Las duras críticas de madre de 'falso positivo' a decisión de la JEP

Hace casi un mes, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) comunicó la primera resolución de conclusiones que suma los señalamientos y propuestas de sentencia en contra de 11 imputados por 'falsos positivos' en Norte de Santander, y aunque esto fue considerado por varios sectores como uno de sus mayores logros a la fecha, para víctimas que están acreditadas ante la JEP ha sido una afrenta.

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Así queda claro en un comunicado que Luz Marina Bernal, una de las madres de los 'falsos positivos' de Soacha, dio a conocer y en el que hace duras críticas a los procedimiento que ha estado realizando la JEP.

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Bernal sosuvo que "en nombre de la justicia transicional" se están "borrando las escasas victorias que logramos los familiares de las víctimas de los mal llamados 'falsos positivos' en la justicia ordinaria", y dijo que en el país los crímenes de estado "parecen ser objeto de una mayor indulgencia".

Criticó así mismo que la resolución de conclusiones de la JEP en este caso de Norte de Santander convirtió la "barbarie en una consigna mediática a partir de explicaciones unilaterales desde la voz de los perpetradores".

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"Mi hijo Fair Leonardo Porras Bernal es una de las víctimas que conforman las 120 reconocidas en el Auto 125 del 2021, subcaso Norte de Santander, que la JEP decidió incluir en sus primeras priorizaciones. Por lo que las decisiones que se recogen en esta Resolución de Conclusiones me afectan directamente, a pesar de que el Mayor, el Teniente, el Cabo Segundo y los tres soldados que dispararon a mi hijo quedaran por fuera de esta primera decisión. Aún así - y aunque los soldados ni siquiera han dado una sola versión-, los seis gozan actualmente del beneficio de la libertad que les concedió la JEP, a pesar de sus condenas a 53 y 54 años de prisión por la Justicia Ordinaria. Beneficios a cambio de nada, lo que viene a ser de momento una amnistía", sostiene.

Frente a la resolución, Bernal también dijo que no todas las víctimas participaron en la socialización sobre las posibles sanciones que se sugieren -que en todo caso son definidas por el Tribunal para la Paz-. "Solo 77 familiares estamos acreditadas, y de las cuales, según la información de los representantes de las víctimas apenas unas 30 participaron en la construcción de estas decisiones que nos afectan a todas. Es decir, tan solo el 25% participó. Por lo que somos muchas más las víctimas excluidas de estas decisiones que las que han participado".

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Para esta madre, en el proceso de la JEP ha habido falta de análisis y contrastación de las versiones que han entregado los comparecientes y sostiene que en registros hay más víctimas de ejecuciones extrajudiciales que las que la JEP reconoce en sus decisiones.

"La metodología dialógica empleada por la JEP es insuficiente, en tanto carece de rigurosidad y favorece el relato que nos quieren imponer desde la voz de los victimarios, quienes han manifestado en sus versiones que están dispuestos a reconocer hasta lo que no han hecho a cambio de su libertad", sostiene Bernal en otro apartado.

Además, ella señala que han sido varias  decisiones de la  JEP "que han favorecido solo a los militares que cometieron crímenes de lesa humanidad, muchas de las cuales han sido más objeto de comunicados de prensa y boom mediático que garantías para las víctimas".

Bernal criticó finalmente las siete propuestas de sanciones reparadoras que se incluyeron en la resolución de conclusiones, e indicó que "hacer documentales, exposiciones, conmemoraciones u otras acciones de memoria, como proponen, más que una sanción son un premio o un estímulo que continúa con la política de beneficios que vienen disfrutando los militares desde hace mucho tiempo en nuestro país. Se trata de propuestas que tampoco son proporcionales a la sistematicidad de los crímenes de lesa humanidad que cometieron, y mucho menos al tratarse de los 'máximos responsables' reconociendo 120 víctimas en dos años. Por ello, rechazo estas propuestas al tratarse de medidas que nos revictimizan y que no garantizan la no repetición".

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Y concluyó señalando que espera que la sala a la que ahora le corresponde dictar la sentencia a estos comparecientes se caracterice por una mayor rigurosidad "para que los reclutadores y los militares que asesinaron a nuestros hijos no accedan a la libertad a cambio de medidas que no garantizan la no repetición, trayéndonos más silencios e impunidad, además de cerrar la posibilidad de que miles de víctimas de este país no acreditadas en la JEP, muchas que aún no saben que a sus familiares los mató el ejército, puedan reclamar su derecho a la justicia"

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