Así va la búsqueda de justicia y verdad por exterminio de Unión Patriótica

“Váyase del país. Yo prefiero no verla en años que tener que verla en el cementerio”. Eso le dijeron a una mujer que logró llegar a la alcaldía de un municipio antioqueño portando las banderas de la Unión Patriótica (UP), el partido político que nació en 1985, en medio de los diálogos de paz de Uribe, Meta, entre las extintas Farc y el gobierno de Belisario Betancur.

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Ese mismo mensaje, invitando al exilio, lo recibieron cientos de líderes de la UP, que desde finales de la década del 80 vivieron un exterminio sin cuartel a manos de agentes del Estado, la fuerza pública, y paramilitares, que marcó la historia del país y sepultó una de las primeras esperanzas de paz y transición de las armas a la política.

En 2019, 35 años después del inicio del desangre del movimiento de izquierda y con un nuevo tratado de paz en plena implementación, el esclarecimiento de la victimización a los de la UP fue asumido por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que abrió un macrocaso (el 06) para investigar juzgar estos hechos.

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Y en un ejercicio de articulación inédita, el tribunal trabajó en conjunto con la Comisión de la Verdad para escuchar en el exterior a las víctimas que tuvieron que salir del país entre 1987 y 2004.

Uno de los primeros grandes avances de la investigación fue revelado hace pocos días, durante la presentación del documental 'Desde las cenizas', por el magistrado Gustavo Salazar, relator del caso, quien señaló que 5.733 de la UP fueron asesinados o desaparecidos entre 1984 y 2018.

Según una fuente de la JEP cercana al caso, a ese universo de víctimas se llegó luego de contrastar los testimonios y versiones recogidas, informes entregados, solicitudes de acreditación y las bases de datos de la Fiscalía (que hablaba de 1.620 víctimas), el Centro Nacional de Memoria Histórica (4.153), y la Corporación Reiniciar (6.613), que representa a las víctimas en el proceso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

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“Entre los hallazgos, podemos decir que hubo una intención de aniquilar a la UP como partido político. Es claro que hubo una participación activa del Estado, del Ejército, el extinto Departamento istrativo de Seguridad (DAS) y los paramilitares”, dijo la fuente. Hasta ahora, 212 personas se han acreditado como víctimas ante la JEP en el caso 06, y 13 comparecientes han sido llamados a versión (entre ellos, el general (r) Miguel Maza Márquez).

Según el comisionado Carlos Berinstain, quien encabeza la investigación sobre el exilio de la Comisión de la Verdad en el extranjero, hay tres etapas de la victimización que sufrió la UP. La primera, entre 1984 y 1989, caracterizada por la violencia letal desatada (en ese periodo fue asesinado Jaime Pardo Leal, candidato presidencial de ese partido). La segunda, entre 1994 y 1999, que coincide con la expansión del paramilitarismo; y una más, entre el 2000 y el 2007 en el que se ha documentado una baja en los asesinatos pero un aumento en actos de tortura, desplazamiento, violencia sexual y otros hechos contra el movimiento.

Entre los casi 6.000 muertos estuvo otro aspirante a la presidencia, Bernardo Jaramillo Ossa (asesinado en 1990), al menos cinco congresistas, casi una veintena de alcaldes, más de 100 concejales, y una cifra muy superior de militantes del partido y sus familiares. Según la Comisión, unas 400 personas sobrevivieron atentados, y un número indeterminado resultaron en el exilio, como el sucesor de Jaramillo, que tuvo que salir más de 10 veces del país.

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“Si se hubiera respeto a la UP, probablemente, se habría acabado la guerra o habría tenido dimensiones muy diferentes. Se mató la esperanza de una transformación pacífica en democracia, se normalizaron esos asesinatos. En Colombia debe haber consciencia de esa violaciones de derechos humanos para que nunca más vuelvan a ocurrir”, dijo Berinstain.

En Twitter: @julianrios_m

Redacción Justicia