El as bajo la manga para financiar las sentencias si el Gobierno no gira los recursos a la JEP

El Gobierno no ha desembolsado los recursos que le corresponden para el Fondo Colombia en Paz, una fiducia que financia las entidades hijas de los acuerdos. A este saldo en mora se suma la suspensión del capital de Usaid, que, en el caso de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el presidente Gustavo Petro se comprometió a reponer. Sin embargo, tanto los dineros obligatorios como los de "solidaridad" siguen enredados y la implementación está 'raspando la olla'. 

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"La plata que nos prometieron para el Fondo Colombia en Paz no ha llegado. La plata que nos prometieron (en reemplazo) de Usaid, tampoco ha llegado. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Por una parte, estamos trabajando con el sector privado y mediante la cooperación internacional. Hay varios países europeos que han dicho que financiarán la sentencia. Estamos trabajando con algunas entidades territoriales y, aunque lo ideal sería contar con los recursos, con o sin ellos, las sentencias van a salir", advirtió el presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli ante los medios de comunicación.

Por directriz de la Casa Blanca y el relevo de la istración de Biden a Trump, la agencia estadounidense congeló más de 16.000 millones de pesos que la JEP utilizaba para actividades relacionadas con la participación y reparación colectiva de las víctimas. 

El presidente Petro había anunciado a través de su cuenta de X que repondría estos fondos. 

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"Que la paz necesita fuerza, como dijo Trump, es cierto, pero antes que nada, la paz necesita verdad. No se hubiera descubierto el sistemático asesinato de miles de jóvenes por el gobierno colombiano si no fuera por la JEP (...) El gobierno nacional reemplazará con sus presupuestos los fondos congelados a la JEP por el gobierno de EE. UU.", se lee en el trino.

Sin embargo, fuentes le confirmaron a EL TIEMPO que desde el Ministerio de Hacienda descartaron este giro debido a problemas de caja.

La falta de fondos ha sido una de las trabas para la emisión de la primera sentencia. Las sanciones deben asegurar la seguridad jurídica de los comparecientes, cumplir con las expectativas de reparación de las víctimas y resarcir el daño causado en la comunidad por el conflicto armado, para lo cual se necesita un sólido respaldo financiero.

Por esta razón, la JEP ha asegurado que no se arriesga a tomar decisiones que, en la práctica, no puedan cumplirse. Sin embargo, con el reloj corriendo en su contra, están explorando otras vías de financiación. 

"Nosotros somos jueces y tenemos facultades para ordenar. Hay una vía diplomática, pero también hay una vía judicial. El mensaje es muy claro: van a salir (las sentencias), con ayudas o sin ayudas, porque no vamos a paralizar nuestra actividad", ratificó el magistrado Ramelli durante la última imputación contra cuatro generales y 35 exoficiales y suboficiales por 'falsos positivos', proferida hace seis días.

Durante esa declaración ya se daban pistas sobre el camino "no diplomático" para financiar las sentencias: a través de una orden judicial. Pero EL TIEMPO conoció que saldrán con un destinatario específico. Será el Ministerio de Hacienda y los fallos, explícitamente, ordenarán respaldar las sanciones con los recursos destinados para el pago de condenas contra la Nación. 

De esta manera, buscan que durante el tiempo de la pena, que será de un máximo de ocho años, sea directamente el Estado quien proporcione los fondos necesarios para costear los proyectos. Si bien recibirán otros apoyos, como los del sector privado y la cooperación internacional, estos fondos podrían verse comprometidos, dejando inconclusos los compromisos judiciales con las víctimas.

La respuesta sobre si se realizará el desembolso la recibirá la JEP la próxima semana en una reunión de articulación con el Gobierno. En todo caso, aseguran que fortalecerán ambas opciones (la diplomática y la orden judicial) para despejar cualquier obstáculo que siga retrasando la sentencia.

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Redacción Justicia