrez. Foto:Andrea Moreno / EL TIEMPO

La UIA acusó al coronel (r) Mejía en julio y ahora es el turno de Figueroa, quien deberá responder por hechos ocurridos entre enero de 2004 y julio de 2005, periodo en el cual él fue el comandante de La Popa.

En 2004, según la UIA, se presentaron 16 hechos y en 2005, 8, es decir, 24 casos de bajas presentadas ilegítimamente como muertes en combate durante ese lapso.

"Estos 24 hechos significaron un total de 38 muertes en los casi dos años de comandancia de Juan Carlos Figueroa Suárez, con veinticinco (25) víctimas en 2004 y trece (13) en 2005", señala la acusación de la UIA.

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El director de la UIA detalló que Figueroa "permitió que algunos del batallón cometieran una serie de hechos delictivos que afectaron a la población de Cesar", pero además dijo que se conocieron hechos en los cuales uniformados "salieron de su jurisdicción y trajeron de otros departamentos de la costa Atlántica a víctimas que fueron ejecutadas en jurisdicción de La Popa".

En cuanto a las víctimas, se señaló que la mayoría eran civiles, varios en condición de vulnerabilidad, y uno de ellos presentaba una discapacidad mental.

La #UIA_JEP acusó al teniente coronel (e) Juan Carlos Figueroa Suárez como presunto responsable de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cuando se desempeñó como comandante del Batallón de Artillería No. 2 La Popa con sede en Valledupar.

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— Unidad de Investigación y Acusación de la JEP (@UIA_JEP) November 23, 2023

"Teniendo conocimiento de que algunos de la tropa bajo su mando estaban cometiendo delitos, no tomó las medidas que debió haber tomado par evitar que eso ocurriera ni sancionó a los del Batallón La Popa que incurrieron en estos crímenes", reiteró el director Giovanni Álvarez sobre la responsabilidad que se le endilga al coronel en retiro.

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El coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez salió del país en 2019 y desde entonces no ha vuelto, la última vez que se supo de él fue a comienzos de este año, cuando desde Emiratos Árabes envió a la JEP una comunicación rechazando los hechos por los que fue imputado.

"La última información que tenemos es que se encuentra en Emiratos Árabes, de hecho, a los llamados que le hemos formulado, se presentó ante el consulado de Emiratos Árabes", indicó el director de la UIA sobre este punto, y añadió que en vista de que el procesado ha estado respondiendo a los llamados, no se pidió por el momento una orden de captura en su contra.

Si bien el juicio no ha comenzado, Álvarez anticipó que la fiscalía de la JEP pedirá para Figueroa la máxima sanción posible en la jurisdicción transicional, que son 20 años de cárcel.

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