'Falsos positivos': la reacción de Acore a la imputación de la JEP

La Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore) rechazó la imputación que anunció la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a 10 militares, incluido un general en retiro, y un civil por su presunta responsabilidad en casos de ejecuciones extrajudiciales.

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En un comunicado de prensa firmado por su presidente, el coronel de la reserva activa Jhon Marulanda, Acore asegura que la decisión de imputar crímenes de guerra y de lesa humanidad a oficiales y suboficiales del Ejército "incurre en el muy peligroso error de señalar a toda la institución de un 'ataque generalizado y sistemático contra la población civil'".

Según Marulanda, esta decisión va en "franca contra evidencia de la opinión pública nacional, que tiene a sus Fuerzas Militares como la institución de mayor credibilidad".

"Especular sobre que existía una 'política institucional del conteo de cuerpos' (como dijo la JEP en su imputación), una práctica norteamericana en Vietnam que nunca se aplicó en Colombia, es de una gravedad mayor, pues apunta a estigmatizar a un ejército bicentenario, pilar fundamental de nuestra vida republicana", agregó Acore.

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Según la Asociación, "no existe ningún manual, directiva, instructivo o documento que le de sustento a tan aberrante conjetura".

"Los eventuales culpables de tales delitos, responden de manera personal, individual, por los mismos, pero extender este daño a toda la institución es querer enlodar el esfuerzo de mas de 300 mil hombres y mujeres que día y noche se esfuerzan por traer seguridad y paz al país. Es una apuesta riesgosa que solo servirá para debilitar la moral de nuestros soldados y facilitarle el camino a los violentos para su asalto al poder", agregó Marulanda.

Según la Asociación, "el comunicado de la JEP no parece el de una corte de justicia, sino el de un aparato político comunista en campaña, ansioso de alterar la estructura defectuosa pero democrática del Estado. Acore y sus 2.400 asociados protestan por lo que a todas luces es un ataque al Ejercito Nacional, mientras simultáneamente se legitima a los más terribles depredadores que ha tenido Colombia en su historia, los narcoterroristas de las Farc. Flaco favor le hace la JEP a la paz del país y el futuro nos dará la razón".

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La Jurisdicción Especial para la Paz llamó a reconocer responsabilidad a los 11 imputados por su participación determinante en el asesinato de por lo menos 120 personas en estado de indefensión en el Catatumbo, Norte de Santander, presentadas como bajas en combate entre enero de 2007 y agosto de 2008, y así aumentar criminalmente las estadísticas oficiales de éxito militar.

El primero de los imputados identificados como máximos responsables en la modalidad de liderazgo es el brigadier general (r) Paulino Coronado Gámez, quien fue el comandante de la Brigada 30.

También, los coroneles Santiago Herrera Fajardo y Rubén Darío Castro Gómez, el teniente coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos, el teniente coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado y el mayor Juan Carlos Chaparro Chaparro.

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Por haber contribuido "de manera amplia y efectiva en la ejecución de conductas de particular gravedad", la JEP también imputó al capitán Daladier Rivera Jácome y al sargento segundo Rafael Antonio Urbano Muñoz, así como al sargento segundo Sandro Mauricio Pérez Contreras, al cabo primero Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar y al tercero civil Alexánder Carretero Díaz, quien trabajó como colaborador de dos estructuras militares.

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