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Noticia
JEP firmó acuerdo con Alcaldía de Medellín y Gobernación de Antioquia, ¿qué busca?
En el departamento convergen 7 de los 11 casos que investiga la Jurisdicción Especial de Paz.
El acuerdo de voluntades entre la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia se suscribió este 20 de marzo. Foto: JEP
Con la firma del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) selló un acuerdo para impulsar el cumplimiento de las sanciones que en los próximos meses expedirá, y las acciones de restauración que las acompañan.
Este acuerdo de voluntades fue firmado este 20 de marzo por el presidente de la JEP, magistrado Roberto Vidal, y el secretario ejecutivo de la jurisdicción, Harvey Suárez, para “consolidar una colaboración estratégica con las autoridades departamentales y locales que permita impulsar acciones que contribuyan a restaurar los daños causados a las víctimas, las comunidades y territorios durante el conflicto armado”.
El presidente de la JEP, magistrado Roberto Vidal (der.), y el secretario ejecutivo de la jurisdicción, Harvey Suárez (izq.). Foto:JEP
Según informó la JEP, esta colaboración con las autoridades locales es clave por cuanto en Antioquia convergen siete de los 11 macrocasos que investiga la JEP, y este departamento concentra además buena parte de las víctimas y de los hechos investigados; por ejemplo, de las 6.402 víctimas de ‘falsos positivos’ identificadas entre 2002 y 2008, 1.613 ocurrieron en este departamento, es decir, un 25 por ciento.
Frente a los proyectos restaurativos que se espera desarrollar en la región, como parte de las sanciones, la JEP informó mediante un comunicado de prensa que “a través del despliegue de los proyectos restaurativos, la JEP comienza a cimentar las grandes transformaciones y procesos que necesita el país para pasar la página de la violencia”.
En particular en Dabeiba, Antioquia, la JEP ya está avanzando en un proyecto de sanción en el que los comparecientes trabajarán en Acción Integral contra las Minas (Aicma), que es una de las siete líneas de trabajo en las que se planea enfocar los proyectos restaurativos. El proyecto restaurativo se llama ‘Horizontes Seguros’ y en su primera fase contempla que 18 comparecientes, 11 de la Fuerza Pública y 7 de las antiguas Farc trabajen en Educación contra el Riesgo de Minas.
Durante la firma del acuerdo de voluntades, la JEP entregó información sobre la implementación de los proyectos restaurativos que tendrán lugar en algunos municipios de Antioquia, y presentó avances sobre la medida cautelar que dictó la JEP para proteger el terreno conocido como La Escombrera, en la Comuna 13 de Medellín, en donde se presume que habría cuerpos de personas desaparecidas.
Sobre el acuerdo firmado este miércoles el alcalde de Medellín señaló que las entidades están de acuerdo en que las víctimas deben ser el centro y que se debe trabajar por su atención y por la consecución de verdad, justicia, reparación y construcción de paz en los territorios.
Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón (izq.), y alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez (der.) en reunión con la JEP. Foto:JEP
“Este espacio con la JEP es un buen ejemplo de aproximación entre organismos nacionales y gobiernos regionales y locales. La única forma de construir la paz es con justicia social y que exista verdad, justicia y reparación, y volvernos realmente a poner del lado de las víctimas”, señaló Gutiérrez.
Por su parte, el presidente de la JEP destacó este camino que se abrió para el trabajo de la jurisdicción de la mano de los gobiernos locales y departamentales. En ese sentido, indicó que ya se firmó un acuerdo similar con la Alcaldía Mayor de Bogotá, y se espera hacer lo mismo con la Alcaldía de Cali y la Gobernación de Valle del Cauca.
“Esta suscripción abre un camino de relación entre la jurisdicción y los gobiernos locales y departamentales, nos va a permitir consolidar los proyectos restaurativos. Confiamos en que podremos establecer una red de relaciones entre la JEP y los gobiernos locales para el desarrollo de los proyectos restaurativos y la protección de los derechos de las víctimas”, concluyó el magistrado Vidal.