Los desafíos de justicia de la ‘paz total’ y la polémica de un único tribunal de cierre

Desde hace semanas se viene moviendo entre exjefes de las antiguas Farc la idea de tener un tribunal o una ley de punto final, en lugar de su actual juez que es la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), y a esa propuesta, que no ha aterrizado, hasta el momento, en un proyecto concreto, se le sumó esta semana un comentario del presidente Gustavo Petro.

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Este 18 de marzo, en respuesta a una decisión de la JEP que ratificó la isión del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso y dijo que será esa justicia la que definirá su libertad, el Presidente de la República señaló “debe existir un solo tribunal de cierre de la verdad”.

A través de un mensaje en la red social X el jefe de estado añadió: “Los procesos investigativos judiciales no se pueden fragmentar en diversas unidades investigativas porque eso lleva a la impunidad. La verdad es la antesala de la reconciliación nacional La paz y la seguridad implican derrotar definitivamente la impunidad no a través de la venganza sino a través de establecer la verdad”.

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Así, si bien el presidente Petro no se adscribió a la idea de los ex-Farc de acabar con la JEP e instaurar un nuevo tribunal o ley, sí dio nuevas puntadas sobre la posibilidad de un cambio en el funcionamiento actual de la justicia transicional en Colombia.

Los cambios en este sentido, opinan expertos, son difíciles y se tienen que garantizar condiciones que ya están definidas en compromisos internacionales sobre el juzgamiento y sanción de crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Germán Valencia, profesor e investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, expuso que Colombia ha vivido dos momentos en cuanto a sus procesos de justicia producto de acuerdos de paz. Antes de los 2000, cuando Colombia aún no había ratificado el Estatuto de Roma (que crea la Corte Penal Internacional), se entregaban amnistías o indultos, que operaban como un “perdón”, sin más procesos. Pero esto dejó de ser posible al ratificar Colombia el Estatuto de Roma, que exige que haya una investigación, judicialización y sanción a los responsables.

Es por esto, continuó Valencia, que tanto en el proceso de paz con los paramilitares como en el que se firmó con las Farc se crearon modelos de justicia, Justicia y Paz, para los primeros, y la JEP, para los segundos.

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En ese contexto en el que cada negociación ha venido acompañada de un componente de justicia, la ‘paz total’, que tiene varios frentes abiertos con distintos tipos de grupos -Eln, disidencias, bandas criminales y ahora el ‘clan del Golfo’-, plantea retos importantes.

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“Si el Gobierno negocia mucho y le va bien, requeriría de varios sistemas de justicia distintos, eso plantea una dificultad grande, el costo de istración de justicia y de gestión también lo haría de difícil consecución; pero, de nuevo, estamos negociando con múltiples organizaciones y con todos habría que negociar el tema de la justicia. El presidente Petro propone un único tribunal, pero eso significa desmontar los dos actuales de justicia transicional e instaurar uno nuevo", comentó Valencia.

Paola Molano, coordinadora de la Línea de Justicia Transicional de Dejusticia, señaló que en esta discusión hay que partir de que hoy en día hay problemas tanto con el funcionamiento de la JEP como el de Justicia y Paz, pero esos problemas, en su opinión, no llevan a pensar que hay que deshacerse de la institucionalidad que ya hay para crear una nueva y única, “esto es inconveniente e inviable”, señaló.

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Molano indicó que “jurídicamente pensar en un órgano judicial de punto final, sin investigación y sin derechos de las víctimas, va en contra de estándares internacionales y el deber de investigar, juzgar y sancionar los crímenes de guerra y de lesa humanidad”.

En el ámbito nacional estas ideas también enfrentarían desafíos. Tanto Molano como Valencia señalaron que una idea de crear un tribunal único tendría que crear de cero una nueva institucionalidad, lo cual pasa por el Congreso y por reformas a la Constitución, entre otros procedimientos “que en lugar de agilizar la respuesta, tomaría mucho más tiempo hacer la reingeniería”, señaló Molano.

Políticamente, consideró Valencia, una idea como estas enfrentaría gran oposición. “Si el Gobierno está teniendo dificultad con que le acepten algo como una reforma pensional, ¿le van a aceptar una reforma al sistema de justicia transicional en el cual la sociedad tiene tanto interés? Creo que las condiciones no están dadas para que se dé este debate en el Congreso, pasa más fácil la Constituyente que una reforma para que haya una única corte de cierre final. Esto es inviable política y jurídicamente”, señaló.

Sobre estos planteamientos el presidente de la JEP, magistrado Roberto Carlos Vidal, señaló a EL TIEMPO que son respetuosos de la autonomía que tiene el Gobierno para crear arquitectura para la paz, pero que hay unos límites que deben respetarse.

“La justicia transicional sí tiene muchas cosas que resolver, hay una cantidad de actores en el escenario que están visibles ahora en la ‘paz total’, y esa cantidad de actores tiene que encontrar caminos para resolver su situación jurídica, para lograr los cierres, pero no pueden ser leyes de perdón y olvido”, comentó.

Vidal añadió que así como la JEP es un tribunal de cierre para las exFarc, la Fuerza Pública y los terceros que acuden voluntariamente; y Justicia y Paz lo es para los paramilitares, los demás actores también requieren de fórmulas de cierre.

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“Es una pregunta legítima, ¿cómo cerrarle la situación jurídica a todas esas personas? Nosotros estamos observando desde la barrera. Frente a las formas que decida el Gobierno, somos respetuosos y hemos puesto a disposición nuestra experiencia, pero insistimos en que cualquier arquitectura de paz debe respetar las obligaciones del Estado frente al Estatuto de Roma, así como los límites dentro del sistema nacional también, como los trámites en el Congreso”, añadió.

En cuanto a la preocupación por la verdad que ha expresado el presidente Petro, y el balance que debe darse con la justicia, el presidente de la JEP señaló que la preocupación por la verdad es algo que constantemente piden también las víctimas, pero esto no es incompatible con la justicia.

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“En eso coincide (el Presidente) con las peticiones que siempre nos hacen las víctimas en la JEP, las víctimas piden mucha verdad, pero esa verdad tiene que estar encadenada a los temas de justicia, encontrar no solo qué pasó sino quiénes fueron responsables, también son importantes los temas de reparación y restauración y garantías de no repetición”, concluyó.

MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA

Redacción Justicia

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